El pasado día 15 de octubre leí el último de una serie de artículos del Demógrafo y Estadístico Julio César Mejía Santana relativos a La paradoja dominicana de la mortalidad neonatal. Si los contenidos referidos al título sirven como material indispensable para conocer una problemática trascendente, el subtítulo El acceso a la información: una deuda institucional es lo que me sirve para estructurar el presente trabajo.
Me serviré de dos citas: “La evaluación de los resultados sanitarios requiere estadísticas confiables y acceso a los documentos que permiten conocer cómo se ejecutan y supervisan las políticas públicas. Sin embargo, las solicitudes de información formuladas al Servicio Nacional de Salud (SNS) muestran dificultades para obtener información relevante sobre la mortalidad neonatal y la evaluación de los servicios”. Más adelante señala: “La cuestión trasciende una solicitud particular. Sin información suficiente sobre los resultados de las evaluaciones hospitalarias, se restringen las posibilidades de investigación independiente y de seguimiento público de las intervenciones. La transparencia debe formar parte de la estrategia de reducción de la mortalidad neonatal, no limitarse a la publicación selectiva de resultados institucionales”.
Hasta leer el artículo citado, creí que esos mismos obstáculos para lograr respuesta, tanto del SNS como del Ministerio de Salud Pública (MSP), los confrontaba quien escribe al solicitar información pública por realizar artículos de opinión que continuamente ausculta la situación de la salud mental en el país. Es decir, ingenuamente creí que los inconvenientes únicamente los tenía quien esto escribe. Todo indica que es una política asumida: cumplo con dar respuesta a cada solicitud aunque no ofrezca la respuesta que se requiere, sin embargo, al final del año puntuaré cercano al 100% de transparencia.
Para demostrar a los lectores que esto es así, les narraré el curso de dos peticiones realizadas por quien escribe a estas dos instituciones. El 19 de mayo del presente año, fue creada la solicitud de información SIP-8E08CCC9, en donde solicité “Se adjudicó una consultoría a Tessie Caballero con fondos de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) para realizar el Diagnóstico Situacional y el análisis de brecha en salud mental. Queremos conocer el resultado de esa consultoría”. La referida Consultoría había terminado varios meses atrás. Recibí respuesta el 25 de mayo mediante la correspondencia VMSC-DESP-0795-2026 “En atención a su solicitud, informamos que el informe final correspondiente se encuentra actualmente en proceso de revisión técnica para su posterior publicación”. Reiteramos exactamente la misma petición el día 16 de octubre pasado, es decir, 5 meses después. El registro es SIP-4CBFE9E-1. La respuesta vino el día 20 de octubre con la comunicación VMSC-DESP-1554-2026. La respuesta, en un ejercicio de evidente desdén institucional, fue exactamente la misma.
¿Por qué negar un documento técnico de interés colectivo por medio del cual se puede evaluar la gestión sanitaria? ¿Por qué rechazar ofrecer una información obtenida con financiamiento externo gestionado por el Estado?
En lo que respecta al SNS, solicité el número de nuevas UIC habilitadas, los hospitales y provincias donde estas fueron puestas en funcionamiento y el total de nuevas camas disponibles. Esta petición fue registrada como SIP-03FCCFEA. La respuesta fue solicitarnos que indicara el período o fecha de corte. En el SIP-CEBB2312 solicité las UIC puestas a funcionar en el período 2020-2024, y las UIC puestas a funcionar en el período agosto 2024 hasta la fecha, y en los hospitales donde éstas se ubican. Nos respondieron con falta de rigor e inexactitudes.
Ante este panorama de dilaciones y vaguedades debemos tener presente que la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública (Ley 200-04) establece que toda información emanada de los organismos del Estado –incluyendo diagnósticos, informes de consultoría, contratos y análisis presupuestarios- es de carácter público. Sostener una respuesta sobre la base de subterfugios y evasivas coarta el derecho constitucional para fiscalizar que asiste al ciudadano que no califica bajo ninguna de las excepciones de reserva de la ley.
Estamos frente a una práctica sistémica que oscila entre la evasión por repetición y la dilación burocrática. Es por esto que la transparencia se torna opaca. Cumplir con los plazos de respuesta para exhibir una puntuación perfecta aunque lo divulgado sean respuestas vacías o inexactas es una simple cosmética institucional y un debilitamiento de la democracia. El MSP y el SNS deben entender que informar no es un favor o acto de cortesía, sino una obligación legal y un derecho ciudadano.
Compartir esta nota