La inseguridad ciudadana y la carestía de la vida son los más acuciantes flagelos que sufre hoy el pueblo dominicano. Así lo señalan no sólo las encuestas, sino que el señalamiento emana también de muchos programas de radio y televisión. El gobierno está tratando de responder a esos desafíos aparentemente indomables con los recursos convencionales a su alcance, incluyendo el involucramiento directo del presidente de la República. Pero para lograr un contundente éxito será necesario buscar soluciones complementarias que sean innovadoras y más efectivas.
Según una autorizada fuente: “La inseguridad ciudadana se define como el temor a posibles agresiones, asaltos, secuestros, violaciones, de los cuales podemos ser víctimas. Hoy en día, es una de las principales características de todas las sociedades modernas, y es que vivimos en un mundo en el que la extensión de la violencia se ha desbordado en un clima generalizado de criminalidad.” Entre las principales causas se citan la pobreza, familias disfuncionales, consumo de drogas y alcohol, la falta de empleo, la desigualdad social, una deficiente justicia y la pérdida de valores. Aquí, sin embargo, lo que más afecta es la ola de robos y atracos en los barrios de las ciudades.
Por supuesto, en los últimos años hemos visto cómo la Policía Nacional y otras autoridades han montado iniciativas para higienizar algunos de los más importantes barrios de la capital y Santiago. Pero estos no han tenido todo el éxito buscado. Y la cacareada Reforma Policial es un esfuerzo loable del gobierno que tendrá frutos progresivos pero lentos. De ahí que sea necesario intervenir los principales barrios de por lo menos el Distrito Nacional, Santiago, San Francisco de Macorís y La Vega con iniciativas nuevas e innovadoras que contribuyan a domeñar la delincuencia. De especial importancia serán las medidas que prevengan las inconductas de jóvenes que no tienen ni empleo ni estudian.
Un reciente artículo del destacado empresario Franklin Baez Brugal arroja esperanzas. “En Colombia, un país con una triste historia de violencia existe un interesante caso que podría servir de modelo para manejar este complicado tema. Es el de Medellín, considerada en una época como una de las ciudades más violentas y peligrosas del planeta, con una tasa de asesinatos que daba escalofríos. Por la actuación de un alcalde y el involucramiento de la sociedad civil, ese lugar experimentó un cambio tan positivo, que ha sido objeto de más de un estudio. Este cambio se logró, entre otras cosas, utilizando la educación, el arte y la cultura como vehículo, he integrado a los aislados barrios marginados a la ciudad. Se han construido varios centros educativos, centros de arte y bibliotecas en los barrios más peligrosos de Medellín, en esos lugares existe servicio de internet, préstamo de libros, enseñanza de música, pintura y dirección de orquesta, actuando además como punto de encuentro y espacio público de las comunidades aledañas.”
Las autoridades, y más particularmente la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, están retadas a diseñar programas barriales que tengan la inseguridad como blanco principal. Ya esa Comisión ofrece intervenciones en materia de salud, empleo, viviendas, embarazadas, apoyo a iniciativas y actividades barriales, limpieza, educación y deportes. Se desconocen los detalles de cómo surgen las iniciativas para cada barrio en particular, pero lo que se desprende de una inspección de la plataforma de la Comisión es que la misma responde a peticiones o simplemente identifica por sí misma las necesidades. Lo que hace falta entonces es que la Comisión se articule con las organizaciones comunitarias y, junto con ellas, diseñe los planes de intervención que tengan como blanco la inseguridad ciudadana.
A tales fines la Comisión deberá asignar un personal especializado para diseñar mancomunadamente esos planes. Obviamente, la experiencia de Medellín (y de otras exitosas ciudades) debe figurar como uno de los modelos. Pero la ciudadanía deberá sentir que lo que se vaya a hacer será lo que ellos mismos han reconocido como prioridades y que los jóvenes locales logren emplearse en las actividades. El necesario complemento, por supuesto, es la dotación de holgados recursos por parte del gobierno para que los barrios cobren vida y participación. El piloto debe comenzar pronto con 10 barrios en el Gran Santo Domingo, 5 en Santiago, 3 en San Francisco, 2 en La Vega y 2 en San Cristóbal.
En relación con la carestía de la vida la atención prioritaria del gobierno debe concentrarse en la rebaja de los precios de los comestibles en los colmados. Es sencillamente escandaloso que las clases media y alta los compren a precios más bajos porque acuden a los supermercados, mientras los pobres deben acudir a los 95,000 colmados existentes. “Los colmados no tienen la capacidad de comprar directamente a los productores. INESPRE lo logra porque compra a volumen, pero su red de distribución directa a los consumidores es muy escasa. Sus mercados populares y bodegas móviles no dan abasto ni sustituyen a los colmados.” Ya el gobierno ha creado el programa “A Comer: del Campo al Colmado” que está comenzando sus operaciones en el área del municipio de Santo Domingo Oeste. Sin embargo, desconcierta las noticias que reportan que INESPRE ha acudido a la Isla Saona –donde hay menos de 1,300 habitantes– con sus bodegas ambulantes.
El INESPRE es parte del tinglado de entidades gubernamentales que intervendrán en “A Comer”. “Un principal pilar del nuevo programa contempla el uso de las organizaciones de productores. Buscando estabilizar los precios de sus productores miembros recibirán el crédito necesario del Banco Agrícola, además de insumos subsidiados como el urea de los fertilizantes. En el otro extremo del esquema se espera que sean las cooperativas de los minoristas (o dueños de colmados) los que sean los compradores de la producción del campo y/o la industria. Esta sencilla estructura puede variar con la intervención de los mercados municipales, los cuales son actualmente parte de la cadena de intermediarios. Pero se espera que ellos reciban los beneficios de un suministro y unos precios estables que puedan traspasar a las cooperativas.”
El INESPRE debe ser el principal protagonista para que los objetivos de “A Comer” puedan lograrse. Eso exige un total rediseño de la entidad, dejando atrás las prácticas paternalistas de brindar migajas ocasionales a los más pobres y adoptar un rol proactivo en la reducción del precio de los 16 productos en los colmados. Para ello es preciso que en el rediseño institucional se le asignen funciones de principal articulador de las organizaciones de productores y de las cooperativas de los colmaderos. Su objetivo debe ser convertirse en el principal comprador de los productos agropecuarios (y tal vez de otra índole) a fin de conseguir de los productores los mejores precios. La totalidad de la maquinaria de transporte de la entidad deberá entonces estar dedicada a suplir a las cooperativas (y/o a los colmaderos independientes). Es inaceptable que los precios de los 16 productos de “A Comer” sean más altos en los colmados que en los supermercados.
Coger el toro por los cuernos en materia de las dos aciagas polillas reseñadas requiere pensar “fuera del cajón”. La represión policial y los subsidios a los pobres son herramientas legítimas que no deben abandonarse. Pero es preciso ahora ser innovador en el rediseño del esfuerzo gubernamental contra estos desafíos. Nuevas intervenciones barriales y el rediseño organizacional del INESPRE son necesidades urgentes. No se debe seguir dependiendo del aparataje existente porque, aunque las estadísticas oficiales dan cuenta de que la delincuencia y la inflación han disminuido, eso no es lo que la gente percibe en un año preelectoral.