Algo importante está ocurriendo en la política estadounidense hacia Cuba. No se trata simplemente de nuevas sanciones o declaraciones presidenciales. Durante los últimos días de octubre, tres instituciones fundamentales de la seguridad nacional estadounidense —el Departamento de Estado, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Comando Sur (SOUTHCOM)— enviaron públicamente mensajes convergentes a los cubanos sobre la posibilidad de un cambio político en la isla.
El 23 de octubre, el secretario de Estado Marco Rubio instó a quienes desean un cambio positivo en Cuba a aprovechar el momento y establecer una colaboración discreta con la CIA. La agencia amplificó el mensaje y difundió instrucciones en español para facilitar el contacto de posibles fuentes de información.
Al día siguiente, el general Francis L. Donovan, veterano de operaciones especiales y comandante del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), responsable de las operaciones militares estadounidenses en América Latina y el Caribe, reprodujo el llamamiento de la CIA y dirigió su propio mensaje a los cubanos: el futuro del país pertenece a quienes actúan. Criticó las promesas incumplidas, la corrupción y los privilegios de una élite gobernante que disfruta de lujos mientras la población enfrenta enormes dificultades.
El 26 de octubre, la Embajada estadounidense en La Habana anunció una reunión entre su jefe de misión, Mike Hammer, y Donovan, acompañada de una frase reveladora: había mucho de qué hablar sobre Cuba.
La novedad no es que Washington busque información dentro de Cuba. Es que sus máximas autoridades diplomáticas y militares respaldan públicamente un llamamiento de inteligencia dirigido a ciudadanos cubanos.
La inteligencia, tradicionalmente discreta, se convierte también en instrumento visible de presión política y comunicación estratégica.
Esta secuencia debe interpretarse dentro de un contexto más amplio.
La Estrategia de Seguridad Nacional de diciembre de 2025 y la Estrategia de Defensa Nacional de enero de 2026 establecen la recuperación de la primacía estadounidense en el hemisferio occidental como objetivo prioritario. El denominado Corolario Trump a la Doctrina Monroe busca limitar la influencia de potencias extrarregionales y enfrentar amenazas a la seguridad estadounidense.
Cuba ocupa una posición singular en esa ecuación, tanto por su proximidad geográfica como por sus relaciones estratégicas con Rusia, China e Irán.
A ello se agrega el precedente venezolano. La captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 alteró el equilibrio político regional y demostró la disposición de Washington a emplear instrumentos extraordinarios para perseguir sus objetivos.
El propio Trump declaró el 23 de octubre que Estados Unidos se ocuparía de Cuba después de Irán, sugiriendo un papel decisivo para Rubio.
Pero sería irresponsable confundir estas señales con la confirmación de una intervención militar inminente. Los mensajes públicos y la reunión diplomático-militar no demuestran que exista una operación aprobada contra la isla.
La dimensión humanitaria de la crisis cubana merece atención, pero también exige identificar responsabilidades. Como ha señalado el secretario de Estado Marco Rubio, no puede atribuirse exclusivamente al embargo estadounidense la escasez de alimentos, medicamentos y electricidad mientras el conglomerado militar GAESA controla importantes sectores de la economía y administra recursos con escasa transparencia.
Rubio acusa a la élite gobernante de privilegiar hoteles de lujo, negocios vinculados al aparato militar y beneficios particulares, mientras hospitales, centrales eléctricas y servicios esenciales sufren décadas de deterioro. Las restricciones estadounidenses también tienen consecuencias humanitarias, pero reducir la crisis a esas medidas permitiría ignorar las decisiones económicas y políticas del propio régimen.
La pregunta que plantea Rubio es tan sencilla como incómoda: ¿por qué quienes controlan los recursos del país no los destinan prioritariamente al bienestar del pueblo cubano?
La verdadera cuestión estratégica es si esta combinación de presión económica, inteligencia, diplomacia y disuasión militar puede facilitar una transformación política sostenible.
Y esa transformación, para merecer el calificativo de democrática, tendría que incluir libertades civiles, pluralismo político, elecciones competitivas y garantías institucionales.
La reciente derrota republicana en las elecciones legislativas estadounidenses tampoco modifica automáticamente esta orientación estratégica. Trump conserva importantes facultades ejecutivas, aunque enfrentará mayor fiscalización del Congreso.
Lo que estamos presenciando es una señal deliberada de que Cuba ha adquirido una prioridad más visible dentro de la agenda de seguridad nacional estadounidense.
La interrogante ya no es si Washington pretende influir en el futuro político de la isla. Sus autoridades lo están diciendo abiertamente.
La cuestión verdaderamente importante es qué instrumentos utilizará, hasta dónde estará dispuesto a llegar y si esa presión podrá traducirse en una transición pacífica, legítima y duradera para el pueblo cubano.
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Ronald L. Glass es diplomático estadounidense retirado. Las opiniones expresadas en este artículo son estrictamente personales y no representan necesariamente las posiciones, políticas ni opiniones oficiales del Gobierno de los Estados Unidos.
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