El movimiento #metoo (con el que tengo mis reservas) ha representado un punto de inflexión innegable en la forma como percibimos el abuso y el acoso sexual. Problematizar la discusión cuando esta violencia ocurre en el ámbito privado ha sido su mayor ganancia.
Ya sabemos que hay víctimas más vulnerables que otras, quienes callan por el miedo y las pocas opciones. El reciente escándalo de Julio Iglesias destapa lo que seguramente acontece de manera corriente en muchas villas y casas de familias adineradas.
Asumiendo que estas trabajadoras son contratadas para prestar servicios domésticos a través de empresas de limpieza y/o cuidado, pues aquí el vetting es importante. Me pregunto si tienen algún tipo de protocolo para prevenir y acompañar los casos que pudieran presentarse en el desempeño de los servicios que se ofrecen. Como no se contemplan responsabilidades para las personas morales, imagino que no.
Por otro lado, se requiere de un gran esfuerzo en la investigación dado que las pruebas son escasas. Prácticamente, el testimonio único de quien sufre el daño. Las diligencias que hay que desarrollar complejizan estos casos y resulta más factible archivar por el cúmulo de expedientes.
Yo, que he sido víctima de acoso y que interpuse denuncia, lo puedo decir: el costo emocional es alto, sobre todo por la impotencia e incertidumbre. Las consecuencias de denunciar pueden ser devastadoras, sin tener la seguridad de obtener justicia. ¿Cómo demostrar que lo que pasó a puertas cerradas, y sin nadie más presente, es cierto?
La investigación penal del abuso y acoso sexual, en especial en lo privado, requiere de protocolos específicos que faciliten la recolección de las pruebas pertinentes. En esto me consta se ha venido trabajando. Y sí, bajo una mirada imparcial, porque también está el riesgo de que se acuse a un inocente.
Respecto al consentimiento, un poco más difícil de comprobar, deben considerarse todos los elementos que lo confirmen o descarten, ya sea otros testimonios y/o peritajes psicológicos.
Lo que no se debe hacer es cargar a la víctima con la responsabilidad de probar el agravio. Hay una obligación de agotar cada una de las diligencias procesales que correspondan a fin de determinar la veracidad de los hechos. Es justo la inacción lo que alimenta al depredador con poder (médico, económico, político) que se sabe impune.
Compartir esta nota