Una manifestación convocada este jueves frente al Congreso argentino para rechazar un proyecto de ley impulsado por el Gobierno del presidente Javier Milei terminó con una intervención de las fuerzas de seguridad que dejó al menos doce detenidos, varios heridos y denuncias por el uso de gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes contra los manifestantes.
La protesta coincidió con el debate en el Senado de una iniciativa que introduce cambios en materia de propiedad privada, desalojos, expropiaciones y uso de tierras rurales.
La protesta se desarrolló en medio del debate legislativo
Bajo la consigna "La patria no se vende", organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles, ambientales y partidos políticos se concentraron frente al Congreso, en Buenos Aires, pese a las fuertes lluvias registradas durante la jornada.
La convocatoria surgió como respuesta al proyecto de ley promovido por el Ejecutivo, cuyo texto original incluía la flexibilización de las restricciones para la compra de tierras por parte de ciudadanos y empresas extranjeras.
Sin embargo, ante el rechazo de sectores de la oposición y las dificultades para reunir los votos necesarios, el oficialismo retiró ese apartado antes de la discusión parlamentaria. El Gobierno sostuvo que la medida constituye una postergación para incorporar modificaciones y buscar un mayor consenso político.
Pese a ese cambio, la iniciativa mantiene otros artículos que han despertado críticas por sus posibles efectos sobre el acceso a la vivienda, la protección ambiental y las facultades del Estado en materia de expropiaciones.
La Policía dispersó la movilización
La protesta transcurría sin incidentes hasta que efectivos de seguridad desplegados detrás del vallado instalado alrededor del Congreso comenzaron a dispersar a los manifestantes mediante gases lacrimógenos, balas de goma y chorros de agua.
Posteriormente, los agentes avanzaron sobre la plaza ubicada frente al edificio legislativo y extendieron el operativo hacia calles cercanas, donde se produjeron enfrentamientos aislados entre algunos manifestantes y las fuerzas policiales.
Según la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, nueve personas fueron detenidas por esa fuerza, mientras que medios locales y fuentes oficiales elevaron la cifra total a doce, al incluir arrestos realizados por fuerzas federales.
Las autoridades también informaron que cuatro agentes resultaron lesionados durante los disturbios y señalaron que algunos grupos provocaron daños en mobiliario urbano, incendiaron contenedores de basura y atacaron un vehículo policial.
Por su parte, equipos médicos que asistieron la movilización informaron que una fotoperiodista sufrió un traumatismo craneal tras recibir un golpe en la cabeza y debió ser trasladada a un centro hospitalario.
El proyecto mantiene reformas que generan controversia
Aunque el Gobierno decidió retirar el apartado relativo a la venta de tierras a extranjeros, el proyecto conserva otros cambios considerados sensibles por organizaciones sociales, ambientalistas y sectores de la oposición.
Entre ellos figuran disposiciones para agilizar procesos de desalojo, restringir las posibilidades de expropiación por parte del Estado —incluso en casos de utilidad pública— y modificar normas relacionadas con la protección de tierras rurales y bosques afectados por incendios.
Diversas organizaciones sostienen que estas reformas podrían favorecer intereses privados en detrimento de derechos sociales y ambientales, mientras que el Ejecutivo argumenta que buscan fortalecer la seguridad jurídica, incentivar inversiones y garantizar el derecho a la propiedad privada.
Rechazo desde organizaciones sociales
Durante la manifestación, varios participantes expresaron su oposición a las reformas impulsadas por el Ejecutivo.
Representantes de organizaciones sindicales, políticas y ambientales afirmaron que el proyecto beneficia principalmente a grandes grupos económicos y cuestionaron la flexibilización de normas vinculadas con el acceso a la tierra, la protección de los recursos naturales y el mercado de alquileres.
Las protestas también se replicaron en otras ciudades argentinas, en una nueva demostración del clima de polarización política que acompaña las principales iniciativas legislativas del Gobierno.
Un nuevo foco de tensión para la administración Milei
El episodio se suma a una serie de movilizaciones registradas desde la llegada de Milei al poder a finales de 2023, en rechazo a su programa de reformas económicas y del Estado.
La administración libertaria ha impulsado una agenda basada en la desregulación de la economía, la reducción del gasto público, las privatizaciones, la flexibilización laboral y medidas orientadas a atraer inversiones privadas.
Mientras el oficialismo sostiene que estas reformas son necesarias para estabilizar la economía argentina, sindicatos, organizaciones sociales y partidos opositores denuncian que implican un retroceso en derechos laborales, ambientales y sociales.
La iniciativa debatida en el Senado forma parte del paquete de reformas que el Gobierno busca aprobar para profundizar su programa económico.
La exclusión del capítulo sobre venta de tierras a extranjeros fue interpretada por analistas políticos como una concesión táctica para evitar un revés parlamentario, aunque el resto del proyecto continúa generando fuertes divisiones entre el oficialismo y la oposición.
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