La organización Antigua Orden Dominicana realizará una marcha este próximo domingo 30 de marzo, en el “Hoyo de Friusa”, Punta Cana. Esta manifestación ha causado mucha atención pública, debate y tensiones.
“El Hoyo de Friusa” está ubicado en el paraje de Bávaro, del Distrito Municipal turístico de Verón, Punta Cana, provincia La Altagracia. Este lugar es conocido en todo el país por la gran población de migrantes haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana que han hecho vida allí, debido a que la zona turística de Punta Cana necesita mano de obra para la construcción de calles, hoteles y otras infraestructuras.
El objetivo de esta marcha, según algunos de sus convocantes es penetrar a “El Hoyo de Friusa” con pancartas y de manera "pacífica" para reclamar que se vayan los migrantes haitianos irregulares. Sin embargo, hay otros convocantes que han planteado la idea de llevar armas blancas y de fuego para desalojar a los haitianos.
La marcha ha recibido el apoyo de diversas personalidades de los medios de comunicación y partidos políticos. Uno de ellos es el excandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martinez, que, aunque dijo que no asistirá, apoyó mediante sus redes sociales y medios de comunicación.
El Estado dominicano tiene un gran reto este día. Garantizar el orden público y evitar que los manifestantes provoquen a los migrantes haitianos es uno de ellos. El otro reto, y el más importante, es enfrentar la incitación del discurso de odio y violencia de los convocantes.
¿Cuál posición debe asumir el Estado cuando el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, del derecho a reunión y del derecho de protesta, se hace incitando al odio racial, a la violencia y a la discriminación?
La Constitución dominicana se fundamenta en el respeto de la dignidad humana de todas las personas. En ese sentido, es responsabilidad esencial del Estado proteger la vida, seguridad personal y todos los derechos fundamentales.
El discurso de odio, la incitación a la violencia y la discriminación por razones de nacionalidad está prohibido en la Constitución dominicana y en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos. Esta prohibición constitucional se encuentra en los artículos 38, 39 y 42. Asimismo, en el pacto, el artículo 20.2 señala la prohibición de “toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad y la violencia”.
Si bien es cierto que los manifestantes tienen derecho a la libertad de expresión y difusión del pensamiento, hay limites a este derecho. Difundir odio racial es uno de esos límites legales. No se puede confundir libertad de expresión con derecho a discriminar u odiar un grupo de personas.
Muchas interrogantes surgen sobre cuál debería ser el papel del Estado ante esta marcha. ¿El derecho a libertad de expresión es ilimitado? ¿Debe el Estado dominicano garantizar el derecho a protesta consagrado en la Constitución dominicana? ¿Cuál posición debe asumir el Estado cuando el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, del derecho a reunión y del derecho de protesta, se hace incitando al odio racial, a la violencia y a la discriminación?
Las respuestas a estas preguntas son muy diversas, pero si reflexionamos con un enfoque de derechos humanos y derechos fundamentales, no es tan difícil concluir que no hay derecho a incitar el odio, a la violencia y a la discriminación por temas de nacionalidad o raciales.
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