Por María Carmen Cárcel-Mas y Galileo Violini
La transformación digital avanza a ritmo acelerado. Su expansión en la banca, el comercio electrónico y los servicios públicos exige comunicaciones seguras, una protección que depende, en buena medida, de fundamentos matemáticos que durante décadas hemos considerado pilares extraordinariamente sólidos.
La computación convencional ha multiplicado nuestra capacidad de cálculo, pero algunos problemas matemáticos en los que se basa la seguridad de las comunicaciones digitales son impracticables para los ordenadores clásicos. Sobre esta dificultad se apoya parte de la criptografía que protege las transacciones bancarias, el comercio electrónico y los datos de las instituciones públicas. Ordenadores cuánticos suficientemente potentes y fiables podrían comprometer determinados mecanismos criptográficos que hoy protegen nuestras comunicaciones.
La evolución de esta tecnología ha sido notable. En 1998 se realizaron experimentos con ordenadores cuánticos de apenas dos qubits; en 2007 se presentaron sistemas de 16 qubits y, en 2016, IBM puso a disposición de investigadores un procesador de cinco qubits a través de la nube. En 2019, Google anunció que su procesador Sycamore, con 53 qubits operativos, había completado en unos 200 segundos una tarea experimental que, según sus estimaciones, habría requerido miles de años en un superordenador clásico. Este resultado demostró el potencial de la computación cuántica, pero no implicaba que pudiera descifrar los sistemas criptográficos utilizados en la actualidad.
Estas comparaciones deben interpretarse con cautela, ya que se refieren a una tarea experimental concreta y no a cualquier cálculo ni a la capacidad de descifrar los sistemas criptográficos actuales. Aunque estos resultados muestran el potencial de la computación cuántica, no permiten determinar cuándo será posible comprometer los mecanismos criptográficos actuales. Precisamente por esa incertidumbre, la preparación debe comenzar antes de que existan máquinas capaces de llevar a cabo esos ataques a gran escala.
El desafío no consiste simplemente en aumentar el número de qubits. También es necesario controlar sus errores y mantener la estabilidad de las operaciones durante cálculos complejos. El algoritmo de Shor, publicado en 1994, demostró que un ordenador cuántico suficientemente potente podría resolver eficientemente los problemas matemáticos en los que se basan sistemas de clave pública como RSA y los basados en el logaritmo discreto. Su aplicación práctica a gran escala requiere ordenadores cuánticos tolerantes a fallos que todavía no están disponibles. Aunque no es posible establecer cuándo podrán llevarse a cabo estos ataques, la transición hacia sistemas resistentes debe planificarse con antelación.
La paradoja es que esta amenaza no pertenece al futuro. También es un problema del presente.
En el ámbito de la ciberseguridad existe una estrategia conocida como Harvest now, decrypt later —recolectar ahora, descifrar después—. Consiste en capturar y almacenar hoy información cifrada que circula por las redes, con la expectativa de poder descifrarla en el futuro. Entre los datos que podrían interesar a quienes recurren a esta práctica figuran expedientes médicos, información financiera, secretos comerciales y documentos sensibles del Estado.
El riesgo depende, entre otros factores, de la sensibilidad de los datos, del tiempo durante el cual deban mantenerse confidenciales y de la evolución de las capacidades tecnológicas. Es especialmente relevante cuando la información conserva su valor durante décadas: expedientes médicos, datos financieros, secretos comerciales o documentos estratégicos del Estado podrían quedar expuestos mucho después de haber sido generados. Si alguien almacena hoy esa información con la intención de descifrarla más adelante, esperar a que existan ordenadores cuánticos capaces de hacerlo para reforzar su protección podría ser demasiado tarde.
Esta cuestión debe distinguirse de la recopilación masiva de información que realizan las grandes empresas tecnológicas por motivos comerciales o para entrenar sistemas de inteligencia artificial. Son prácticas diferentes, con finalidades y riesgos propios. Sin embargo, ambas ponen de relieve la importancia de proteger los datos durante todo su ciclo de vida, con una protección que debe contemplar también las amenazas que podrían materializarse en el futuro.
Un banco no solo custodia dinero: también protege identidades, transacciones y relaciones de confianza. Los cajeros automáticos, las aplicaciones móviles y los sistemas de pago dependen de claves, certificados y firmas digitales. Si los mecanismos criptográficos que sostienen estas operaciones quedaran comprometidos, las consecuencias podrían afectar a la autenticidad de las transacciones, la protección de los clientes y la confianza en el sistema financiero.
La misma preocupación se extiende a las infraestructuras críticas: redes eléctricas, telecomunicaciones, puertos, servicios públicos y registros del Estado. Su seguridad no depende únicamente de impedir intrusiones informáticas. También exige garantizar la autenticidad de las comunicaciones, la integridad de los datos y la continuidad de los servicios.
La respuesta tecnológica pasa, entre otras medidas, por la denominada criptografía poscuántica: algoritmos diseñados para resistir ataques tanto de ordenadores clásicos como de futuros ordenadores cuánticos. Su implantación, sin embargo, no consiste simplemente en descargar una actualización de software. Requiere identificar dónde se utiliza criptografía, qué información protege, durante cuánto tiempo debe permanecer segura y de qué proveedores y tecnologías dependen los sistemas existentes. Después habrá que actualizar algoritmos y certificados, adaptar equipos, probar las soluciones y garantizar su interoperabilidad sin interrumpir servicios esenciales.
