Mi retorno desde Nueva York a Santo Domingo coincidió con la entrada en vigor del nuevo Código Penal de República Dominicana, el pasado 3 de agosto.
Ya era tiempo de modificar el viejo Código Penal, que data de1884 el cual tenía 142 años de vigencia.
La nueva Ley Orgánica, número 74-25, promulgada recientemente por el presidente Luis Abinader, moderniza articulados con nuevas penalizaciones, acorde a las violaciones de las leyes y criminalidad que tienen lugar en el país en este siglo XXI.
Los más variados sectores de la sociedad reclamaron por diferentes medios modificaciones a artículos específicos de la nueva ley antes de entrar en vigor, alegando que les perjudicaba en la forma en que fueron redactados sus articulados por los legisladores de ambas cámaras.
Reclamos de diversa índole provinieron del Colegio Médico Dominicano, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), grupos empresariales, entidades ONG’s, directores de medios audiovisuales, plataformas interactivas y periodistas independientes.
Los gremialistas del sector salud manifestaron su preocupación sobre la interacción que existe entre la nueva Ley 74-25 con la 97-25 del nuevo Código Penal, las cuales, según su parecer, podrían derivar en una criminalización excesiva del ejercicio médico.
La Ley 97-25 no solo regula cómo se ha de investigar y juzgar cada infracción médica, sino que hace culposo, además del médico o empleado individual que intervino en un procedimiento, a los hospitales, clínicas, laboratorios y centros de salud ante una mala práctica médica, negligencia, inadvertencia, etc.
Por su parte, la inquietud de la ADP es que el nuevo Código Penal criminalice la labor docente y despoje a los maestros de autoridad disciplinaria dentro de los centros educativos.
Rechazan la redacción del artículo 121, sobre el hostigamiento o “bullying”y el 171, porque promueve la indisciplina en las escuelas.
Consideran que el nuevo código restringe o sanciona de manera desproporcionada las huelgas y manifestaciones públicas, y que es una vulneración a los derechos constitucionales de los trabajadores.
Con el nuevo código el gobierno, persona física o jurídica entran en una nueva etapa de vigilancia y persecución contra todo aquel que viole en los más mínimo el artículo 208, sobre la difamación o injuria “por cualquier forma”.
Periodistas, comunicadores y productores de medios alternativos en República Dominicana le llaman "ley mordaza" al nuevo Código Penal, porque restablece las penas de prisión por difamación e injuria, atenta contra la libertad de expresión, difusión del pensamiento y la investigación periodística.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) pidieron modificar del nuevo Código Penal los artículos que penalizan aspectos sobre la seguridad jurídica y el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Estos grupos empresariales lograron que el Congreso Nacional, a través de la Ley 44-26, pospusiera temporalmente hasta el 5 de noviembre la aplicación de las sanciones corporativas en sus artículos 8, 9, 10 y 11.
El más temido de esos artículos por el CONEP y ANJE es el número 8, porque impone hasta cinco años de prisión a propietarios y gerentes, si se demuestra imprudencia, inobservancia de reglamentos o violación del deber de cuidado que cause muertes o daños graves.
Ante tanto temor y crítica contra los artículos de la nueva Ley 74-25, el presidente Abinader creó una comisión de juristas que se encargarán de coordinar y evaluar posibles mejoras al Código Penal y su impacto en la sociedad dominicana.
Mientras estos juristas estudian posibilidades de futuras modificaciones al Código Penal vigente, por la cantidad de sometimientos por concepto violaciones a las nuevas leyes y regulaciones existentes, la Procuraduría General de la República tendrá que aumentar el número de fiscales a nivel nacional.
Ese aumento de número de casos que recibirán los tribunales por parte de los fiscales se sumará a la sobrecarga de expedientes pendientes por conocer en la justicia, por falta de mayor número de magistrados y, por consiguiente, volverán a reclamar a la Suprema Corte aumentos de salario, congelados desde 2017, y por añadidura nombramientos de nuevos jueces.
Con el moderno Código que configura nuevos delitos penales y regulaciones, cualquiera puede caer preso por violar, consciente o inconscientemente, sus ordenanzas, y no hay cárcel para tanta gente.
Es probable que el actual código no elimine la delincuencia, la difamación o la injuria, la corrupción, el soborno, la mala práctica médica, et, etc. Pero establece sanciones tan duras que los protagonistas acostumbrados a cometer estos hechos tendrán que pensarlo dos veces antes de ejecutar sus acciones.
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