Distinguido señor Director:
Hay palabras que pesan. Y pesan aún más cuando se escriben desde la autoridad de un medio histórico como el Listín Diario.
He leído su editorial “Una amenaza que no conoce fronteras” y me preocupa el enfoque adoptado. El texto parte de una realidad dolorosa: el reclutamiento de niños y adolescentes por grupos armados en Haití, situación denunciada por organismos como UNICEF. Nadie serio puede minimizar esa tragedia.
Pero otra cosa es utilizar ese drama para sugerir, sin evidencia concreta, que esos mismos niños podrían convertirse en una amenaza para la República Dominicana.
Cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes —NNA— no hablamos de categorías migratorias ni de hipótesis de seguridad. Hablamos de personas en desarrollo, profundamente vulnerables, muchas veces víctimas de violencias que no eligieron. Si han sido reclutados por bandas, lo han sido bajo coerción, miedo y ausencia de Estado.
Nuestra propia legislación es clara. La Ley 136-03, que crea el Sistema de Protección y establece el Código para la protección de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana, dispone que el interés superior del niño debe prevalecer en toda decisión, actuación o política pública que les afecte. No se trata de una invocación moral: es un mandato jurídico.
Ese mismo principio está consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional vinculante para nuestro país, que obliga a los Estados a garantizar que, frente a cualquier circunstancia —incluidas situaciones migratorias o de conflicto— la prioridad absoluta sea la protección integral del menor.
El interés superior del niño implica que ninguna consideración de orden administrativo, migratorio o político puede situarse por encima de su derecho a la protección, a la dignidad y a la no discriminación. Implica también evaluar cada caso desde la vulnerabilidad del menor, no desde una presunción de riesgo generalizado.
Bajo este marco jurídico, ningún niño puede ser tratado primordialmente como amenaza potencial. El enfoque correcto, conforme a nuestra propia normativa, es identificar necesidades de protección, no etiquetar peligros.
En el caso de los menores asociados a grupos armados —denominados en el ámbito internacional “niños soldados”— la experiencia acumulada en distintos contextos demuestra precisamente esto: se les reconoce como víctimas de reclutamiento forzado. Por ello se han establecido protocolos específicos de desmovilización, rehabilitación psicosocial y reintegración comunitaria. La premisa es inequívoca: primero se protege, luego se reintegra. No se criminaliza preventivamente.
Transformar esa tragedia en un discurso de peligro transfronterizo no solo simplifica una realidad compleja; también se corre el riesgo de sembrar sospecha sobre todos los niños haitianos que hoy viven en territorio dominicano.
Y esos niños ya cargan con el miedo constante a la deportación, la incertidumbre escolar, la estigmatización cotidiana. Muchos nacieron aquí. Otros llegaron siendo muy pequeños. No portan armas; portan mochilas escolares, si las tienen. Portan historias de hambre y familias fragmentadas.
Un periódico tiene derecho a asumir la defensa de la soberanía y propugnar por un mayor control fronterizo. Pero también tiene la responsabilidad de evitar narrativas que, sin base empírica suficiente, puedan contribuir a la estigmatización de menores de edad.
La República Dominicana enfrenta enormes desafíos en su relación con Haití. Precisamente por eso necesitamos rigor, datos y prudencia.
La niñez —dominicana o haitiana— no es una amenaza. Es un termómetro moral.
Defender la soberanía no puede implicar erosionar el principio básico de protección a la infancia.
Atentamente,
Elisabeth de Puig
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