Es una pena que discusiones de leyes o de modificaciones de estas se realicen a toda máquina, por una urgencia en algunos casos inventada, o únicamente sentida por quienes están interesados en el negocio de que se trata, o en los ingresos que se derivarían de esta, o en postergar mandatos obligatorios que simplemente no se hizo nada por cumplirlos, y que luego de la primera prórroga correrán la misma suerte.

Y eso es lo que está sucediendo con la modificación de la Ley 225-20 de Gestión Integral de Residuos Sólidos, detrás de la cual se advierte un inusitado interés en que sea aprobada, para lo cual en la Cámara de Diputados han aceptado cambiar algunos aspectos para vencer las objeciones más poderosas, pero no se ha comprendido, o no se desea comprender, que si de lo que se trata es de gestión de residuos y de contaminación lo primero que tendría que cambiarse en esa Ley es la manera injusta y apartada  de los estándares que se adoptó para financiar al fideicomiso creado por esta mediante una contribución económica que se paga no en razón de la cantidad de residuos que se genera, sino de los ingresos anuales  de sociedades comerciales, concepto ahora extendido  a asociaciones sin fines de lucro, fideicomisos y fondos de inversión, aunque esa persona jurídica o patrimonio autónomo no genere residuos o genere muy pocos, con la paradoja además de que muchos de los que más generan o contaminan simplemente deducirán esta contribución de sus rentas brutas, lo que quienes no reciban beneficios no pueden hacer.

La poca racionalidad detrás de esa contribución queda evidenciada con los bruscos cambios que se han propuesto, pues en el caso de quienes tienen ingresos de más de 10 millones de pesos esta fue llevada sorpresivamente en los albores de este año de RD$260,000.00, conforme la ley vigente a 10 millones de pesos, suma que en la Cámara de Diputados se ha bajado a RD$675,000.00; reducción que por demás se dio solo para los más grandes y  no así para los más pequeños, pues en el tramo inferior de hasta un millón en ingresos y en el siguiente  de un millón uno hasta 10 millones, y el próximo de 25 millones uno hasta 50, la contribución aumentada en el Senado, fue nuevamente aumentada  en la Cámara de Diputados, y aunque pueda alegarse que son cifras menores que las del tramo superior, serán una carga fija más que se les sumará, y lo peor, sin una justificación objetiva bajo el principio fundamental de la responsabilidad ambiental de que quien contamina paga.

Como la intención original era de generar ingresos de más de 19 mil millones, proyecciones bajadas a poco más de 9 mil millones, y la suma a ser percibida por cada habitante por los ayuntamientos incluida en el Senado solo bajó diez pesos de 30 a 20 en la revisión de los diputados, esto provocará una gran presión de dinero y es casi seguro que al cabo de poco tiempo nuevamente intentarán continuar con la espiral de aumentos, sobre todo porque la contribución del Estado iniciará en el año 2026 con un 0.25%  la cual aumentará cada año  hasta alcanzar en el 2030 la cifra de 1%, pero si el Estado ha tenido dificultad para cumplir con la asignación de los ingresos nacionales que por ley corresponde a los ayuntamientos de la cual cubre apenas alrededor de un 3%, nada asegura que pagará esta contribución con las restricciones presupuestarias existentes.

La prisa con que se quiere aprobar esta ley olvida que nuestra verdadera urgencia es la vulnerabilidad de nuestro territorio insular y las terribles consecuencias de un cambio climático que por más que negacionistas quieran soslayar, manifestaciones tan brutales como la invasión del sargazo que tiñe de oscuro las claras aguas de nuestras playas y llenan de pestilente olor su entorno, o las repentinas  bombas de agua y tormentas que provocan tragedias humanas nos demuestran que es una triste realidad. Al echarse las palomas nuestros legisladores quieren aprobar sin prestar la debida atención una modificación a la ley de residuos que solo se centra en recaudar más, proteger intereses y en mantener vivos ciertos contaminantes sin fomentar generar menos residuos, pero la basura por más que se quiera esconder sale a flote, y su irresponsable actitud postergando plazos que relajan la seriedad de las metas perseguidas seguirá tristemente quedando evidenciada en las toneladas de desechos que arrastran nuestros ríos y que desembocan en la arena de nuestros mares.

Marisol Vicens Bello

Abogada

Socia de Headrick Rizik Alvarez & Fernández desde el año 2000. Miembro del Comité Ejecutivo del CONEP, Asesora legal de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD). Fue presidente de COPARDOM y de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE).

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