La mayoría de las mujeres del mundo puede salvar su vida en caso de que un embarazo la ponga en riesgo. Y en casi ningún país ellas tienen que parir el hijo de su violador en contra de su voluntad, como toca en la República Dominicana.
Solo el 6 % de las mujeres en edad fértil viven en países donde el aborto está prohibido en cualquier circunstancia. Y ahí, en esa franja del atraso y la negación de derechos, nos encontramos las dominicanas.
Mientras exista capacidad biológica de quedar embarazada, que, de acuerdo con los especialistas abarca desde los 12 años hasta los 51 años, en algunos casos, podemos enfrentarnos a esa penosa decisión.
Las mujeres ricas y de clase media que necesiten o decidan abortar siempre pueden recibir atención fuera o dentro del país, bajo el amigable y discreto cuidado del personal médico de un centro privado. Las pobres, ya sabemos, pueden morir en el intento, en las puertas de un hospital público, con métodos peligrosos, en sus casas, o en clínicas de mala muerte.
La aprobación y promulgación de este Código Penal vuelve a reiterar que las mujeres dominicanas no tenemos la posibilidad de decidir qué hacer en situaciones realmente extremas, en un país donde la violencia sexual es un grave problema del que nos negamos a hablar con claridad y a tomar las medidas necesarias para educar, prevenir y proteger a las víctimas.
Hemos retrocedido en lo más importante, la dignidad humana. Sé que es difícil ser optimistas en estos días, pero el pesimismo no resuelve nada y nos paraliza.
“La tasa de violencia sexual ha aumentado en la población de adolescentes mujeres de 10 a 19 años, pasando de 12 en el 2020 a 20 en el 2022”, se explica en el Análisis de la situación de niños, niñas y adolescentes ante la violencia en República Dominicana, publicado por UNICEF este año.
Pensamos que somos “modernos”, “cosmopolitas” porque tenemos edificios altos (aunque el drenaje de la ciudad sea inservible), y andamos con nuestros teléfonos inteligentes temerosos de hackeos y otros delitos digitales.
¿Esto es progreso, es desarrollo? El verdadero desarrollo se mide por la cantidad y la calidad de los derechos que podemos ejercer, por la dignidad y el cuidado que nos brindan y brindamos.
¿Nos cuida una sociedad, un gobierno, un Estado que nos obliga a parir el hijo de un violador? La respuesta es obvia, y no está en las prédicas de fanáticos religiosos ni en los discursos de políticos oportunistas.
Hoy quería hablar también sobre otros desaciertos con los derechos de las mujeres, como las limitaciones al delito de feminicidio y la falta de una protección integral a las víctimas de violencia sexual en las parejas y las familias.
Pero, la verdad es que ya todos sabemos que este Código no incluye entre sus avances los derechos y los cuidados a las mujeres y a las niñas.
Hemos retrocedido en lo más importante, la dignidad humana. Sé que es difícil ser optimistas en estos días, pero el pesimismo no resuelve nada y nos paraliza.
Necesitamos una dosis de realismo para ver nuestra sociedad tal como es y transformarla. Me niego a pensar que continuaremos siendo ciudadanas de segunda en este siglo XXI, aunque ahora así lo diga la ley. Hay que insistir, insistir e insistir hasta que la dignidad sea la norma, y las iglesias y los partidos no manden en nuestros úteros. Necesitamos que liberen nuestros cuerpos secuestrados por el fundamentalismo.
* La Canoa púrpura es la columna de Libertarias, el segmento de feminismos, derechos y nuevas masculinidades de La República Radio
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