En estos días, de nuevo se ha producido otro escarceo sobre el Código Penal. En sus casi tres décadas de debate, ya hemos perdido la cuenta de qué número de escarceo es este. La actual discusión se ha presentado a raíz de la reciente propuesta legislativa de cambios a la versión aprobada. Podemos tener razonables reservas en relación con el contexto, a la forma que dio origen a esta iniciativa o sobre algunos de sus artículos, pero es innegable que se ha dado un paso positivo, se ha pasado de la simple crítica de las reales o supuestas inconsistencias del código aprobado a la formulación de propuestas concretas. Esto es lo recomendable en democracia.
Decimos esto pues muchos de los reparos que se suelen hacer sobre esta ley se formulan en abstracto o de modo genérico, sin presentar la propuesta específica de cambio ni su correspondiente justificación legal. Por demás, esto es lo que debió haberse hecho mucho tiempo atrás, al inicio o durante el transcurso de la vacatio legis o compás de espera para su entrada en vigencia. El reproche no solo va dirigido a los legisladores —quienes eran los primeros llamados a realizar institucionalmente estas correcciones—, sino también a todos nosotros: ciudadanos y entidades de diferentes tipos vinculadas al quehacer jurídico.
En este sentido, saludo también la otra reciente propuesta de enmiendas a la Ley núm. 74-25 presentada al Congreso Nacional por la Facultad de Humanidades y Derecho de UNAPEC. En particular, la elaboraron los docentes que imparten Derecho Penal en esta prestigiosa escuela de Derecho. Asimismo, destaco la depositada en el Congreso Nacional, hace poco, por la jueza emérita del Tribunal Constitucional, Katia Miguelina Jiménez Martínez, y la ex primera sustituta de la presidencia de la Junta Central Electoral (JCE), Vanahí Bello Dotel, sobre varios artículos relativos a la violencia doméstica o intrafamiliar, la violencia de género contra la mujer y la violencia vicaria.
También es relevante la hecha recientemente por el Lic. Francisco Gregorio Álvarez Martínez a la Cámara de Diputados sobre un conjunto de artículos del nuevo código. De igual manera, valoro positivamente las propuestas depositadas por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) ante el Congreso Nacional hace dos días. Lo propio he hecho, en por lo menos dos oportunidades, en julio y septiembre del pasado año, y actualmente estoy trabajando en su actualización, pues solo nos acogieron algunas de las sugerencias presentadas.
Y es que todos o casi todos los que se han pronunciado sobre esta reforma han coincidido en su necesidad y pertinencia legal como regla clave de convivencia social y garras de la Constitución. Igualmente, coinciden en el propósito de perfeccionarla. Asimismo, asumo que una buena parte de quienes cuestionan, con razón, algunos de sus textos, también reconocen las limitaciones que existen en nuestra sociedad y el Congreso Nacional para asumir ahora un código más liberal o menos populista.
Empero, el grueso de los yerros en los que han incurrido los legisladores en la versión aprobada del código versa sobre aspectos puntuales de forma o fondo, pero de fácil corrección técnica.
Este tipo de propuestas facilitaría y mejoraría el trabajo de los legisladores. Pero, al mismo tiempo, podría reducir la tarea a cargo del Tribunal Constitucional, pues algunos de estos cambios a ejecutarse en el Congreso Nacional han sido de antemano impugnados ante la citada alta corte. Obviamente, esto no solo aplica para las reformas por hacerse antes del día 3 de agosto —que deberán ser las menos, para no festinar este necesario proceso de revisión—, sino, en especial, después de la entrada en vigencia del nuevo código para entonces. En particular, sugiero que se realicen en los próximos seis meses a partir de esta fecha.
En aras de facilitar la tarea de coordinación, recepción y depuración de las recomendaciones de enmiendas de este tipo, sugiero formalmente que se cree una comisión honorífica de coordinación y seguimiento para que reciban, sistematicen y ponderen las propuestas de cambios que diversos sectores presenten antes y después del 3 de agosto de este año. Y que, en su momento oportuno, les haga entrega de este compendio a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados. De este modo, los legisladores dispondrían de este insumo técnico de altísimo nivel para la tarea de perfeccionamiento del nuevo Código Penal que tienen por delante.
En este orden, sugiero que esta comisión sea integrada por:
- El exmagistrado Dr. Milton Ray Guevara, maestro, jurista de larga experiencia, quien se ha mostrado muy interesado en esta reforma.
- El Lic. Francisco Álvarez Martínez, joven docente y enjundioso jurista que ha hecho aportes puntuales para mejorar el nuevo código penal.
- La Licda. Emery Colombo Rodríguez, destacada litigante penal y docente de amplia trayectoria.
- El Dr. Miguel Valerio, abogado penalista de fuste y académico a toda prueba.
- El exmagistrado Alejandro Moscoso Segarra, docente de larga data en el sistema de justicia penal y actual coordinador de la mesa de los decanos de las escuelas de derecho de las universidades del país.
- La Dra. María del Pilar Zuleta, jurista y académica de prestigio, con vasta praxis profesional.
- El Lic. Ricardo Rojas León, jurista, docente con gran reputación profesional y coordinador de la comisión creada en su momento por Finjus para presentar propuestas para perfeccionar este código.
Estos comisionados, a su vez, podrían integrar a los otros colegas que estimen útiles para tales fines.
En definitiva, todos los genuinamente interesados en tener un Código Penal sustancialmente mejor que el actual debemos dar un paso al frente y pasar, de una vez por todas, de la cómoda crítica a la propuesta concreta.
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