75 aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados

El 75 aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, conmemorado el pasado 28 de julio, nos encuentra ante una realidad global sombría en materia de protección de personas solicitantes de asilo, refugiadas, desplazadas internamente, apátridas y otras. El Informe Anual de Tendencias Globales 2025 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) muestra que, aunque el número de personas desplazadas por la fuerza descendió por primera vez en una década, gracias al retorno de 14.7 millones de personas desplazadas por la fuerza a sus hogares, muchos de los retornos ocurrieron bajo presión y en contextos extremadamente frágiles. Afganistán, Sudán y Siria concentraron la mayoría de estos retornos. Paralelamente, el financiamiento humanitario para la respuesta a las personas refugiadas ha caído a niveles tan bajos que millones de personas se están quedando sin el apoyo que necesitan para reconstruir sus vidas.

Antes de profundizar en estos elementos, es útil recordar el marco histórico. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados fue aprobada el 28 de julio de 1951 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su artículo 43 estableció que entraría en vigor 90 días después del depósito del sexto instrumento de ratificación o adhesión, lo que ocurrió en abril de 1954. A esta Convención le siguió el Protocolo de 1966, que entró en vigor en octubre de 1967 y que resultó fundamental para eliminar las restricciones geográficas y temporales originalmente previstas en la Convención de 1951. Todo esto, en un contexto post Segunda Guerra Mundial.

A finales de 2025, y en vísperas del 75 aniversario, el número total de personas desplazadas por la fuerza ascendía a 117.8 millones, según las cifras del ACNUR. Un número mucho más alto que el que dejó la Segunda Guerra Mundial. Estas son 117.8 millones de personas, de hombres, mujeres, niños, niñas, vecinas, amigas, madres, padres, hermanos, compañeros y compañeras de trabajo, todos obligados a huir, que en demasiados casos no encuentran en sus lugares de destino los mecanismos de protección necesarios para reconstruir sus vidas con dignidad. Contrario a lo que se piensa, la mayoría de estas personas no se encuentran en Estados Unidos, ni en países de Europa.

Desde 2025, ACNUR viene advirtiendo que los recortes profundos de financiación están desmantelando apoyos esenciales para las personas refugiadas. Los ejemplos que brinda el ACNUR deberían de generar alarma: En Sudán del Sur, el 75% de los espacios de ACNUR para mujeres y niñas han dejado de operar, dejando a hasta 80,000 víctimas de violación o violencia sin atención médica, asistencia legal ni apoyo económico. En Jordania, 200,000 mujeres, niñas y niños vulnerables se han quedado sin asistencia tras el cierre de 63 programas humanitarios especializados. En Burkina Faso, República Centroafricana, Chad, Camerún, Mali y Nigeria, se han cortado los programas para prevenir la violencia contra las mujeres, afectando directamente a supervivientes de violencia y violación. En Mali, la suspensión del registro biométrico para 19,800 solicitantes de asilo les ha negado el reconocimiento legal y el acceso a trabajo o servicios públicos[1]. La lista de ejemplos devastadores continúa.

Al mismo tiempo, en República Dominicana, el sistema de asilo descansa sobre dos decretos que ya se encuentran desfasados: el Decreto No. 1569, del 1983, mediante el cual creó e integró la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), y el Decreto No. 2330, del 1984, que crea el Reglamento de la CONARE. Para un país que ratificó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo, estamos a años luz de tener un sistema de asilo que esté a la altura de los sistemas de la región. Personalmente, he trabajado en países que, sin haber ratificado la Convención o el Protocolo, despliegan mucha más voluntad política de proteger a las personas que huyen de sus países de origen porque su vida depende de ello. Urge que el gobierno dominicano reforme el sistema de asilo y establezca uno que esté verdaderamente a la altura de los estándares internacionales y regionales en la materia, poniendo a las personas refugiadas al centro.

Ahora bien, sin duda alguna, el recorte de financiamiento o el desfase normativo no son los únicos problemas. Son, en realidad, síntomas. El avance de políticas regresivas, restrictivas y excluyentes en distintas partes del mundo ha impulsado el desmantelamiento de sistemas de protección para personas en situaciones de riesgo y vulnerabilidad, incluyendo solicitantes de asilo, refugiadas, desplazadas internas y apátridas. Se erosiona la solidaridad internacional, se socavan los derechos humanos y se impone la lógica del mito de la amenaza a la seguridad nacional por encima del bienestar colectivo.

A ello se suma la narrativa de que no deben priorizarse recursos para la ayuda humanitaria exterior, mientras los presupuestos militares alcanzan niveles históricos. Se invierte en la guerra, se abren nuevos frentes y, al mismo tiempo, somos testigos del genocidio más televisado de nuestra era. Todo esto genera desplazamiento forzado. Las personas huyen para proteger su vida. Mientras son bombardeadas, perseguidas y violentadas, las puertas de la protección se cierran. Y eso me parece absolutamente trágico.

Este panorama exige una reflexión profunda sobre el mundo (y país) en el que vivimos, pero, sobre todo, sobre el mundo (y país) en el que queremos y aspiramos a vivir.

[1] ACNUR: La crisis de financiación aumenta los riesgos de violencia, peligro y muerte para los refugiados. Recuperado de: https://www.acnur.org/noticias/notas-de-prensa/la-crisis-de-financiacion-aumenta-los-riesgos-de-violencia-peligro-y-muerte-para-los-refugiados