Que el 100 % de los ingresos de los consulados se transfieran a la Cuenta Única del Tesoro Nacional, eliminando el manejo directo por los cónsules, es una noticia que debió cubrir las primeras páginas de todos los medios de comunicación de nuestro país. Aunque la medida será aplicada a partir del 2027 de forma gradual, constituye el primer paso para frenar el enriquecimiento ilícito —más que lícito— que tienen ciertos funcionarios, que se comportan como si el país les perteneciera.
La supresión de los ingresos consulares, el 6 de abril del 2026, es la prueba del esfuerzo que se viene haciendo para tener un servicio exterior que responda a la proyección que el turismo nos ha dado y a las necesidades de atención y cuidado que merece nuestra diáspora, esparcida por todo el planeta.
Desconocemos cuántos países en el mundo permiten que sus ingresos consulares pasen a manos de sus cónsules; creemos que ninguno, ya que la tendencia internacional es que dichos ingresos pasen todos al tesoro de las naciones.
La medida que se viene barajando desde 1996, cuando Leonel Fernández, en su discurso de toma de posesión, lanzó la idea de reformar y modernizar el Estado, con el objetivo de eliminar la corrupción, siendo fuertemente aplaudido por el hemiciclo, la idea luego fue absorbida por la amnesia del poder. Hasta ahora nadie tuvo el valor de aplicarla para permitir que el servicio consular dejase de ser un instrumento financiero para consolidar fortunas de gente con narrativa ética difusa.
Para tener una idea de cuánto dinero recibirá el erario público a raíz de esta decisión, se deberían publicar algunas cifras de las ganancias netas que recibieron y reciben los cónsules. Sería bueno conocer los ingresos de consulados como los de Nueva York, Miami, Madrid, Italia, Suiza, Taiwán, Panamá y Haití.
Los antecedentes de esta práctica parecen remontarse a la época de Trujillo, cuando existió cierta discrecionalidad en algunos actos consulares que el dictador permitió, de acuerdo con lo dicho por especialistas en administración pública, quienes coinciden en que hay que situarla a partir de los gobiernos de Joaquín Balaguer como una práctica estructurada de botín político, al punto de que los consulados se vendían y los cónsules fijaban el valor de los servicios según su discrecionalidad; en algunos casos llegaban incluso a pagar los salarios y compensaciones del personal empleado.
La distorsión que alcanzaron los consulados a nivel de beneficios materiales fue incontrolable y los condujo a vínculos oscuros con el crimen organizado, negociando la desesperación de individuos sometidos a desplazamientos y persecuciones. Incluso figuras de la política internacional se sirvieron de ellos, como el hermano del dictador de Corea del Norte, Kim Jong-nam, quien al momento de ser asesinado portaba un pasaporte dominicano del que nadie se ocupó en saber cómo ni cuándo lo obtuvo.
Los consulados han sido una especie de premio para compensar simpatías y expresar gratitudes políticas, sin rendición de cuentas ni control alguno. Terminar con este ejercicio de la diplomacia-negocio, en un área tan vinculada a las necesidades del dominicano en el extranjero, es la acción más valiente que gobierno alguno haya emprendido desde la época dictatorial para enfrentar la corrupción, transparentar el servicio exterior y combatir las injusticias en la administración pública. Es un logro de la actual administración que debe ser conocido por la ciudadanía.
Compartir esta nota