Esta transformación plantea un desafío económico y de gestión. Las inversiones necesarias pueden ser importantes, especialmente en organizaciones que dependen de equipos antiguos, proveedores diversos o sistemas cuya sustitución resulta compleja. Aplazar las decisiones tampoco elimina los costos: puede aumentar las dificultades de adaptación y prolongar vulnerabilidades evitables. Por ello, la transición exige establecer prioridades según la importancia de los activos, el tiempo durante el cual debe garantizarse la confidencialidad, la exposición de las infraestructuras y la viabilidad técnica de las modificaciones. Una planificación temprana permite distribuir las inversiones a lo largo de varios años y reducir el impacto sobre los servicios esenciales.
La Unión Europea ya ha comenzado a traducir esta preocupación en medidas concretas. En junio de 2025, los Estados miembros, con el apoyo de la Comisión Europea, adoptaron una hoja de ruta coordinada para orientar la transición hacia la criptografía poscuántica. El calendario recomienda iniciar los trabajos antes de finalizar 2026 y completar, a más tardar en 2030, la transición de los sistemas de mayor riesgo, incluidas las infraestructuras críticas.
La experiencia europea ofrece una referencia útil. Más que reproducir sus plazos o estructuras institucionales, se trata de extraer una lección fundamental: una transición de esta magnitud requiere coordinación, objetivos verificables y una distribución clara de responsabilidades. Prepararse para el riesgo cuántico no significa afirmar que la amenaza sea inminente, sino evitar que la falta de previsión convierta un desafío tecnológico futuro en una vulnerabilidad presente.
La preparación frente a los riesgos cuánticos debe situarse, además, en el contexto más amplio de las capacidades tecnológicas de América Latina y el Caribe. El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2026, recién publicado por la CEPAL y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, identifica brechas regionales en capacidad de cómputo, adopción empresarial de la inteligencia artificial y ejecución de las estrategias nacionales. Aunque estos indicadores no miden directamente la preparación frente a la criptografía poscuántica, ponen de relieve una cuestión fundamental: las estrategias tecnológicas requieren no solo infraestructura, sino también talento especializado, investigación y capacidad institucional para llevarlas a la práctica.
Para la República Dominicana, prepararse ante la amenaza cuántica podría constituir una oportunidad para integrar la seguridad criptográfica en una política más amplia de desarrollo de capacidades digitales, formación e innovación tecnológica. Ya se han dado pasos para incorporar esta dimensión a su estrategia de ciberseguridad. En marzo de 2026, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) firmaron un acuerdo de cooperación para fortalecer la protección de las telecomunicaciones y los servicios digitales del país. Esta iniciativa ofrece una oportunidad para impulsar, dentro del ámbito de competencias de las instituciones implicadas, la evaluación de los sistemas criptográficos existentes y la planificación de su eventual actualización frente a los riesgos cuánticos.
¿Qué medidas podrían adoptarse desde ahora?
Un primer paso sería realizar un inventario criptográfico. Los bancos, las empresas de telecomunicaciones, las grandes compañías y las instituciones públicas deberían identificar dónde se utiliza la criptografía, qué algoritmos están desplegados, qué información protegen, durante cuánto tiempo debe mantenerse confidencial y de qué proveedores y sistemas externos dependen. Este diagnóstico permitiría establecer prioridades y elaborar planes de transición realistas, adaptados a los riesgos y a las capacidades de cada organización.
Un segundo paso consistiría en desarrollar la criptoagilidad, es decir, la capacidad de sustituir algoritmos, claves y certificados de forma rápida y segura cuando evolucionaran los estándares o se identificaran nuevas vulnerabilidades. El objetivo no sería predecir qué tecnología predominará dentro de diez años, sino promover infraestructuras flexibles, capaces de adaptarse a nuevos requisitos de seguridad sin necesidad de rediseñarlas desde cero cada vez que cambiaran las circunstancias.
Un tercer paso consistiría en reforzar el liderazgo institucional y empresarial. Los consejos de administración, las entidades financieras y los organismos reguladores, entre ellos la Superintendencia de Bancos e INDOTEL, deberían incorporar el riesgo cuántico a sus estrategias de ciberseguridad y promover planes de transición con responsabilidades definidas, presupuestos adecuados, plazos concretos e hitos verificables. La cooperación entre los sectores público y privado sería esencial para coordinar las actuaciones y evitar que las diferencias en el grado de preparación de las organizaciones generaran nuevas vulnerabilidades.
Hay, además, una cuarta dimensión igualmente importante: la formación. La transición poscuántica requerirá ingenieros, especialistas en ciberseguridad y criptografía, responsables tecnológicos y directivos capaces de comprender y gestionar un riesgo que combina matemáticas, tecnología y organización. Las universidades pueden desempeñar un papel fundamental mediante programas de formación especializada, investigación aplicada y colaboración con las instituciones públicas y las empresas. Prepararse para la era cuántica significa también formar hoy a los profesionales que deberán proteger las infraestructuras digitales del mañana.
La seguridad digital futura de la República Dominicana dependerá de las decisiones que se adopten hoy. Prepararse no exige disponer de un ordenador cuántico, sino conocer las vulnerabilidades existentes, establecer prioridades y comenzar a construir sistemas capaces de adaptarse a los cambios tecnológicos. Los datos que deberán protegerse mañana ya están circulando por las redes. Esperar a que la amenaza cuántica se materialice podría significar, sencillamente, haber llegado demasiado tarde.
La coautora María Carmen Cárcel-Mas es doctora en Industrias de la Comunicación y Culturales por la Universitat Politècnica de València (UPV) y profesora en la UPV y en la Universidad Internacional de Valencia (VIU), ambas en España. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en estrategia digital y comunicación, y ha colaborado con entidades como RTVE, À Punt Mèdia y la revista ¡Hola!. Su actividad investigadora se centra en la analítica digital y el marketing digital estratégico. Asimismo, actualmente es responsable del grupo empresarial Energesis, especializado en el desarrollo de soluciones innovadoras basadas en IoT, Big Data y tecnologías cuánticas.
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