El tren gubernamental desde la interpretación sana de su rol, deja entendido que es una maquina a favor de las mejores prácticas orientadas al bienestar del pueblo. Y para mejor comprensión de que con el asunto de la firma de un acuerdo interinstitucional entre el Ministerio de Interior y Policía con el Colegio de Notarios Dominicano, de meterse con la tramitación o consecución de Actas de Nacimientos a un segmento de la población, que estos dice, carece de tal documento, al MIP, con tal pretensión, se puede calificar que se le ha soltado otra tuerca. En consecuencia, en provecho de la mejor justificación del título del caso que nos ocupa, se hace necesario compartir, inicialmente, un estudio nacional de opinión que el día 25 de febrero del 2025, publicó RCC Media, en la que se midió la marcha del país a partir de los desempeños de las instituciones o tejido social, y cabe bien, decir que, de todas las instituciones medidas, solo cuatro, obtuvieron una valoración de 50% o más, dentro de las cuales, quedó la JCE con un 53.8%, cuarta mejor valorada, pero las demás, rondaban porcentajes críticos. (Ver artículo en acento.com, de la fecha 8/3/2025)
En dicho análisis concluimos que a partir de estas valoraciones, el Estado tendría que revisarse porque si tomamos este estudio como herramienta de medición, el mismo lo dejaba al desnudo o mejor dicho, con mucho punto de mejora qué aplicar. Ahora, respecto al Ministerio de Interior y Policial, a quien refiere el nudo de este artículo, el cual ha ocupado la palestra pública, con acciones correctivas en cuanto a la actuación y comportamiento de la ciudadanía, la marcha de su carruaje, ha cometido un sinnúmero de tropiezos y ditirambos fuera de la diana de su papel (…).
Ahora bien, el MIP, según la ley que lo crea, no le atribuye función alguna para meterse con el asunto del Registro Civil,-lo que más lo asocia al problema es la ley 169-2004, de fecha 25/5/2014, sobre naturalización y eso es otra quinientas-, y volviendo al principio, la ley per sé que lo crea, no le permite enrolarse, sin embargo, sí que le permite, entre otros asuntos, el garantizar la adecuada articulación entre el gobierno central, las gobernaciones y los gobiernos locales, así como tomar las medidas y proponer las normas necesarias para preservar la paz pública, así como controlar la correcta utilización de las vías publicas (…)
Ante todo esto, y otros trastornos o traspiés que han incitado de forma radical a la población, por sus métodos carentes de concientización, que es una herramienta de la democracia a fin de evitar actos represivos y arbitrarios con rasgos de abuso de poder, todo lo cual ha implicado que esa institución, -el MIP-, en sus rieles, según sus ruidos, anda con varias tuercas flojas, y sin lugar a dudas, ahora con el exabrupto de asumir un conciliábulo con el “gremio que agrupa a los Notarios Públicos”, cuadran, aunque no lo hayan materializado por la naturaleza de conspiración contra la patria y la democracia misma que esto implica, no deja más opción que poner la barba en remojo, ya que, según mi juicio, resulta muy aventurero, caótico y subversivo anunciar en los medios de comunicación con toda galantería y fotos full color, que bajo San Benito del cielo y que,-según Noticias Telemicro en Instagram: El Colegio Dominicano, bajo el epígrafe o titular, “ Notarios se unen al gobierno para registrar ciudadanos sin “Actas de Nacimientos”, a fin de enfrentar la “alarmante situación de cientos de dominicanos que aún no cuentan con actas de nacimiento, una realidad que los excluidos del sistema jurídico y sin acceso a derechos fundamentales. Lo cual es verdad, porque existe un sub registro importante y sabemos habría que subsanar.
