A menudo escuchamos la misma frase cada vez que se habla de regulación financiera: si aflojamos las reglas, fluye el capital; si las endurecemos, matamos la innovación. Suena bien, casi como un postulado de libertad. El problema es que esa idea, aunque pueda ser verdad, no es toda la verdad. En muchos casos, cuando se relajan las normas no llegan más empresas buenas…sino más empresas con intenciones no muy buenas.
El ejemplo de las Emerging Growth Companies (EGCs) en Estados Unidos es bastante elocuente. El régimen nació con buenas intenciones: facilitar que empresas jóvenes, supuestamente prometedoras, accedieran a financiamiento vía el mercado de capitales con menos costos, menos exigencias y menos papeleo. Hasta ahí, perfecto. El problema vino después, cuando la excepción empezó a volverse costumbre; y la pequeña calle marginal que se hizo para abrir el paso se convirtió en autopista.
Hoy, si una acción cotiza por debajo de un dólar en una bolsa estadounidense importante (sobre todo en la bolsa de empresas tecnológicas Nasdaq) hay una alta probabilidad de que sea una EGC. No porque todas las EGC sean malas, sino porque el régimen terminó atrayendo lo que el mercado normal no quería filtrar. Empresas débiles, opacas, de procedencia dudosa que sin ese trato especial no habrían pasado ni el primer control.
La comparación entre bolsas dice mucho. En la bolsa de Nueva York (New York Stock Exchange) o en la bolsa europea Euronext, pocas compañías cotizan por debajo de un dólar. En Nasdaq, en cambio, se concentran la mayoría de estos valores. ¿Casualidad? No. Donde el filtro es más blando o el colador agujereado, se cuela más basura.
Defensores de este sistema dicen que no es razonable concluir que las EGC violan más la ley de mercado de valores. Jurídicamente es correcto. Pero el problema no es solo legal, es económico y de incentivos. Los mercados no funcionan solo con sanciones después del desastre; funcionan con señales antes de que ocurra. Y hoy, querámoslo o no, esas empresas “coladas” se han convertido en una señal de alerta, no de oportunidad.
Cuando una empresa tiene menos obligaciones de información, menos exigencias de auditoría y menos controles de gobernanza, el riesgo no desaparece: se traslada al inversor, sobre todo al pequeño, al que no tiene cómo hacer due diligence o investigación profunda. Ahí es donde el “afloje” regulatorio deja de ser pro-mercado y pasa a ser pro-asimetría facilitando que empresas inescrupulosas estafen a ahorrantes amparándose en regímenes especiales.
Este es el punto que muchos defensores de la desregulación no quieren ver. No toda regla es una traba absurda. Muchas reglas existen para cumplir una función básica: sacar del mercado a quien no debería estar ahí. Cuando se eliminan sin cuidado, no se gana eficiencia; se pierde calidad. Y cuando la calidad promedio baja, todo el mercado se encarece, porque nadie confía en nadie.
El riesgo mayor aparece cuando el régimen “especial” se amplía sin criterio. Ahí ya no hablamos de apoyar startups reales, sino de abrir la puerta a empresas de dudosa trazabilidad que encuentran en estas figuras una vía rápida para captar dinero sin someterse al escrutinio normal.
Algo parecido ocurre en el sector alimentario. Cuando se relajan demasiado los controles sanitarios para “facilitar la actividad económica”, no suelen aparecer más productores innovadores, sino más operadores que aprovechan la falta de inspecciones para reducir costes sacrificando la calidad. Al bajar el nivel de exigencia, lo que entra en el mercado no es variedad, sino riesgos: productos mal etiquetados, trazabilidad incompleta o prácticas poco higiénicas.
En el caso de la historia financiera, los hechos han sido bastante claros: los grandes fraudes no nacen en mercados demasiado regulados, sino en mercados mal regulados, donde algunos juegan con reglas suaves y otros (los desprotegidos inversores y ahorrantes) asumen el riesgo sin saberlo. Y eso es “libertad” para empresas y tragedia para los ahorrantes y usuarios.
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