El canario en la mina

El sufrimiento de los grupos más marginados “es la primera señal de un peligro 

que nos amenaza a todo el mundo”. Lani Guinier y Gerald Torres 

Hay libros que nos mueven el piso y nos abren la cabeza. Y a veces la vida se pasa tres pueblos y nos regala conocer a la gente que los escribió. Eso me pasó hace más de 20 años cuando leí The Miner’s Canary: Enlisting Race, Resisting Power, Transforming Democracy (El canario en la mina: incorporando la raza, resistiendo el poder, transformando la democracia) escrito por dos importantes figuras del derecho en EEUU, Lani Guinier y Gerald Torres. Guinier era reconocida como una de las abogadas más importantes de EEUU y fue profesora de la escuela de derecho de la Universidad de Harvard donde conocí su trabajo mientras hacía la maestría en políticas públicas de la universidad. Cuando leí su libro no me imaginaba que dos años más tarde tendría el honor no solo de conocerla sino de ser oyente en una de sus clases y aprender en persona de esta mujer tan brillante. 

Guinier y Torres publicaron El canario en la mina en un momento político similar al que estamos viviendo. Cuando el libro salió en el 2003, el gobierno de George W. Bush intimidaba a los medios, la academia y al pueblo estadounidense para que aceptaran sin protestar que invadir Afganistán y luego Iraq era la única respuesta posible al atentado del 11 de septiembre. A quienes se atrevían a hacer preguntas o contradecir al gobierno se les tildaba de anti-estadounidenses bajo el famoso eslogan de que “si no estás de nuestro lado, estás en nuestra contra”, como si esas dos posturas fueran las únicas opciones posibles. 

Por el contrario, El canario en la mina nos invita a superar ese pensar solo en blanco o negro para poder crear nuevas soluciones. Lo hace documentando campañas y alianzas exitosas de movimientos inter-raciales que defienden los derechos de los grupos más marginados en EEUU incluyendo tanto grupos de las minorías raciales como de las comunidades blancas más pobres. Usando esta metáfora, Guinier y Torres explican que estos grupos son como los canarios que los mineros usaban para saber cuándo tenían que salir de la mina porque el aire estaba envenenado aunque no lo pudieran ver. 

Los grupos que ocupan el lugar del canario en la mina son los más estigmatizados en cada sociedad. Su humanidad se pone en duda llamándoles “animales”, “salvajes” y otros adjetivos terribles e inventando mitos sobre la supuesta “amenaza” que representan para que mucha gente vea la violencia contra ellos como algo normal. Son las personas haitianas en República Dominicana, el pueblo palestino en Gaza, las mujeres y hombres trans en casi todas partes, las personas judías durante el Holocausto, las mujeres y hombres negros esclavizados durante la conquista de América y un largo (demasiado largo) etcétera. Como nos advirtieron Guinier y Torres, mucha gente no se da cuenta de que lo que afecta a esos grupos es simplemente la versión más extrema del autoritarismo y la violencia que permea a toda la sociedad y que, una vez normalizada, puede utilizarse en contra de cualquier otra comunidad. 

Recordé estas ideas de Guinier y de Torres al ver algunas de las intervenciones de las personas que participaron en el encuentro “Voces Solidarias” convocado por el Colectivo Migración y Derechos Humanos el pasado 12 de agosto. Este colectivo aboga por establecer políticas migratorias en las que se respete la dignidad humana y los derechos humanos. O sea, políticas en las que se trate a la gente como gente. Las exposiciones las hicieron personalidades de diferentes sectores: las iglesias, los sindicatos, el sector salud y sectores productivos como la construcción y el cultivo del café incluyendo a Pablo Mella, Eulogia Familia, Francisca Peguero, Carlos Hernández y José Manuel Venegas al igual que María Martínez del Movimiento Sociocultural para los Trabajadores Haitianos.

Por ejemplo, Guadalupe Valdez, una de las voceras del grupo, destacó la necesidad de establecer los controles en la frontera que es donde se da la corrupción que permite la migración irregular y no en los hospitales donde se ha estado deteniendo a mujeres migrantes haitianas. Recordemos que nuestra Constitución protege la maternidad en todas sus formas (Art. 55) y la dignidad de las personas (Art. 38) y que la Constitución aplica a todas las personas en el país como dice el mismo texto (Art. 25). Además, nuestra legislación migratoria establece textualmente que: “La detención nunca será utilizada en los casos de menores de edad, mujeres embarazadas o lactantes, envejecientes y solicitantes de asilo” (párrafo del Art. 134 del Reglamento de la Ley de Migración). 

