Algunos lectores interpretaron erróneamente en mi artículo anterior que yo estaba de acuerdo que el gobierno dominicano aplicara una amnistía migratoria a favor de indocumentados haitianos imitando la decisión del gobierno de España a favor de 500,000 extranjeros indocumentados.
Mi preocupación es que el gobierno de Luis Abinader imite a su homólogo español Pedro Sánchez, un defensor de los organismos internacionales que promueven la libre circulación de personas entre naciones con su política de fronteras abiertas.
El presidente Luis Abinader se ha alineado más a la política migratoria implementada por el presidente Donald Trump, en los EE.UU, que va contraria a la política de fronteras abiertas de los globalistas.
Abinader ha ampliado y modernizado la verja fronteriza entre Haití y la República Dominicana para frenar el ingreso ilegal de nacionales haitianos a territorio dominicano.
Sin embargo, el número de haitianos indocumentados es cada vez mayor en la capital y provincias de todo el país al “burlar” la vigilancia policiaco-militar que se encuentra a todo lo largo de la zona fronteriza.
La cacería se ha convertido, según denuncias, en un negocio lucrativo que beneficia a cientos de policiales, militares y agentes del departamento migración dominicano que realizan esta mala corrupta en clara desobediencia a la política de deportación implementada por el presidente Abinader.
Según los afectados, cobran a cada haitiano indocumentado entre $15,000 y $20,000 pesos (entre $250 y $300 dólares) por cruzar la frontera dominico-haitiana, luego los apresan en las ciudades y vuelven a pagar una suma igual para que los suelten antes de llegar a los centros de detención.
Todos sabemos que la emigración ilegal está ligada al crimen organizado, red que se dedica a nivel internacional al tráfico humano, armas, drogas y órganos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alega nueva vez que las redadas migratorias contra los nacionales haitianos y dominicanos de ascendencia dominicana “afectan los derechos humanos de las personas en movilidad”, repitiendo con ello la misma retórica de los globalistas.
A este organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), le molesta que el gobierno dominicano realice deportaciones masivas e imponga controles migratorios en hospitales públicos que afectan a los nacionales haitianos indocumentados.
Por suerte, el presidente Abinader, defendió públicamente su derecho de aplicar las políticas migratorias del país conforme a las leyes y la Constitución y en defensa de la soberanía dominicana.
Lo malo es que sus órdenes no son cumplidas a cabalidad por una buena parte de los que están obligados a hacer cumplir las leyes migratoria de su gobierno, como si existiera un doble discurso, uno público y otro privado, para poder estar bien con Dios y con el diablo.
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