Las experiencias de ciertos países obligan a replantearse muchas de las explicaciones que acostumbramos a dar sobre el desarrollo. Hace apenas unas décadas Corea del Sur era un país devastado por la guerra, con enormes limitaciones económicas, escasos recursos naturales y una población que enfrentaba condiciones de pobreza. Hoy es una de las economías más industrializadas del mundo, un referente en innovación tecnológica y una potencia en sectores como la electrónica, la construcción naval, la industria automotriz y las telecomunicaciones.

Mi reciente visita a Corea del Sur, en el contexto de los encuentros empresariales y las actividades de cooperación que sostuvimos, me permitió observar de cerca algunas de las características de ese proceso. Esta experiencia, sumada a mis visitas anteriores a Singapur y Japón, me ha permitido reflexionar sobre algunas de las decisiones que explican la transformación de estas sociedades y, sobre todo, sobre las lecciones que podemos extraer para República Dominicana.

Después de la Guerra de Corea (1950-1953), el país emprendió un proceso de reconstrucción en circunstancias extraordinariamente difíciles. Durante las décadas siguientes, su estrategia económica evolucionó desde actividades manufactureras intensivas en mano de obra hacia industrias cada vez más complejas, que demandaban mayores niveles de conocimiento, tecnología y especialización. El Estado desempeñó un papel determinante en la orientación de esa transformación, promoviendo las exportaciones, coordinando inversiones, desarrollando infraestructura y acompañando el crecimiento de grandes conglomerados empresariales. La planificación económica, particularmente mediante los planes quinquenales iniciados en la década de 1960, permitió establecer prioridades y articular los esfuerzos públicos y privados alrededor de objetivos productivos.

El Banco Mundial ha documentado cómo la expansión de la educación básica, las reformas agrarias, la industrialización y la promoción de exportaciones contribuyeron a sentar las bases de la transformación surcoreana. En esencia, se trató de construir progresivamente las condiciones que fomentaran el desarrollo. Corea comprendió que la transformación económica exigía aumentar la productividad, desarrollar capacidades tecnológicas y preparar a su población para participar en actividades de mayor valor agregado. La educación no podía avanzar por un camino separado de la estrategia económica nacional.

Hay otro aspecto de la experiencia surcoreana que merece especial atención y que tiene una enorme relevancia para países como República Dominicana: el aprovechamiento de la cooperación internacional. Durante décadas Corea del Sur fue uno de los grandes receptores de asistencia internacional. Después de la Segunda Guerra Mundial y, especialmente, tras la devastación de la Guerra de Corea, el país dependió considerablemente de los recursos provenientes del exterior para garantizar su supervivencia, reconstruir su infraestructura y recuperar su capacidad económica. Entre 1945 y 1995, Corea recibió aproximadamente 13,000 millones de dólares en asistencia internacional, según datos recogidos por la OCDE. Estos recursos contribuyeron a financiar la reconstrucción nacional y a sentar las bases de su transformación económica. No obstante, Corea del Sur comprendió que la asistencia internacional no podía convertirse en una condición permanente de su desarrollo. A medida que fortaleció su economía y sus instituciones, fue reduciendo su dependencia de los recursos externos. En 1995 dejó de recibir financiamiento de la Asociación Internacional de Fomento del Banco Mundial y en 2000 salió de la lista de países elegibles para recibir asistencia oficial al desarrollo. Diez años después, en 2010, ingresó al Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, convirtiéndose formalmente en uno de los países que contribuyen a financiar el desarrollo de otras naciones.

Uno de los argumentos que con más frecuencia aparece cuando se comparan las sociedades asiáticas con las latinoamericanas es que los asiáticos son disciplinados, organizados y trabajadores, que nosotros somos culturalmente diferentes. Se utiliza esa explicación para justificar por qué ellos pueden alcanzar determinados niveles de desarrollo y nosotros encontramos tantas dificultades para hacerlo. Creo que esa interpretación es insuficiente y, sobre todo, peligrosa, porque convierte en una característica casi inmutable aquello que las sociedades pueden aprender, desarrollar y transformar.

La disciplina no es un atributo exclusivo de una nacionalidad ni una condición genética de determinados pueblos. Es también el resultado de procesos educativos, de la formación familiar, de instituciones que funcionan, de normas que se cumplen y de sistemas de incentivos que premian el esfuerzo, la responsabilidad y la excelencia. La puntualidad, el respeto por los espacios públicos, la organización del trabajo y el compromiso con los objetivos colectivos no aparecen espontáneamente: se cultivan desde la infancia y se refuerzan a lo largo de la vida.

