La ofensiva legal contra la política migratoria de Estados Unidos ganó un nuevo impulso este jueves con la demanda presentada por un residente permanente deportado que acusa al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de negligencia médica y malos tratos durante siete meses de detención.

El caso coincidió con la denuncia de organizaciones de derechos humanos sobre la muerte de un inmigrante mexicano con leucemia tras permanecer bajo custodia del ICE, en un escenario de crecientes cuestionamientos por las condiciones sanitarias en los centros de detención.

En una misma jornada, un residente permanente deportado presentó una reclamación judicial contra el Gobierno de Trump por los supuestos malos tratos sufridos durante siete meses de detención, mientras organizaciones defensoras de los inmigrantes denunciaron la muerte de un ciudadano mexicano con leucemia tras permanecer bajo custodia de la agencia migratoria.

Ambos casos se producen en un contexto de creciente cuestionamiento a las condiciones de los centros de detención administrados por ICE durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, marcado por un endurecimiento de las políticas migratorias y por reiteradas denuncias de organismos de derechos humanos sobre el acceso deficiente a servicios médicos para los detenidos.

Un residente permanente denuncia detención y expulsión

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Elton Purvis, residente permanente legal en Estados Unidos durante más de treinta años y padre de nueve ciudadanos estadounidenses, presentó una reclamación al amparo de la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (Federal Tort Claims Act), mediante la cual exige una compensación económica por presunta negligencia médica, abuso de proceso y daños emocionales.

La acción fue presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Texas.

Según la documentación legal, Purvis fue detenido el 13 de mayo de 2025 por agentes de ICE cuando ingresaba por el aeropuerto internacional Logan de Boston para asistir a la graduación de dos de sus hijos.

Permaneció retenido hasta el 6 de diciembre de ese año en el centro de procesamiento de Pearsall, en el sur de Texas, antes de ser deportado a Trinidad y Tobago.

El reclamante sostiene que durante ese período las autoridades ignoraron de manera reiterada sus necesidades médicas, pese a que padece diabetes tipo 1 y requería controles permanentes, administración regular de insulina y una alimentación específica compatible tanto con su condición de salud como con sus creencias religiosas rastafaris.

De acuerdo con la reclamación, Purvis perdió el conocimiento en al menos tres ocasiones debido a episodios severos de hipoglucemia y tuvo que ser hospitalizado varias veces por complicaciones derivadas de la enfermedad.

Asimismo, afirma que tardó cerca de dos semanas en recibir tratamiento contra la malaria que padecía al momento de su detención y que permaneció más de dos meses con diarrea severa sin recibir un diagnóstico adecuado.

El expediente también sostiene que las autoridades le negaron consultas con especialistas y que frecuentemente no recibió la cantidad de insulina prescrita por los médicos.

Respecto a su alimentación, Purvis asegura que no se respetaron las restricciones derivadas de su condición diabética ni de sus convicciones religiosas, por lo que en numerosas ocasiones dependió del pan de maíz que compartían otros detenidos para evitar nuevas crisis de hipoglucemia.

En declaraciones difundidas por la ACLU, el demandante afirmó que la experiencia deterioró gravemente su estado físico y emocional y que en diversas ocasiones sintió que su vida estaba en peligro debido a la falta de atención médica.

Fallecimiento de un inmigrante mexicano vuelve a encender las alarmas

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Mientras la reclamación de Purvis comenzaba su curso legal, varias organizaciones de defensa de los inmigrantes denunciaron el fallecimiento de Priciliano Trejo, un ciudadano mexicano de 29 años que padecía leucemia y permaneció recluido en el Centro de Detención de Stewart, en Georgia.

Según relataron sus familiares y organizaciones acompañantes, Trejo solicitó atención médica el 6 de julio, aproximadamente dos semanas después de haber sido detenido por agentes migratorios en Carolina del Norte.

Sin embargo, sostienen que la asistencia médica no llegó hasta ocho días después, cuando finalmente fue trasladado a un hospital.

Dos días más tarde entró en coma.

Posteriormente, ICE transfirió la custodia del inmigrante a su familia, que informó su fallecimiento el pasado 24 de julio. La agencia migratoria confirmó la muerte este jueves.

Las organizaciones denunciaron que, al haber sido entregada la custodia a la familia antes del deceso, existe la posibilidad de que el caso no sea incorporado oficialmente a las estadísticas de fallecimientos registrados bajo custodia del ICE.

Exigen investigaciones y el cierre del centro de Stewart

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La muerte de Trejo provocó nuevas críticas contra el Centro de Detención de Stewart, señalado desde hace años por organizaciones civiles como una de las instalaciones con peores antecedentes en materia de atención sanitaria.

Agrupaciones como Detention Watch Network, Project South, Georgia Latino Alliance for Human Rights y El Refugio afirmaron que el establecimiento acumula numerosas denuncias por condiciones inhumanas y deficiencias médicas.

Los activistas sostienen que Stewart registra el mayor número de muertes entre los centros de detención migratoria del país y reiteraron su petición de que sea clausurado.

Representantes de esas organizaciones manifestaron que el caso de Trejo evidencia nuevamente la vulnerabilidad de personas con enfermedades graves sometidas a procesos de detención migratoria sin acceso oportuno a tratamientos especializados.

El padre del fallecido, según relataron los activistas, reclama conocer las circunstancias que provocaron el rápido deterioro del estado de salud de su hijo y exige explicaciones a las autoridades estadounidenses.

Hasta el cierre de esta información, ICE no había respondido públicamente a los cuestionamientos formulados por las organizaciones sobre este caso.

Crecen las denuncias durante el segundo mandato de Trump

Los dos episodios se producen mientras aumentan las críticas nacionales e internacionales sobre las condiciones existentes en los centros de detención migratoria.

La ACLU informó que la reclamación presentada por Purvis forma parte de una iniciativa nacional mediante la cual distintas filiales de la organización interpusieron 53 reclamaciones administrativas en 17 estados y el Distrito de Columbia por presuntos abusos cometidos durante operativos y procesos de detención migratoria.

Diversas organizaciones internacionales también han expresado preocupación por el incremento de fallecimientos registrados bajo custodia migratoria.

La ONU ha solicitado investigaciones independientes sobre las condiciones de detención, mientras entidades de derechos humanos sostienen que las deficiencias estructurales del sistema sanitario dentro de estos centros continúan poniendo en riesgo la vida de personas con enfermedades crónicas o graves.

Las cifras varían según la metodología utilizada por las distintas organizaciones. Human Rights Watch documentó al menos 52 fallecimientos de inmigrantes bajo custodia del ICE entre el 20 de enero de 2025 y el 4 de junio de 2026, basándose en registros oficiales. Por su parte, la ACLU sostiene que desde el inicio del segundo mandato de Trump han muerto al menos 55 personas, de las cuales 22 corresponden a 2026.

  • La ACLU presentó 53 reclamaciones en 17 estados y el Distrito de Columbia.
  • El caso de Elton Purvis forma parte de esa iniciativa nacional.
  • Se suman las denuncias de organizaciones de derechos humanos por las muertes bajo custodia del ICE.

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