La Asociación Nacional de Industrias Farmacéuticas (ANIFAR) expresó su preocupación por el incremento de la contribución especial establecida en la reciente modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (ley 225-20), al considerar que representa una nueva carga económica para un sector que ya enfrenta elevados costos de producción, estrictas exigencias regulatorias y múltiples obligaciones tributarias.
La Asociación reiteró su respaldo a los principios de sostenibilidad y economía circular que inspiran la legislación ambiental. Sin embargo, entiende que la metodología de cálculo de la contribución, basada principalmente en los ingresos brutos de las empresas, no resulta proporcional al impacto ambiental real de cada actividad económica, ni considera las particularidades de sectores altamente regulados como la industria farmacéutica.
ANIFAR resaltó que el manejo y disposición de los residuos farmacéuticos ya se encuentra regulado por un régimen sanitario especializado, bajo la supervisión de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS). Los laboratorios farmacéuticos cumplen estrictos protocolos para la gestión, trazabilidad y destrucción de medicamentos vencidos, productos rechazados y demás residuos derivados de su actividad, en cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura y de la normativa sanitaria vigente. Por ello, considera que la industria farmacéutica no puede ser tratada bajo los mismos parámetros aplicables a otros sectores productivos.
Asimismo, la entidad manifestó que reformas con impacto económico sobre sectores estratégicos deben ser precedidas de amplios espacios de diálogo y consulta, permitiendo evaluar adecuadamente sus efectos sobre la competitividad, la inversión, el empleo y el acceso de la población a medicamentos de calidad a precios razonables.
ANIFAR destacó que, pese al incremento sostenido de los costos de producción, las empresas farmacéuticas han realizado importantes esfuerzos para mantener la estabilidad de los precios de los medicamentos, conscientes de que se trata de bienes esenciales para la salud de la población. En ese sentido, hizo un llamado a que toda nueva carga económica responda a criterios de proporcionalidad, razonabilidad e impacto ambiental efectivo, preservando la competitividad de una industria estratégica para la seguridad sanitaria del país.
Finalmente, la Asociación reiteró su disposición de colaborar con las autoridades en la construcción de soluciones que fortalezcan la gestión ambiental sin comprometer el desarrollo de la industria farmacéutica nacional ni el acceso oportuno de la población a medicamentos seguros, eficaces y de calidad.
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