A raíz del golpe de Estado al presidente constitucional y demócrata profesor Juan Bosch, perpetrado el 25 de septiembre del año 1963, con apenas siete meses de gestión; de tirar al zafacón la Constitución con la que gobernó al país con pulcritud y transparencia, considerada la más progresista, justa y moderna, la República Dominicana retrocedió, según los entendidos, más de cincuenta años en lo económico, en lo político, social e institucional, lo que nos ha salido bastante costoso, pues en cuanto a materia educativa, justicia, salud, medio ambiente, seguridad social y ciudadana, energía eléctrica, agua potable y control migratorio es muy poco lo que hemos avanzado.
Los distintos poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en lo municipal, tienen muchas falencias y debilidades, lo propio, la mayoría de las leyes, pues muchas ya están desfasadas y otras son aprobadas al vapor, atendiendo a intereses particulares o partidarios, por lo que han tenido que ser revisadas casi de inmediato, pues conllevan a la comisión de errores e improvisaciones que riñen con la Constitución de la República.
Una muestra de ello lo constituye la ley No.33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la Ley General No. 20-23, sobre el Régimen Electoral Dominicano.
Ningún funcionario electo por el voto popular, sea presidente o vicepresidente de la República, senador, diputado o alcalde municipal, podrá renunciar a su posición, a menos que sea por problemas graves de salud, enajenación mental o porque se encuentre sub iudice de la justicia, por la comisión de un hecho grave, violatorio a las leyes, jamás para perseguir intereses particulares o partidarios, pues eso constituye una violación a la constitución de la República y una estafa a la población votante que confió plenamente en él para que lo represente dignamente en la posición del Estado para la cual fue electo.
De ahí que en el futuro, los electores deben tener sumo cuidado a la hora de escoger a sus representantes y tener siempre presente en quién o quiénes confiar.
El gobierno del presidente Luis Abinader Corona se ha caracterizado por tomar una serie de medidas improvisadas y zigzagueantes que, por desconocimiento o falta de asesoría, ha tenido luego que echarlas para atrás por improcedentes, violatorias a las leyes, desatinadas e inadecuadas, las cuales les han generado enormes ruidos y críticas hasta en su propio partido.
Los casos más sonoros han sido el del señor Carlos Pimentel, que además de su designación como Director General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), fue también designado como Director General de Alianzas Público-Privada (DGAPP). Recientemente el Alcalde electo por el Municipio de La Vega, señor Kelvin Cruz Cáceres, que fue electo por un tercer periodo, fue designado como Ministro de Deportes, lo que produjo un caos en su partido (PRM), a su salida, para la escogencia de su sustituto.
En la semana pasada fue escogido el señor Geovanny Hernández (Geovanny Frutas) como Director Provincial de Deportes de La Vega. No bien fue juramentado, con la presencia de todas las autoridades políticas y deportivas de la provincia, dicho señor fue sustituido por el señor Miguel Adames, bajo el argumento de que es contratista del Estado a través del INABIE, algo que pudo evitar.
En esta misma semana, el diputado del PRM por la provincia de La Vega, el Dr. Agustín Burgos Tejada, fue designado como Director Ejecutivo del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (INDOPPRIL), en sustitución del Dr. Fausto López Solís.
Todo parece indicar que algunas de las posiciones logradas a través de elecciones públicas, son utilizadas como trampolín, para desde ahí alcanzar otras posiciones más ventajosas, que la Cámara de Diputados, que para muchos es un privilegio y un espacio para representar, fiscalizar y legislar a favor de sus comunidades y del pueblo dominicano, para otros es una oportunidad para lograr ciertos intereses personales. Se esperan otros momentos difíciles aquí en La Vega, en el partido de gobierno.
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