Sin restarle valor a las maneras como reaccionamos ante los hechos de violencia: aumentando la vigilancia y el patrullaje, pedir penas más severas, abrir debates acerca de las reformas legales, etc., la pregunta pendiente sigue siendo ¿cuáles condiciones sociales harían menos probable que la violencia siga siendo la noticia del día?
La mayor parte de los esfuerzos realizados desde el Estado están más centrados en el llamado “combate contra la violencia”, pero en mucho menor medida la discusión acerca de las condiciones que favorecerían la convivencia y la diferencia, es evidente: la primera se orienta a contener el daño, la otra, evitar que éste llegue a producirse.
La investigación científica ofrece evidencias importantes sobre este tema. Las sociedades con menores niveles de violencia no son necesariamente las que poseen los sistemas penales más severos, sino aquellas que han desarrollado políticas públicas y acciones que generan bienestar, confianza y cohesión social.
Desde el campo de las ciencias sociales como la psicología, la sociología, la economía, la criminología, como incluso la salud pública, con perspectivas y explicaciones diversas, convergen en un mismo hallazgo: la violencia disminuye cuando aumentan las oportunidades para vivir con dignidad.
Albert Bandura, connotado psicólogo canadiense, desarrolló su teoría del aprendizaje social, la que demuestra que la violencia se aprende por observación y repetición, sobre todo cuando esta sigue referentes cercanos. Tendría el efecto distinto si el modelo se caracterizara por la cooperación, la solidaridad y el respeto.
Los estudios de James Heckman, premio Nobel de Economía (2000), profesor Titular y director del Centro para la Economía del Desarrollo Humano de la Universidad de Chicago, señalan que la inversión pública en la primera infancia produce beneficios que acompañan a las personas durante toda su vida y en muchos aspectos.
Richard Wilkinson y Kate Pickett, en su obra Desigualdad: Un análisis de la (in) felicidad colectiva (2009), sostienen la teoría de que la desigualdad de ingresos daña de forma directa la salud y la cohesión social, provocando peores resultados en salud mental, violencia y movilidad social con independencia, incluso, del nivel de riqueza promedio social.
La pobreza importa, sin duda, pero la desigualdad erosiona el tejido social pues debilita la percepción de pertenencia y de justicia, según los investigadores. La sociedad dominicana muestra niveles alarmantes de desigualdad social, fomentando con ello la frustración social, y convirtiéndola en una bomba de tiempo.
Los trabajos del politólogo estadounidense Robert David Putnam, sobre la teoría del capital social y el de eficacia colectiva, permiten comprender por qué algunas comunidades que enfrentan limitaciones económicas pueden lograr contener la violencia, gracias al desarrollo de la confianza mutua, fomentando la participación ciudadana y la capacidad de organizarse para proteger los espacios comunes.
Los estudios de Ignacio Martín-Baró, psicólogo social, filósofo y sacerdote jesuita, señalaron que la agresión no es solo un impulso individual, sino el producto sostenido por sistemas de desigualdad social, opresión y polarización política, que se constituyen en violencia estructural; así la violencia penetra la vida cotidiana, deforma la salud mental y termina legitimándose ideológica y mentalmente.
Está claro que la seguridad ciudadana no empieza ni se asegura únicamente por la presencia policial y más si esta última es parte del problema. Su génesis inicia con una familia que educa con afecto y límites; una escuela que desarrolla capacidades socioemocionales; y comunidades que se organizan y crean redes de apoyo.
Por supuesto, hay que contar con políticas públicas que reduzcan efectivamente la exclusión social; como también el desarrollo de programas de prevención de salud mental accesibles a toda la población. En fin, contar con instituciones públicas que inspiren confianza por su actuación caracterizada por la transparencia y la justicia.
En este último aspecto he de señalar que en los dos estudios internacionales sobre educación cívica y ciudadanía realizados en el país en 2009 y 2016 con muestras de estudiantes de octavo grado, la policía nacional, los tribunales de justicia y los partidos políticos, fueron las instituciones de menor confianza para ellos. Podemos imaginar lo que esto significa.
Cuando hablamos de bienestar social no ignoramos ni la responsabilidad personal, ni la aplicación de la ley. Pero se trata de comprender que una sociedad no puede aspirar a eliminar o reducir de manera sostenida la violencia si, al mismo tiempo, mantiene condiciones que alimentan la desesperanza y la exclusión social.
La apuesta por el bienestar social debe ser visto como una estrategia de política pública, pero, sobre todo, como un imperativo ético, pues supone crear las condiciones necesarias para que todos los y las ciudadanas desarrollen sus capacidades y, junto con ello, puedan vivir con dignidad y dignamente.
La promoción del bienestar social significa enarbolar la beneficiencia como la no maleficencia como principios, previniendo daños previsibles; levantar la bandera de la justicia demanda reducir desigualdades que perpetúan la exclusión. Es por estas razones y otras que planteamos que construir bienestar es un imperativo ético.
No se trata de construir un país menos violento, la tarea es apostar por una sociedad donde la violencia sea la respuesta probable porque el bienestar, la esperanza y la justicia se hayan convertido en la experiencia cotidiana de la mayoría de sus conciudadanos. Enarbolemos la paz con justicia como convivencia preferible.
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