Dos figuras políticas estadounidense le han brindado en bandeja de plata al presidente dominicano Luis Abinader la oportunidad de reafirmar la verdad sobre la existencia de millones de nacionales haitianos legales e indocumentados viviendo en el país.
El senador republicano del Estado de la Florida, Marco Rubio, denunció al mundo en abril de 2024 que la administración del expresidente Joe Biden presionó al gobierno dominicano para que abriera las fronteras que separan ambas naciones para que ingresaran 3 millones de haitianos.
El senador estadounidense lo dijo con propiedad, firmeza y seguro de que no sería desmentido.
Horas más tarde, el presidente Luis Abinader desmintió la información asegurando que nunca recibió presión del gobierno de Washington (2020-2024) para que recibiera nacionales haitianos en su territorio.
“No hemos recibido presión, tampoco la aceptamos. El presidente Biden y la Casa Blanca en ningún momento han hecho presión directamente por lo menos a República Dominicana”, fueron partes de su respuesta.
Lo que no se habla es que esa presión no solo estaba llegando de la administración Biden; se afirma que también se recibía de la Comunidad Económica Europea (CEU) que promueve a nivel internacional la política globalista de fronteras abiertas con su agenda 2030.
Todos sabemos que esa política migratoria fue aplicada por administración demócrata en los Estados Unidos hoy rechazada con rudeza por la administración republicana de Donald Trump.
Es casi seguro que esa presión de los demócratas no fue exclusiva para el gobierno de Luis Abinader, sino también para las pasadas administraciones que encabezaron los expresidentes Danilo Medina, Hipólito Mejía y Leonel Fernández.
Como la resistencia o rechazo público no salió de la presidencia sino de grupos nacionalistas “anti haitianos” dominicanos con marchas de protestas al borde de la violencia a nivel nacional, fue entonces que el presidente Abinader junto con el expresidente Mejía convocaron el pasado 14 de mayo la famosa reunión privada con Danilo y Leonel en el Ministerio de Defensa en busca de una salida política.
Se cree que el número de nacionales haitianos en República Dominicana sobrepasa ya los tres millones.
Lo denunciado por el senador Rubio encaja perfectamente. Pero lo desmintió el presidente Abinader.
El país tiene ya a Leah Campos-Schandlbauer como la nueva embajadora estadounidense en Santo Domingo. Religiosa católica confesa. Experta en política internacional y ex oficial de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Ya en el ejercicio de sus funciones diplomáticas, y en su primer discurso ante la Cámara Americana de Comercio de República Dominicana, la embajadora estadounidense revoleteó las avispas en la opinión pública al reafirmar lo que ya había dicho el senador Marcos Rubio, en la Florida.
¿Cuál será ahora la opinión del presidente dominicano ante lo reafirmado por la embajadora de Estados Unidos en el país? ¿De quién es la verdad absoluta?
Mientras se descubre, el presidente Abinader tiene el compromiso de actuar con mano dura contra la emigración ilegal haitiana acorde a la Ley de migración, los mandatos de la Constitución y la soberanía dominicana que parecen muy acordes a la nueva política migratoria de la administración de Donald Trump.
Para la diplomática estadounidense Leah Campos, al igual que para el presidente Donald Trump, la crisis haitiana es una amenaza directa para la nación dominicana y los propios Estados Unidos.
El presidente dominicano, en más de una ocasión, ha alzado su voz en cada reunión con organismos internacionales reclamando una mayor intervención de los líderes de gobiernos globales en la búsqueda de una solución definitiva al problema político y económico de Haití que afecta directamente a la República Dominicana e indirectamente otras regiones como los EE.UU.
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