Una de las desgracias de las cinco provincias que delimitan la frontera dominico-haitiana (Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón y Montecristi) es su lejanía, el eterno destierro o relegación por parte del Estado y la ausencia en los discursos de opinantes mediáticos metropolitanos, incluso cuando hablan fervientemente de patriotismo y haitianización del territorio. La exclusión es brutal.
Pese a su ubicación geopolítica estratégica, luce que estas comarcas no existen en lo concreto. Ni pertenecen a Haití, ni a República Dominicana.
Así que, como tierra de nadie, diferente a los años anteriores a los 70 del siglo XX cuando era un castigo el traslado de un guardia hacia la frontera, hoy representa un premio que todos ansían. Ante tan vulnerabilidad construida, ya todo se vale para llenar las arcas de dinero y vivir la vida que tanto prestigio da. La cadena para la ejecución de esas mañas es larga y está bien reforzada, más de lo que se piensa.
Y ahí está una las causas principales del cáncer metastásico de la corrupción con el tráfico de indocumentados y otras cositas hacia el oriente de la isla La Española.
Miremos el caso Pedernales, de alta sonoridad por el proyecto turístico oficial con ancla en Cabo Rojo, 23 kilómetros al sureste del municipio cabecera.
De acuerdo a una nota sobre datos oficiales publicada por HOY el 25 de marzo, bajo la firma del periodista económico Ubaldo Guzmán, Pedernales recibió cero inversión de ejecución presupuestaria en enero; y en febrero, solo 3.7 millones de pesos, la más baja de todas las provincias. Hermanas Mirabal recibió 7.3 y Baoruco, 7.8 millones.
Entre las provincias turísticas, La Altagracia, 249 millones; Puerto Plata, 194; La Romana, 129; María Trinidad Sánchez, 316.6; El Seibo, 96.2; Samaná, 89.5; Distrito Nacional, 511.6 millones de pesos.
El índice de calidad de vida en Montecristi es de 51.8, Dajabón, 52.3, Elías Piña, 38.2, Independencia, 48.5; Pedernales, 49.
El mapa de proporción de hogares en situación de pobreza, según el estatal Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), años 2017-2018: Montecristi, 63; Dajabón, 54; Elías Piña, 78; Independencia, 62; Pedernales, 61.7.
En 1988 el gobierno presidido por Joaquín Balaguer inauguró 100 casitas de cemento en Aguas Negras, 102 en Mencía y 100 en La Altagracia, comunidades agrícolas en Sierra de Baoruco, hoy Distrito Nacional José Peña Gómez (Ley 298 del 25 de agosto de 2005). Además, edificó 25 viviendas en la sección Las Mercedes (área de bauxita y tierras raras), a diez minutos de Cabo Rojo. https://acento.com.do/ecologia/comunidades-agricolas-en-sierra-baoruco-pedernales-se-quedan-sin-dominicanos-9249962.html.
Conforme el Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, el DM cuenta con 9,701 personas, pero se estima en solo 800 los dominicanos frente a unos 10,000 haitianos.
En cuanto a las viviendas, muchas se han deteriorado al extremo. Otras fueron vendidas a “precio de vaca muerta” por foráneos que “olfatearon” el futuro. Están casi todas ocupadas o atendidas por haitianos. Sobre Las Mercedes, ni hablar. Hay escasos dominicanos.
Bajo ninguna circunstancia, sin embargo, sería saludable despacharse con la ligereza de asegurar invasión haitiana en esos sitios, ni en el resto del país, salvo que queramos huir a la verdad.
En realidad el Estado ha construido un proceso de desinversión y, por tanto, de empobrecimiento continuo de tales comunidades, el cual ha provocado, a su vez, el despoblamiento o desdominicanización por la imposibilidad de su gente de producir y vivir como seres humanos.
No hay forma de vivir dignamente con carretera y caminos interparcelarios insufribles; falta de incentivos, de servicios como agua, educación, salud y electricidad (ven la luz eléctrica algunas horas por una turbina que sirve de hidroeléctrica, reparada con recolección de fondos de los mismos comunitarios).
Ante el vacío, allí han instalado decenas de familias haitianas que trabajan las fincas y cuidan las casas. Los propietarios han bajado al municipio, o, sencillamente, se han marchado de la provincia. Razones de sobrevivencia.