De manera similar, Francisca Peguero, dirigente sindical del sector salud, enfatizó que los problemas de dicho sector se deben al presupuesto deficiente que se le asigna y la dispersión que impera en el mismo. Por su lado, el filósofo y sacerdote jesuita Pablo Mella compartió su conclusión de que la política migratoria actual “está diseñada para que no funcione” y “es una renuncia a la racionalidad”. También enfatizó que el Colectivo de Migración y Derechos Humanos no está pidiendo nada extraordinario. Simplemente recuerda al país que cumpla los compromisos que ya tiene en su propia legislación y en la legislación internacional a la que nos hemos adherido.   

Efectivamente, implementar una política migratoria como la actual no solo nos pone en un “hoyo moral profundo” como sociedad. Además, es una política pública terrible porque no está basada en la realidad ni está resolviendo el problema que se dice querer resolver: la migración irregular. Ya en el 2017, la mano de obra haitiana generaba el 7.4% del PBI de acuerdo con los resultados obtenidos por Antonio Ciriaco y Luis Vargas, dos de los mejores economistas del país, en el estudio complementario a la Encuesta Nacional de Inmigrantes. Es decir, no es cierto que solo son una “carga” para nuestro país. Por el contrario, generan una parte importante de la riqueza que disfrutamos como también hicieron sus padres y abuelos por décadas en el sector azucarero.

De hecho, ni siquiera sabemos cuántas personas haitianas viven en República Dominicana porque el propio gobierno se ha negado a continuar realizando la Encuesta Nacional de Inmigrantes que es el único estudio que genera esa información. (A diferencia de los censos en los que no se pregunta la nacionalidad de la gente para que todo el mundo conteste, este tipo de encuestas son diseñadas precisamente para poder entrevistar a la mayor cantidad posible de inmigrantes). La última vez que se realizó esta encuesta en RD fue en el 2017 (publicada en el 2018) y el total de inmigrantes provenientes de Haití no llegaba al medio millón. La población de personas inmigrantes de todos los países era de 570,933 personas nacidas en el extranjero. De ese total, el 87.3% era de origen haitiano (aproximadamente 498,424 personas), seguido por un 3.3% de Venezuela y un 1.6% de EEUU. Y aun así, el total de personas nacidas en el extranjero (haitianas, venezolanas, estadounidenses y de todos los países) representaba solo el 5.6% de la población. O sea, una de cada 20 personas era extranjera. La amenaza no es tal.   

Peor aún, además de que no sabemos cuántas personas extranjeras hay en el país en este momento, varios estudios cualitativos confirman que las deportaciones masivas no detienen la migración irregular. La antropóloga Tahira Vargas ha visto en varios de los estudios que realiza que solo aumentan los precios de la corrupción que deben pagar quienes cruzan y los abusos de los que son víctimas. Toman prestado dinero en Haití para poder volver a cruzar y pagan cuando consiguen dinero trabajando en RD. Además, muchas de ellas son víctimas de redes de tráfico de personas que lideran tanto personas dominicanas como haitianas. Una misma persona puede ser deportada y volver a entrar al país 5, 7, 20 veces y hasta más veces. Y esto ocurre porque las deportaciones masivas no funcionan como política migratoria efectiva. Lo que se hace en grandes cantidades, con prisa y sin datos no puede salir bien. 

Si de verdad las autoridades quisieran regularizar la migración indocumentada y establecer políticas públicas en base a la realidad, habrían realizado la tercera versión de la Encuesta Nacional de Inmigrantes que estaba pautada para el 2022. Incluso se estarían preparando para implementar la cuarta versión en el 2027 cumpliendo el calendario ideal de hacerla cada 5 años. La Oficina Nacional de Estadísticas hasta elaboró la metodología correspondiente pero el gobierno la suspendió y llevamos casi 10 años sin los datos que necesitamos para establecer políticas efectivas que sí nos permitan regularizar la inmigración.   

Como explicó mi colega Rosario Espinal en otro evento del Colectivo el año pasado, tenemos una oportunidad histórica para construir una nueva institucionalidad dejando atrás los dos pilares en los que se ha basado nuestra política migratoria hasta ahora: la ilegalidad y la corrupción. En ese mismo evento, Ricardo González, de la ONG Ciudad Alternativa y la Comisión para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA), enfatizaba que la realidad en la que viven las personas inmigrantes haitianas es también la realidad en la que vive la mayoría de las personas trabajadoras dominicanas que es la de sobrevivir en el sector informal. 

Construir esa nueva institucionalidad de la que hablaba Rosario y enfatizar la realidad en la que vive la mayoría de nuestra población como nos decía Ricardo no son metas excluyentes. Dejemos de ignorar al canario en la mina antes de que sea demasiado tarde.  

Esta columna se la dedico a Dolly Parton, una cantante, actriz y filántropa cristiana siempre solidaria con los niños y niñas, con las personas LGTBQ+ y las comunidades pobres de la región de los Apalaches donde nació.