Hace poco respondí, por la República Dominicana, el cuestionario de un grupo de trabajo internacional, del cual formo parte, que prepara una cláusula modelo de arbitraje para el transporte aéreo de mercancías. Una de las preguntas era si esta vía se utiliza menos de lo que permite el Convenio de Montreal. No encontré datos públicos dominicanos que permitan responderla con seguridad. Los laudos suelen ser confidenciales y la ausencia de decisiones publicadas no significa que no haya habido arbitrajes.
Pero la pregunta que me parece más útil es otra: ¿en qué condiciones le conviene a una empresa someter a arbitraje una reclamación de carga? La respuesta empieza por saber cuánto puede reclamar y contra quién.
Lo que cuesta reclamar
Pensemos en un envío de 500 kilogramos que se pierde. Desde el 28 de diciembre de 2024, el límite del Convenio de Montreal para la carga es de 26 derechos especiales de giro (DEG) por kilogramo. En ese envío, el tope ordinario sería de 13,000 DEG, aunque la mercancía valga más. El artículo 22 permite superar ese límite si el expedidor hizo una declaración especial de interés en la entrega y pagó el suplemento correspondiente, cuando proceda.
El artículo 18 establece las condiciones bajo las cuales responde el transportista por la pérdida, destrucción o avería. En una reclamación concreta todavía puede discutirse dónde ocurrió el daño, qué peso debe tomarse en cuenta o si hubo una declaración especial. Son cuestiones que a menudo pueden aclararse con los documentos del envío y que ajustadores y aseguradoras pueden tratar en negociación. Si la cuantía probable no justifica el costo de un arbitraje, es difícil que las partes lo escojan.
Nada impide pactarlo. El artículo 34 exige un acuerdo escrito, deja al reclamante escoger la sede entre las jurisdicciones que admite el artículo 33 y obliga al tribunal arbitral a aplicar el propio Convenio. Una cláusula no puede dejar sin efecto esas condiciones. En la República Dominicana, el Convenio fue aprobado mediante la Resolución núm. 502-06 y la Ley núm. 489-08 reconoce la fuerza del acuerdo arbitral. El Tribunal Constitucional ha examinado el alcance de ese acuerdo y el papel de los tribunales ordinarios, entre otras, en las sentencias TC/0425/20 y TC/0333/21.
¿Quién se obligó a arbitrar?
En el transporte de carga, la empresa que contrata con el expedidor y emite la guía aérea puede no ser la que realiza todo el transporte. El Convenio distingue al transportista contractual del transportista de hecho y, respecto del tramo ejecutado por este último, permite al reclamante dirigirse contra uno, contra el otro o contra ambos.
Eso no resuelve por sí solo quién queda vinculado por una cláusula arbitral. Si el transportista de hecho no la suscribió, no daría por sentado que se le puede obligar a arbitrar. No encontré jurisprudencia dominicana publicada que haya resuelto ese supuesto en materia de carga. Si solo uno está vinculado por la cláusula, el reclamante podría terminar discutiendo el mismo daño ante un árbitro y ante un tribunal ordinario.
En los contratos marco entre agentes de carga y aerolíneas, me parece más seguro exigir que el transportista contractual obtenga la adhesión escrita del transportista de hecho antes de que este intervenga, y prever qué sucede si no la obtiene. La cláusula debe guardar coherencia con las condiciones de la guía aérea. También interesa a las aseguradoras revisar, al redactar sus pólizas, cómo puede incidir ese pacto en una eventual reclamación por subrogación.
Un procedimiento a la medida de la reclamación
Los centros de arbitraje dominicanos podrían ensayar un procedimiento sencillo para estos casos: árbitro único, trámite principalmente documental y honorarios proporcionales a la cuantía, con árbitros que conozcan de transporte aéreo y seguros. Sería útil que los centros publicaran cuántos casos tramitan, cuánto duran y cuánto cuestan, sin identificar a las partes. Hoy faltan precisamente esos datos para saber cuándo vale la pena escoger esta vía.
Antes de recomendar una cláusula de arbitraje para carga aérea, yo miraría dos cosas: a quiénes va a obligar y cuánto costará usarla cuando haya un reclamo. Si el contrato deja esas dos cuestiones sin resolver, las partes tendrán que discutirlas cuando la mercancía ya se haya perdido o averiado.
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