Propietarios de discotecas, bares y otros establecimientos de entretenimiento nocturno denunciaron que continúan siendo objeto de cierres y operativos que califican de arbitrarios por parte de agentes del Programa de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA), en coordinación con la Policía Nacional, pese a que aseguran contar con las autorizaciones correspondientes para operar.
Convocan manifestación para el 30 de junio
La Unión Dominicana de Centros Nocturnos y Diversión (Udcend) anunció una protesta para el próximo 30 de junio frente al Palacio Nacional, con el propósito de reclamar la intervención del Gobierno ante lo que considera una serie de actuaciones irregulares contra establecimientos que operan legalmente.
Los representantes del sector sostienen que numerosos negocios han sido cerrados temporalmente durante operativos realizados por las autoridades, aun cuando disponen de licencias y permisos vigentes. Según afirman, la situación ha provocado pérdidas económicas y afecta la estabilidad de cientos de empleos vinculados a la actividad nocturna.
Empresarios cuestionan los procedimientos
La organización indicó que las labores de supervisión estatal son necesarias, pero consideró que estas deben desarrollarse dentro del marco legal y respetando el debido proceso administrativo.
Los empresarios reclamaron mayor transparencia en los operativos y la creación de canales de comunicación permanentes entre las autoridades y los propietarios de establecimientos para evitar conflictos que, aseguran, se han vuelto recurrentes.
Asimismo, señalaron que las intervenciones se producen incluso en negocios que cumplen con los requisitos exigidos por las instituciones responsables de regular el sector.
Un conflicto recurrente entre regulación y actividad comercial
Las actuaciones del COBA han generado controversias en distintas ocasiones debido a las diferencias de criterio entre comerciantes, autoridades y sectores comunitarios sobre el alcance de los controles a la vida nocturna.
Mientras organizaciones vecinales suelen reclamar una fiscalización más estricta para enfrentar la contaminación sónica, las alteraciones del orden público y el incumplimiento de horarios, propietarios de centros de diversión sostienen que algunas medidas terminan afectando establecimientos que operan conforme a la normativa vigente.
Impacto económico
Representantes de la industria del entretenimiento nocturno señalaron que el sector forma parte de la cadena económica vinculada al turismo, la gastronomía y los servicios, por lo que consideran que cualquier regulación debe procurar un equilibrio entre la seguridad ciudadana y la protección de las inversiones privadas.
En ese sentido, insistieron en que la protesta convocada para finales de junio busca llamar la atención de las autoridades sobre los efectos económicos que atribuyen a los cierres y restricciones aplicados durante los operativos.
Contexto
El Programa de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA) tiene entre sus funciones supervisar el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la venta y expendio de bebidas alcohólicas, así como las normas sobre horarios de funcionamiento y orden público. Sus operativos suelen realizarse con apoyo de la Policía Nacional y otras entidades de seguridad.
La convocatoria a manifestarse frente al Palacio Nacional se produce en medio de un debate recurrente sobre los límites de la fiscalización estatal y los derechos de los negocios que operan dentro del marco regulatorio.
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