Mi experiencia en Singapur y Japón, a la que ahora se suma esta visita a Corea del Sur, me ha permitido observar sociedades con historias, características y modelos económicos distintos, pero que comparten una apuesta consistente por la formación de sus ciudadanos y por la construcción de hábitos colectivos que facilitan la convivencia y la productividad. No significa que debamos ignorar las diferencias históricas, culturales o institucionales entre nuestros países. Tampoco que podamos trasladar mecánicamente sus modelos a República Dominicana. Significa que no debemos convertir esas diferencias en excusas para renunciar a nuestras propias posibilidades. Si una sociedad puede enseñar a sus niños a respetar las reglas, a trabajar en equipo, a cuidar su entorno, a cumplir sus responsabilidades y a valorar el conocimiento, entonces esas conductas pueden convertirse en parte de su cultura colectiva. Lo que hoy admiramos como una característica cultural puede ser, en buena medida, el resultado acumulado de décadas de educación y construcción institucional.

Si tuviera que identificar una de las grandes lecciones que podemos extraer de Corea del Sur, Singapur y Japón, sería la necesidad de entender la educación como el principal instrumento de transformación económica y social de una nación. En estos países la educación no ha sido concebida únicamente como un mecanismo para facilitar la movilidad social o garantizar el acceso a un derecho fundamental, sino como infraestructura estratégica para el desarrollo. La formación de técnicos, ingenieros, científicos, investigadores, profesionales y trabajadores especializados ha acompañado las distintas etapas de transformación de sus economías. Los resultados de estos países en las evaluaciones internacionales reflejan esa apuesta. En PISA 2022, Singapur obtuvo los mejores resultados entre los participantes en matemáticas, lectura y ciencias, mientras que Japón y Corea del Sur también se situaron entre los sistemas de mejor desempeño. Estos resultados no son una explicación completa de su desarrollo, pero sí constituyen una referencia importante sobre la calidad de los aprendizajes que sus sistemas educativos consiguen desarrollar.

Quizás la lección más importante de estas experiencias sea la necesidad de adoptar una perspectiva de largo plazo. Los grandes procesos de transformación no se producen en cuatro años ni responden a una sola administración. Son el resultado de decisiones sostenidas, de instituciones capaces de aprender y de políticas públicas que sobreviven a los cambios de gobierno. Corea del Sur no alcanzó su posición actual de un día para otro. Tampoco Singapur ni Japón. Sus transformaciones fueron el resultado de varias generaciones que encontraron en la educación, la productividad y la modernización una agenda compartida.

Al final, mi experiencia en Asia reafirma una convicción: el futuro de una nación no está predeterminado por su pasado, su geografía o las características que atribuimos a su cultura. Está condicionado por las decisiones que toma para desarrollar el potencial de su gente.

Roger G. Pujols Rodríguez

Abogado y politólogo

Roger G. Pujols se desempeña como viceministro de la Presidencia para Proyectos Especiales y Coordinación de Seguridad. Es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y titular de la reválida del Estado de Nueva York (New York State Bar). Concentra su práctica en contratación, sectores regulados y asuntos públicos. Cuenta con: Master en Derecho de los Negocios de la Universidad de Nueva York (LL.M. Business and Corporation Law New York University -NYU-), para la fecha ubicada entre las cinco mejores escuelas de derecho de los Estados Unidos; Master en Ciencia Política para el Desarrollo, impartido por la Universidad de Salamanca y la Fundación Global, Democracia y Desarrollo; Master en Derecho Fiscal de la Universidad de Georgetown (LL.M. in Taxation-Georgetown University); Master en Derecho de la Administración del Estado, impartido por la Universidad de Salamanca y el IGlobal; Master en Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Ha sido manager legal de las filiales de InterEnergy Group y abogado asociado de la firma de abogados Squire Sanders & Dempsey (hoy Squire Patton Boggs). En tal sentido, ha participado en numerosas transacciones relacionadas con sectores regulados. Es miembro del Comité de Investigaciones del Instituto OMG. Ha sido profesor de Derecho de las obligaciones, de análisis de textos jurídicos y de Derecho del mercado de valores. Es autor de los libros ‘Régimen jurídico de la concesión para explotación de obra eléctrica’ y ‘Derechos fundamentales e integración europea: sistema de fuentes, pluralismo constitucional y diálogo entre cortes’. En la actualidad trabaja en publicaciones sobre (i) la compilación de sus artículos de opinión y (ii) fiscalidad verde (tributos ambientales).

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