Ahora, pero con qué derecho estas dos entidades asumen la función del Chapulín Colorado, pasándole por encima a una acción que es competencia exclusiva de la Junta Central Electoral, por ley y prerrogativa constitucional. Y no lo cojan a mal, es por esto que decimos que al Ministerio de Interior y Policía, se le soltó otra tuerca, y más, le agregamos el estribillo de la canción de Atahualpa Yupanqui, en los ejes de su carreta, que canta, “porque no engras’o los ejes, me llaman abandona’o, y si mi a mí me gustan que suenen, para que los quiero engras’o, y dice, es demasiado aburrido el camino, y repite, si no tengo quien me entretenga, . Y ahí va, el Ministerio de interior, quien esta filtrada notica, ha creado un mal sabor en el seno de la población y le cabe inferir que ha soltado otra tuerca y en efecto, ha comprometido la imagen del gobierno del Abinader en razón que la función esencial de los ministerios, según el artículo 134 Constitucional, es ser instituciones para el despacho de los asuntos del gobierno. Entonces, no cabe duda que, lo que se adivina no se explica, en virtud que no hay otra apariencia que es una decisión no prudente de Faride Raful, o hace pensar, que el gobierno dio su asentimiento, por lo menos, eso aparenta… juzgue usted, para no caer en juicio de valor.

Y lo que pasó no ha sido simple, esa noticia sacó de contexto al Pleno de la Junta Central Electoral, hasta el punto de que el órgano emitió un comunicado de admonición publica de que según el artículo 212 de la Constitución y la ley 4-23, Orgánica de los Actos del Estado Civil, que en su artículo 3.2, que define lo que es una Acta del Estado Civil, como documento instrumentado por un funcionario autorizado del Sistema Nacional de Registro del Estado Civil (…), en tanto, y así lo creo, el Pleno de la Junta Central, encabezado por su presidente, Román A. Jaquez Liranzo, si no hubiera sentido posibilidades,-se está hablando de una “visita de cortesía” encabezada por su presidente, Dr. Jhon Richard Paniagua Feliz, acompañado por el vicepresidente Dr. Tony Rodríguez, la vicetesorera Dra. Ana Hilda Rivas Novas y el directivo Lic. Teófilo Rosario-, por lo menos, no hubiera emitido de inmediato, en fecha 7 de agosto actual, cuyo contenido advertía que la pretensión difundida era competencia exclusiva del órgano electoral, y que ningún acuerdo interinstitucional en materia de Registro Civil tiene validez legal constitucional sin su participación directa.

Y yo juzgo, fue una pifia de la ministra de Interior y Policía permitir ese desaguisado populismo jurídico de parte del gremio, o que este funcionario gremialista, por su grado de afectos ideológicos con esta funcionaria,-si fuera el caso-, le convenciera y que muy bien pudo-si fuera de intensión sana, presentarle su entrega samaritana al Pleno de la JCE y disponerse de forma altruista colaborar con liberar de pagos los actos que fueron necesarios para la regularización de los casos que les causan tal roncha, cuando en verdad, muchos casos están bajo sub registros, una gran mayoría por falta de orientación y representación jurídica y porque la propia realidad social actúa adverso a estos registros, etc. Respecto al tema, por tanto, no quisiera cerrar estos razonamientos, sin antes manifestar, en calidad de Coordinador General de la Academia Dominicana de Estudios Políticos y Electorales, ADEPE, unirnos al comunicado publicado por la Junta Central Electoral, JCE, y manifestar de mi propia cuenta, que, además, de impactar la imagen del gobierno dominicano, y máxime en un momento de gran tensión con la agenda de la regularización los extranjeros haitianos y que, de fondo este acuerdo se inscriba-conjetura la gente-, en incluir mansos y cimarrones en virtud, ya que como dijo Balaguer una vez, “el camino malo está cerrado”, de modo que nos unimos al concierto de voces que grita, el registro civil no se toca, y que siga siendo la prenda más custodiada de la Junta Central, porque este es el padrón, y este último es la garantía de identidad y democracia. Y si fuera necesario, con el concurso de nuestros miembros, Adepe, extiende su mano solidaria a la Junta Central y de forma preventiva, emite su total desacuerdo con dicha pretensiones sea esta efectivamente real como se ha dicho. Y como me decía un amigo, yo no quiero pensar que eso sea verdad, por si así fuera, es una tuerca más que se le suelta al carrusel de Interior y Policía. Con mi dedo cruzado, cierro esta entrega.
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