Cada vez que la Junta Central Electoral (JCE) impulsa un nuevo proyecto de cédula, se repiten los mismos argumentos: modernización, mayor seguridad y cumplimiento constitucional. Sin embargo, esos discursos han servido históricamente como justificación para contratos millonarios que no siempre han dado los resultados esperados. El argumento del vencimiento a los 10 años parece más una excusa legal que una verdadera necesidad técnica, mientras el país enfrenta múltiples prioridades sociales y económicas.
El 25 de agosto de 2025, la JCE adjudicó el contrato para la nueva cédula de identidad por RD$ 3,361 millones al consorcio Emdoc, único oferente habilitado. Este monto supera en más de RD$ 1,300 millones lo estimado inicialmente, y fue aprobado sin contar con fondos disponibles en el presupuesto vigente. Poco después, el Proyecto de Presupuesto General del Estado 2026 incluyó una partida de RD$ 6,000 millones para la implementación de la nueva cédula. El riesgo de repetir la historia de grandes gastos con resultados fallidos es evidente.
Un historial costoso
La ciudadanía no ha olvidado:
• Escáneres de Indra (2016): USD 39.7 millones, colapsaron el día de las elecciones y fueron descartados.
• Voto automatizado (2020): USD 19 millones, fallos provocaron la suspensión inédita de elecciones municipales; equipos inservibles.
• Lectores biométricos (2020): 11,350 adquiridos, en su mayoría almacenados sin uso.
Según informes de prensa, las pérdidas acumuladas por equipos descartados superan los RD$ 3,453 millones.
No es la primera vez que escuchamos la promesa de una cédula más moderna y segura. En 2014, se invirtieron unos 17 millones de dólares en un documento que incluso incluía un chip de alta tecnología, nunca utilizado en la práctica. Hoy, una década después, el costo proyectado supera los 100 millones de dólares, y nuevamente se recurre al argumento de la vigencia legal de diez años, cuando la propia ley no obliga a cambiar el formato de la cédula.
Riesgos del nuevo contrato
1. Adjudicación a un único oferente → riesgo de sobreprecio y falta de competencia.
2. Sobrecosto inicial de más de RD$ 1,300 millones frente a lo estimado.
3. Ausencia de fondos en el presupuesto 2025; dependencia de asignaciones futuras.
4. Contrato con vigencia de 10 años → riesgo de obsolescencia temprana.
5. Historial de fracasos sin responsables sancionados.
6. Riesgo de pérdida de confianza ciudadana si el sistema falla.
Oportunidades y desafíos
Más allá de lo financiero, este proyecto plantea una oportunidad clave para la seguridad ciudadana. Hoy existe una desconexión histórica entre la base de datos biométrica de la JCE y los sistemas de la Policía Nacional, Migración y otros organismos de seguridad. Esto dificulta la identificación de reincidentes, el combate al crimen organizado y la gestión de la gran población migrante, legal e ilegal, residente en el país.
Para ilustrar el problema, comparto una experiencia personal: en 2012, uno de mis hijos fue asaltado y despojado de su vehículo. Dos días después apareció abandonado en un cañaveral, lleno de huellas digitales. Sin embargo, solicitar al departamento de inteligencia criminal una búsqueda resultó infructuoso, pues —según se explicó entonces— la Policía solo contaba con la base de datos de personas con antecedentes delictivos. Este punto requiere ser corroborado, pero lo cierto es que la percepción generalizada es que la información biométrica de la ciudadanía, resguardada por la JCE, no está integrada plenamente a los sistemas de seguridad. Y esa brecha es, en sí misma, un riesgo para la seguridad pública.
El Consejo Económico y Social (CES) ha planteado la necesidad de integrar estas bases de datos bajo reglas claras. Si se aprovecha la coyuntura, la nueva cédula podría convertirse en un puente entre la identidad civil y la seguridad nacional. Pero ello requiere protocolos auditados, garantías de privacidad y controles ciudadanos que eviten abusos.
De lo contrario, se corre el riesgo de repetir el mismo patrón: un documento más moderno en apariencia, pero que deja intactos los problemas de fondo.
Auditorías realizadas y la gran auditoría pendiente
La Cámara de Cuentas ha realizado auditorías externas a la JCE, entre ellas una investigación especial sobre arqueos de los fondos de caja chica del Departamento de Servicios Generales (2019‑2020). También se han hecho auditorías técnicas a equipos EDET antes de comicios, y auditorías al sistema de gestión integrado (ISO). Sin embargo, ninguna de estas revisiones ha profundizado en los grandes contratos tecnológicos fallidos: los escáneres de 2016, el voto automatizado de 2020, los lectores biométricos ni el actual proyecto de la cédula.
Lo que está pendiente es una auditoría integral que no solo mida la legalidad financiera, sino también la efectividad técnica y la pertinencia de estas inversiones. Solo así podremos aprender de los errores y evitar que se repitan.
Conclusión
La democracia dominicana no solo pierde confianza, también pierde dinero. Hoy, con RD$ 6,000 millones consignados en el Presupuesto 2026, el Congreso y la sociedad tienen en sus manos la posibilidad de exigir auditorías independientes, pruebas piloto reales, control de adendas y un plan de integración biométrica que fortalezca tanto la identidad ciudadana como la seguridad nacional.
De lo contrario, la nueva cédula corre el riesgo de convertirse en el tercer gran elefante blanco tecnológico de la JCE. Porque lo que está en juego no es solo el gasto público: es la confianza en nuestras instituciones y la seguridad de todos los ciudadanos.
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