Cabo Rojo y su necesaria diafanidad

Sería injusto alegar que el presente gobierno ha hecho muy poco por los pobres. Para esa cuarta parte de nuestra población, la actual gestión ha desplegado un andamiaje de protección social sin precedentes y, como muestra inequívoca de su compromiso con la equidad, emprendió el proyecto turístico de Cabo Rojo con el fin de redimir a la region más pobre del pais. Al cabo de cinco años los cruceros están llegando a Cabo Rojo y el Fideicomiso Pro-Pedernales acaba de entregar las riendas del proyecto a un consorcio privado de raigambre nacional. Este paso marca un hito trascendental al confirmar el potencial de desarrollo del turismo en la zona. Pero se impone diafanizar los detalles de esa entrega para irradiar mayor transparencia a ese histórico destete.

Hasta el momento de la entrega de las riendas el proyecto era dirigido y gestionado por el Comité Administrativo del Fideicomiso Pro-Pedernales. En vista de que al fisco le resultaba retador mantener el flujo de recursos de inversión, ese Comité decidió buscar un “socio estratégico” que invirtiera sus propios recursos para avanzar el desarrollo del proyecto. Después de intentos fallidos, finalmente el mencionado consorcio ganó la licitación el pasado año y ahora se apresta a detonar su participación. Según la plataforma del citado Fideicomiso y los reportes de prensa provenientes de FITUR 26, la empresa conocida como Consorcio de Cabo Rojo asumirá “la dirección y gestión” del proyecto. Este es lidereado por el exitoso Grupo Punta Cana, el cual será acompañado por las AFI Reservas y AFI Popular. Pero no se explica si las fiduciarias son socias del Consorcio. Su rol de tenedoras del patrimonio fideicomitido lleva a pensar que no, pero se requiere una explicación de porque las meten en ese bulto.

La incorporación de AFI Popular es una sorpresa. Según la plataforma del Fideicomiso, la AFI Reservas será el “gestor fiduciario” del proyecto. Eso implica una responsabilidad por la custodia y administración del patrimonio fideicomitido: lo cual incluye la gestión y supervisión de todas las obras de infraestructura hasta ahora financiadas con dinero del Estado y la gerencia de los 36.6 millones de metros cuadrados que fueron asignados por el gobierno al proyecto de marras.  Sin embargo, al ser el Fideicomiso el fideicomitente de esos activos la AFI Reservas debía regirse por las decisiones del Comité Administrativo del Fideicomiso. Como en su gran mayoría ese Comité está integrado por ministros, se puede asumir que este ha actuado mancomunadamente con el gestor fiduciario. ¿Hasta qué punto el Comité le ha trazado pautas al gestor fiduciario y viceversa? En ese esquema no quedaba claro quien gobernaba a quien.

Por lo poco que ha percolado en la prensa, no está claro quien ahora dirigirá la orquesta. Se ha afirmado que el líder del Consorcio será el Grupo Punta Cana y que el Consorcio será un socio minoritario del Fideicomiso. Esto podría desconcertar a algunos analistas porque los socios mayoritarios son siempre quienes trazan pautas. Pero en este caso la batuta la puede tener el socio minoritario, tal y como es el caso con la empresa EGE-Haina donde los privados son los gerentes que toman las decisiones. No queda claro hasta qué punto el Consorcio actuará como socio operativo, director y gestor. Lo que causa más confusión es si ese rol del minoritario en este caso ha significado un simple contrato de gerencia, sin hacer ningún aporte al capital accionario del Fideicomiso o de la AFI Reservas. Al anunciarse la selección del Consorcio se dijo que el próximo paso era la firma de un contrato entre este y el Fideicomiso, pero no hay indicios de que ese contrato se firmó o existe. Un reporte de prensa dice que el “Comité Administrativo del Fideicomiso Pro-Pedernales también autorizó el inicio de la Fase III del proceso FID-SE-0001, que contempla la negociación y firma de los contratos entre el Estado dominicano, a través del fideicomiso, y el Consorcio Cabo Rojo.” ¿Dónde se puede ver ese contrato?

Conviene que las autoridades diafanicen los compromisos asumidos por el Consorcio. “Por ejemplo, mientras el periódico HOY informó en primera página que el Consorcio de Cabo Rojo haría una inversión de unos RD$7,000 millones –lo que equivale a unos US$116 millones— eso no resulta compatible con los US$600 millones que aspiraba originalmente el Fideicomiso de su socio estratégico. Lo segundo es que se ha alegado que el Consorcio sería el encargado del manejo total del proyecto, pero afortunadamente el presidente del GPC aclaró que eso era responsabilidad principal del Fideicomiso. También se ha reportado que el Consorcio sería socio minoritario, pero no se aclara cuál sería su aporte para adquirir parte del accionariado. ¿Será el GPC quien opere los dos hoteles estatales en construcción?  ¿Comprara el Consorcio los terrenos de AFP Reservas para construir sus hoteles? ¿Quién fijara su ubicación y los precios? ¿Tendría eso que ser el resultado de una negociación entre el Consorcio y el fiduciario? ¿Se debe suponer que en tales negociaciones no intervendría el Comité Administrativo del Fideicomiso?

Ha sorprendido que, según los reportes de prensa, ahora aparezcan las dos fiduciarias como parte del Consorcio. ¿Es que el Comité Administrativo del Fideicomiso emitió alguna decisión que ampare la incorporación como gestor fiduciario de la AFI Popular? En vista de que no se ha revelado ningún acuerdo entre el Estado y la AFP Popular cabe pedir una explicación de su participación y qué rol jugará. ¿Es que el Fideicomiso Pro-Pedernales ha confiado activos estatales a esa fiduciaria privada? Se entiende que lo haya hecho con AFI Reservas, pero desconcierta el rol aparentemente asignado a ese otro gestor fiduciario. Y sorprende aún más que, según los reportes de prensa, lo hayan incluido como parte del Consorcio. ¿Qué activos aportará la AFI Popular, si alguno? El involucramiento de una filial del Banco Popular es algo positivo, pero se requiere que se aclare su rol.

Según Sigmund Freund, el director ejecutivo honorifico del Fideicomiso Pro-Pedernales, al terminar la gestión del presente gobierno “Cabo Rojo contará con más de 2,000 habitaciones en los distintos complejos hoteleros y habrá generado más de 15,000 empleos”. Mientras, se reporta que “persisten las críticas por la demora en su avance, despertando el escepticismo de los inversores, que en los últimos años han sido reacios a comprometer grandes capitales por el alto nivel de riesgo del negocio.” Afortunadamente, el involucramiento del Grupo Punta Cana augura un despegue que desencadenará las inversiones anheladas. Tal vez ayude que el traspaso del proyecto se realizó en Madrid el Dia de la Altagracia.