Uno de los términos más recurrentes, y al mismo tiempo menos comprendidos en su profundidad, en una conversación moderna sobre desarrollo es la corrupción. Históricamente, ha sido simplemente un problema asociado con comportamientos individuales desviados. Pero, en el caso de una interpretación más detallada, como la de Manuel Villoria Mendieta y Agustín Izquierdo Sánchez en Ética pública y buen gobierno, esto puede ser replanteado como un fenómeno estructural que se convierte en algo más en el proceso, incluyendo algo tan complejo como la captura del Estado.
En este segundo artículo sobre los autores, no se pretende reproducir las ideas expuestas en tal obra, sino discutirlas críticamente y relacionarlas con una realidad que ahora es más evidente en algunos países. En esta mirada, la idea es que cuando la corrupción comienza a apoderarse de un sistema, los que dirigen la estructura del Estado renuncian a los intereses generales y en su lugar comienzan a actuar en apoyo de intereses específicos.
En este sentido, una contribución importante del libro es la sutil distinción entre corrupción episódica y corrupción estructural. La primera se refiere a actos aislados que, aunque serios, no comprometen necesariamente la lógica general del sistema. En contraste, la segunda se refiere a redes, incentivos y prácticas que normalizan la desviación y hacen de este comportamiento una característica incrustada en las operaciones diarias del aparato estatal.
Es justo en este segundo nivel donde vemos la captura del Estado. Este es un concepto ampliamente discutido en la literatura de economía política, y se refiere a un caso donde actores privados, ya sean económicos, políticos o incluso criminales, extraen una poderosa influencia sobre el establecimiento de políticas públicas, así como la regulación y asignación de recursos para promover sus propios intereses.
Desde este punto de vista, la corrupción pasa de ser un problema moral a un tema de ejercicio del poder. Ya no se trata solo de funcionarios rompiendo reglas; se trata de estructuras que reescriben las reglas del juego. Como tal, el Estado ha perdido su papel como árbitro y se convierte en un medio.
Algunos autores, como Susan Rose-Ackerman, han argumentado que altos niveles de discreción, bajos grados de responsabilidad y estructuras de poder concentradas significan que la corrupción florece. La idea general de esto se resume en la fórmula más conocida de Robert Klitgaard: Corrupción = Monopolio + Discreción – Responsabilidad.
La relevancia particular del enfoque de Villoria e Izquierdo es que la ausencia general de integridad institucional no solo crea incentivos para que la corrupción prospere, sino que también la imbuye de legitimidad práctica, para peor, al degradar los valores para el comportamiento público que importan. Cuando esto ocurre, las consecuencias económicas son devastadoras.
En un ambiente de esta naturaleza, la asignación de recursos no se basa en criterios de eficiencia y equidad. Ocurre todo lo contrario, y a su vez comienza a depender solo de redes poderosas. Los proyectos públicos se hacen para aquellos que no se preocupan por el bienestar colectivo, sino simplemente por lo que se quiere más que por lo que nos servirá como bien colectivo. Esto nos deja con una economía distorsionada donde la competencia disminuye y la productividad sufre.
Esto ha sido bien documentado en América Latina. A menudo, la captura del Estado ocurre subliminalmente y mediante regulaciones favorables para ciertos interesados, la asignación de contratos públicos o una regulación inadecuada contra el comportamiento indebido. En realidad, se convierte en un entorno en el que la corrupción no es solo una rara excepción, sino un estándar.
La discusión sobre la corrupción, especialmente en la República Dominicana, ha estado en la agenda pública durante muchos años. Pero a menudo solo ha examinado incidentes específicos y apenas ha mirado las condiciones sistémicas que permiten su continuación.
Esta mirada es uno de los aportes relevantes del enfoque desarrollado por Villoria e Izquierdo, donde podemos ir más allá de los síntomas para examinar todo el sistema. Desde un punto de vista de economía forense, creemos que la captura del Estado es el riesgo sistémico más grave que enfrentamos hoy; compromete tanto la integridad de las instituciones como la de los países, ya que permite incursiones de redes criminales organizadas, incluyendo el lavado de dinero u otras modalidades financieras ilegales.
De esta manera, la lucha contra la corrupción no puede reducirse a una simple acción contra la criminalidad. En realidad, hoy hacer lo necesario no es suficiente si no viene acompañado de reformas institucionales profundas y sostenidas, que abarquen integralmente toda la sociedad, del mismo modo que el oxígeno y la sangre son indispensables para dar vida al cuerpo.
Disminuir la discreción, aumentar la transparencia y los sistemas de responsabilidad robustos son aspectos críticos. Pero lo más importante es reconstruir la ética pública como un medio de gobernar el Estado. Este es un gran desafío técnico: significa rediseñar el papel del Estado, cómo redistribuir incentivos y desarrollar una integridad cultural que impregne todas las instituciones. También depende de que los ciudadanos hagan un compromiso activo, e insistan y hagan cumplir estándares muy altos de cómo los individuos deben comportarse públicamente.
Por último, la captura del Estado no es un destino ni un riesgo de azar o incluso propio; más bien, es parte de un proceso acumulativo que puede llevar a la decadencia gradual del orden político y económico si no se previene antes. Desde nuestro discurso sobre Ética pública y buen gobierno, la reflexión derivada del diálogo con esa obra es clara: los individuos corruptos deterioran la moral pública comprometiendo así la viabilidad del desarrollo. Porque cuando este comportamiento se institucionaliza, el dilema evoluciona no tanto hacia el lado ético como hacia el existencial. Por lo tanto, no hay otra opción: el desafío de enfrentar esto es absoluto; la calidad de la gobernanza y la del futuro de nuestras economías y nuestras democracias está en riesgo.
Compartir esta nota