Una nueva escalada de la crisis institucional de Polonia estalló este viernes 30, después de que se difundiera en la página web del Tribunal Constitucional un anuncio sobre la suspensión temporal de su presidente, Bogdan Święczkowski, y del vicepresidente, Bartłomiej Sochański, y se atribuyera a la magistrada Anna Korwin-Piotrowska la dirección provisional de la institución.
La decisión desencadenó una disputa sobre la legitimidad de las autoridades del tribunal, protestas frente a su sede en Varsovia y un despliegue de agentes policiales. La institución denunció posteriormente una supuesta toma ilegal de su página web y calificó las actuaciones de quienes promovieron los cambios como un «golpe de Estado».
La crisis adquirió mayor dimensión política cuando el presidente polaco, Karol Nawrocki, interrumpió su viaje a Senegal y anunció que regresaba al país.
«En un momento como este, el presidente debe estar en Polonia. Interrumpo mi vuelo a Senegal. Estoy regresando», anunció.
¿Qué ocurrió en el Tribunal Constitucional?
La controversia comenzó cuando apareció en la página oficial del Tribunal Constitucional una comunicación según la cual Święczkowski y Sochański quedaban apartados temporalmente de sus funciones.
La información atribuía a Anna Korwin-Piotrowska la responsabilidad de dirigir provisionalmente el organismo.
Sin embargo, la dirección del tribunal rechazó esa comunicación y sostuvo que Bogdan Święczkowski continuaba siendo su presidente y Bartłomiej Sochański, su vicepresidente.
También afirmó que Korwin-Piotrowska no era magistrada de esa institución y denunció que su página web había sido tomada ilegalmente.
La página del tribunal dejó de estar disponible poco después de publicarse el anuncio, por lo que no pudo verificar de manera independiente las razones oficiales de la supuesta suspensión.
La controversia refleja la existencia de dos posiciones enfrentadas dentro de la estructura institucional: por un lado, los magistrados elegidos por la actual mayoría parlamentaria y, por otro, la dirección del tribunal, vinculada a los nombramientos realizados durante los gobiernos del partido Ley y Justicia (PiS).
La Policía intervino tras los enfrentamientos
La situación se agravó con las concentraciones frente a la sede del Tribunal Constitucional, donde se registraron incidentes entre manifestantes y agentes policiales.
La Policía informó de que algunas personas lanzaron objetos peligrosos contra los funcionarios y que tres individuos fueron detenidos después de saltar la verja e ingresar en el recinto judicial.
Las autoridades policiales justificaron el despliegue por razones de seguridad y por una comunicación de la magistrada Korwin-Piotrowska, quien advirtió sobre posibles amenazas contra la vida y la integridad física de jueces y empleados del tribunal, así como sobre el riesgo de alteraciones del orden público.
La Policía sostuvo que su actuación tenía como finalidad proteger a las personas y garantizar la seguridad en los alrededores del edificio, y rechazó que sus agentes hubieran intervenido contra los miembros del servicio de seguridad de la institución.
La presencia policial fue cuestionada por representantes de la oposición, que la interpretaron como una intervención del Ejecutivo en el funcionamiento del órgano judicial.
Una crisis que enfrenta al Gobierno de Tusk con la oposición
Los acontecimientos de este viernes tienen como trasfondo un conflicto que se prolonga desde hace años por la independencia y la composición de los principales órganos judiciales de Polonia.
El partido nacionalconservador Ley y Justicia (PiS) gobernó entre 2015 y 2023. Durante ese período impulsó reformas del sistema judicial que fueron cuestionadas por sectores de la oposición polaca y por instituciones de la Unión Europea, que consideraron que afectaban la independencia de los tribunales.
Las controversias también dieron lugar a sanciones económicas europeas contra Polonia.
Donald Tusk llegó al Gobierno en 2023 con el compromiso de restablecer la independencia judicial y modificar aspectos de las reformas impulsadas por sus antecesores. Sin embargo, sus iniciativas han encontrado obstáculos, entre ellos los vetos presidenciales de dos mandatarios vinculados políticamente al PiS.
Uno de los puntos centrales de la disputa es la incorporación de nuevos magistrados al Tribunal Constitucional.
Nawrocki se negó a tomar juramento a tres de los seis jueces propuestos por el Parlamento durante este año, mientras que Święczkowski impidió que magistrados elegidos por la actual mayoría parlamentaria asumieran sus funciones.
El Gobierno sostiene que debe garantizarse el funcionamiento del tribunal con jueces legalmente designados. La oposición, por su parte, cuestiona los procedimientos utilizados para modificar su composición y dirección.
Tusk defiende las medidas y la oposición denuncia un golpe
El primer ministro Donald Tusk defendió la actuación de su Gobierno y afirmó que la recuperación del Estado de derecho constituye una obligación de las autoridades.
«Después de años de ilegalidad bajo el PiS, este proceso es difícil, a veces doloroso, y requiere medidas decisivas. No hay otra manera», expresó.
El ministro de Justicia y fiscal general, Waldemar Żurek, informó que había solicitado el levantamiento de la inmunidad de Święczkowski y de su adjunto, a quienes acusa de incumplir sus obligaciones al impedir que determinados magistrados ejerzan sus funciones.
Desde el PiS, las reacciones fueron de rechazo. Su dirigente, Jarosław Kaczyński, y otros representantes de la formación acusaron al Gobierno de Tusk de intentar tomar el control del Tribunal Constitucional mediante procedimientos que consideran ilegales.
El exministro de Justicia Zbigniew Ziobro calificó la suspensión de Święczkowski como un ataque criminal al orden constitucional y llamó a sus partidarios a resistir.
Compartir esta nota