Un juez federal del Distrito Sur de Florida ordenó al expresidente venezolano Nicolás Maduro, al ministro del Interior, Diosdado Cabello, al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y al ahora exfiscal general, Tarek William Saab, y a otros cuatro altos dirigentes del chavismo pagar 314 millones de dólares en indemnizaciones a tres ciudadanos estadounidenses que denunciaron haber sido secuestrados, encarcelados y torturados en Venezuela.
La sentencia, dictada este miércoles 15 de julio por el juez Darrin P. Gayles, también alcanza al empresario colombiano Alex Saab, al exmagistrado Maikel José Moreno Pérez, al exministro Néstor Luis Reverol Torres y al denominado Cártel de los Soles, luego de que ninguno de ellos respondiera la demanda civil presentada por las víctimas ante el Tribunal Federal para el Distrito Sur de Florida.
Los beneficiarios del fallo son Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, quienes permanecieron detenidos en Venezuela hasta diciembre de 2023, cuando fueron liberados como parte de un acuerdo negociado entre la administración del entonces presidente estadounidense Joe Biden y el gobierno venezolano.
El juez concluyó que hubo terrorismo internacional
La sentencia fue emitida mediante un default judgment (sentencia en rebeldía), un mecanismo previsto en el sistema judicial estadounidense cuando los demandados no comparecen ni contestan la demanda. Antes de dictar el fallo, el juez examinó las pruebas y determinó que la reclamación tenía fundamento jurídico suficiente.
En su decisión, Gayles concluyó que Maduro cometió actos de terrorismo internacional y sostuvo que el secuestro, la tortura y la detención arbitraria de los tres estadounidenses violaron tanto la legislación federal como las leyes del estado de Florida.
Asimismo, afirmó que Maduro "históricamente ha secuestrado y detenido arbitrariamente a ciudadanos estadounidenses para canjearlos por la liberación de criminales venezolanos recluidos en Estados Unidos".
El juez también consideró que los demandados actuaban como parte de una empresa criminal organizada que utilizó el secuestro de ciudadanos estadounidenses como mecanismo de presión política para obtener la liberación de aliados del chavismo detenidos en territorio estadounidense.
La demanda describe torturas físicas y psicológicas
Durante el proceso, los demandantes denunciaron haber sido sometidos a descargas eléctricas, golpizas, aislamiento prolongado, posturas de estrés y otras formas de tortura física y psicológica durante su cautiverio.
También afirmaron que esas agresiones les provocaron secuelas emocionales permanentes que continúan afectándolos tanto a ellos como a sus familiares.
La demanda fue presentada inicialmente por diez personas, incluidos familiares de las víctimas y dos menores de edad.
Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y PDVSA quedaron fuera de esta etapa
Aunque figuraban entre los demandados originales, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) no fueron incluidos en esta sentencia.
A diferencia de los demás acusados, comparecieron ante el tribunal mediante abogados estadounidenses y solicitaron el levantamiento de la rebeldía, además de plantear diversas objeciones procesales, entre ellas cuestiones relacionadas con inmunidad.
Por esa razón, el litigio respecto de ellos continúa abierto y será resuelto en actuaciones posteriores.
No deberán pagar de inmediato
Aunque la sentencia fija una indemnización de 314 millones de dólares, las víctimas no recibirán automáticamente ese dinero.
El proceso entra ahora en la fase de ejecución, durante la cual los demandantes deberán localizar bienes pertenecientes a los condenados que puedan ser embargados para hacer efectivo el pago.
Los abogados podrán intentar ejecutar la sentencia sobre cuentas bancarias, inmuebles, participaciones empresariales, derechos de cobro u otros activos ubicados en Estados Unidos o en jurisdicciones que reconozcan este tipo de fallos.
Sin embargo, especialistas consideran que el cobro podría prolongarse durante años debido a la dificultad para localizar activos y a la existencia de bienes protegidos por normas de inmunidad soberana o sometidos a litigios paralelos.
Todavía pueden intentar revertir la sentencia
Aunque la decisión fue dictada en rebeldía, los condenados aún pueden solicitar al tribunal que deje sin efecto esa declaración alegando defectos en la notificación u otras causas previstas en las normas federales de procedimiento civil.
Si esa petición fuera rechazada, todavía podrían intentar recurrir ante la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito, aunque sus posibilidades procesales son considerablemente más limitadas por no haber participado oportunamente en el litigio.
Es independiente del proceso penal contra Maduro
Este procedimiento contra Maduro y otros chavistas es exclusivamente civil y no implica condenas de prisión.
Se sustenta en la Ley Antiterrorista (Anti-Terrorism Act), la Ley Antiterrorista de Florida y la Ley contra las Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO), que permiten reclamar indemnizaciones económicas por actos de terrorismo y delincuencia organizada.
El caso es completamente independiente del proceso penal que Maduro enfrenta en Nueva York por presuntos delitos de narcotráfico y terrorismo, en el cual sí podrían imponerse penas de prisión si fuera declarado culpable.
Por su parte, Alex Saab, presunta testaferro de Maduro, asimismo apresado en EEUU, enfrenta un proceso penal separado por presunto lavado de dinero.
La decisión del juez Gayles constituye uno de los mayores fallos civiles dictados por un tribunal estadounidense contra altos dirigentes del chavismo. No obstante, su impacto práctico dependerá de que las víctimas logren identificar y embargar bienes suficientes para ejecutar la indemnización ordenada por la corte.
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