Para los haitianos, en cambio, habitar en esa precariedad sabe a gloria, toda vez que -en Haití- viven agobiados por la miseria, la carencia de viviendas, agua, salud, educación, empleos y garantía para sobrevivir a los ataques mortales de las pandillas creadas por los mismos políticos y empresarios ante la indiferencia de entidades internacionales inoperantes para lo que conviene, como ONU (Minustah), OEA, Amnistía Internacional y demás entelequias cuya dirigencia vive como jeque árabe.
En el municipio capital de la provincia, Pedernales, el mismo panorama. Amén del frente marino recién iniciado tras años de reclamo, poco se ha hecho.
Años exigiendo un nuevo edificio de oficinas públicas porque el actual, hecho a la carrera por el Gobierno tras el huracán Inés del 29 de septiembre 1966, hace rato que manda señales tenebrosas de desplome sobre las cabezas de empleados públicos.
Igual la lucha por la reparación de las viviendas construidas entre 1955 y 1957 por el ingeniero Wascar Pimentel, por orden de Trujillo, y las de barrio Inés y Miramar, levantadas por la gestión de Balaguer luego del Inés. Tal vez atiendan el clamor cuando un techo se caiga y sepulte a una familia.
Años exigiendo un centro de reclusión para eliminar el antro preñado de hacinamiento que afrenta al pueblo porque es un galpón que dejaron los ciclones de la fortaleza construida en el primer lustro de los años 30. Exigiendo, además, la carretera Barahona-Pedernales aunque sea con imitación de autovía; y la conexión con Duvergé, a través de la sierra.
Pedernales solo tiene una vía de entrada y salida, y es un peligro público. No se ve el final.
Llevamos décadas reclamando un estadio de béisbol para jóvenes y adultos, la remodelación del play de pequeñas ligas construido a inicios de los 70 (primero del país) y la construcción de un centro cultural.
Años exigiendo complejos habitacionales para los pobres y así evitar la arrabalización de la periferia; un sistema de alcantarillado pluvial y sanitario, un relleno sanitario para correcta recolección, tratamiento y disposición de los desechos sólidos.
Oviedo, el otro municipio, semeja una aldea donde la mano de la autoridad no tocó en medio siglo.
En pleno siglo XXI carece de agua potable, ni adentro ni afuera de las viviendas. Salvo una o dos mansiones privadas, la cara del pueblo son las casitas hechas de emergencia cuando el ciclón Inés se llevó al poblado a orillas de la laguna. No hay lugar para el entretenimiento, ni para socializar las experiencias socioculturales. En su paraje Tres Charcos, sabana Sansón, camino a Pedernales, la empresa española Acciona avanza con el aeropuerto internacional para el proyecto Cabo Rojo.
La situación real de la provincia suroestana Pedernales, como la de sus pares fronterizas, no está en la agenda mediática. La gran deuda social acumulada y la ridícula amortización, más los riesgos de turistificación y gentrificación, perpetúan la pobreza, ponen en manos de poderosos los intereses particulares y colectivos y amenazan con que el amor turismo termine turismofobia.
No es fortuito que ahora una familia con apellido sonoro en la capital alegue que la parcela 40, o sea, casi el pueblo entero, es de su propiedad.
A lo más que se llega es a repetir sin el mínimo rigor y sin conocimiento del terreno, que el pueblo se salvó con el turismo y que los cruceros se ven bonitos. A decirnos que hemos sido “bendecidos por Dios” en vista de la existencia de tierras raras y la bauxita.
El discurso sobre invasión de haitianos, regulación migratoria y “defensa de la patria”, paradójicamente, puentea al principal guardián de la frontera: sus provincias, las personas que, pese a los pesares, se han atrevido a sobrevivir allí.
Eso es grave y manda a un replanteamiento serio y urgente, si no se quiere dejar la percepción de que solo se busca sonido, apuesta a la creación de una burbuja para la distracción o que tales extranjeros sean replegados desde donde ya apestan hasta las provincias fronterizas.
En honor a la verdad, tales temas deberían pasar por analizar la situación socioeconómica y cultural de la gente de ese trozo del territorio dominicano y exigir de manera sostenida soluciones hasta lograr la acción pública. Fuera de ahí, un sinsentido.
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