El calendario ya está sobre la mesa. Después de años de aplazamientos, Haití se propone celebrar el 13 de diciembre de 2026 la primera vuelta de sus elecciones presidenciales y legislativas, junto con una consulta para ratificar cambios propuestos a la Constitución.
La publicación representa un avance concreto en un país que no realiza elecciones nacionales desde 2016, carece de presidente desde el asesinato de Jovenel Moïse, en julio de 2021, y no cuenta con autoridades nacionales electas desde enero de 2023.
Sin embargo, la existencia de una fecha no garantiza que las elecciones puedan desarrollarse de manera libre, segura e inclusiva. El propio Consejo Electoral Provisional de Haití (CEP) advirtió que el cumplimiento del calendario dependerá de que se establezca un clima de seguridad aceptable y estén disponibles los recursos financieros necesarios.
Un calendario condicionado desde su publicación
El nuevo cronograma sustituyó la planificación anterior, que contemplaba realizar la primera vuelta el 30 de agosto de 2026. Esa fecha quedó descartada ante el deterioro de la seguridad, las dificultades para registrar a los electores y los retrasos en la preparación logística.
Según el calendario oficial, la inscripción de candidatos se desarrollará entre el 20 de agosto y el 2 de octubre, mientras que la campaña para la primera vuelta presidencial y legislativa está prevista desde el 5 de octubre hasta el 12 de diciembre.
La primera votación tendrá lugar el 13 de diciembre, cuando también se someterán a ratificación popular las modificaciones propuestas a la Constitución. Los resultados definitivos de esa etapa deberán publicarse el 9 de enero de 2027.
En caso de ser necesaria una segunda vuelta presidencial o legislativa, esta se celebrará el 21 de febrero de 2027, conjuntamente con las elecciones de las colectividades territoriales. Los resultados definitivos de la segunda ronda están pautados para el 7 de marzo, mientras que los correspondientes a los gobiernos locales deberán conocerse el 12 de marzo.
El Gobierno y el organismo electoral también acordaron un presupuesto estimado en US$120 millones, luego de revisar una propuesta inicial considerablemente mayor. No obstante, aprobar un presupuesto no significa que todos los fondos estén disponibles ni que puedan ejecutarse con normalidad en las zonas sometidas al control de grupos armados.
El registro avanza, pero no llega a todo el territorio
La inscripción de electores comenzó el 20 de julio y se extendió posteriormente a sectores de la capital y otros departamentos. El 30 de julio, las autoridades abrieron 10 centros de registro en barrios de Puerto Príncipe considerados relativamente seguros.
El presidente del CEP, Jacques Desrosiers, informó que se pretende ampliar la cobertura durante las próximas semanas, incluida la instalación de otros 20 centros en Pétion-Ville. También avanzan la capacitación de agentes de seguridad electoral y la organización de las estructuras que deberán administrar los centros de votación.
El proceso cuenta, además, con más de 300 partidos y organizaciones políticas autorizados para participar, una cantidad que evidencia el interés por competir, pero que también supondrá un reto para la confección de las boletas, la revisión de candidaturas y la organización de una campaña de alcance nacional.
El problema es que estos preparativos se concentran principalmente en lugares donde el Estado conserva cierta capacidad operativa. En amplias zonas del país, desplazarse para registrarse, participar en una actividad política o acudir a votar continúa representando un riesgo.
La violencia amenaza con excluir a una parte del electorado
Las bandas armadas mantienen el control de aproximadamente el 70 % de Puerto Príncipe, además de importantes carreteras que comunican la capital con los departamentos Centro y Artibonito.
En esas tres regiones reside más del 50 % del electorado haitiano, por lo que la imposibilidad de abrir centros de inscripción y votación en los territorios dominados por las bandas podría dejar fuera del proceso a una proporción considerable de la población.
La violencia también ha provocado el desplazamiento de más de 1.4 millones de personas, alrededor del 12 % de los habitantes del país. Muchas abandonaron sus comunidades sin documentos de identidad, viven en refugios improvisados o se encuentran lejos de los lugares donde estaban registradas electoralmente.
Estas condiciones no solo dificultan la votación. También ponen en duda que los candidatos puedan desplazarse, presentar sus propuestas y hacer campaña en igualdad de condiciones, mientras observadores, funcionarios electorales y materiales de votación necesitarán acceder a territorios donde el Estado tiene una presencia limitada.
Más de 5,900 personas murieron violentamente durante 2025, mientras que la Organización de las Naciones Unidas contabilizó más de 1,600 fallecidos entre enero y marzo de 2026. A los homicidios se suman secuestros, extorsiones, ataques sexuales, incendios y bloqueos de carreteras.
Una fuerza internacional que todavía no alcanza su capacidad prevista
La estabilización del país depende en buena medida de la Fuerza de Supresión de Bandas, creada para reemplazar la misión multinacional encabezada por Kenia, cuyo despliegue resultó inferior a lo previsto.
La nueva fuerza fue autorizada con una capacidad aproximada de 5,500 efectivos y comenzó sus operaciones, pero su incorporación se realiza de manera gradual y todavía no se encuentra completamente desplegada. Las proyecciones internacionales sitúan su entrada plena en funcionamiento entre el otoño y el cierre de 2026, un calendario que coincide prácticamente con la campaña y la primera vuelta electoral.
El Grupo de Personas Eminentes de la Comunidad del Caribe (CARICOM) recibió favorablemente la publicación del cronograma, pero pidió que los países comprometidos con la fuerza internacional envíen sus efectivos con suficiente anticipación para reforzar la seguridad antes de diciembre.
El representante especial de la ONU para Haití y jefe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), Carlos Ruiz Massieu, también ha sostenido que la mejoría de la seguridad y la preparación electoral deben avanzar simultáneamente. Su planteamiento reconoce que esperar la eliminación completa de las bandas podría prolongar indefinidamente la transición, aunque celebrar elecciones sin control territorial suficiente también comprometería su legitimidad.
Una elección organizada por autoridades no electas
El desafío no es solamente de seguridad. Haití atraviesa un vacío institucional prolongado y carece de autoridades surgidas del voto popular.
El Consejo Presidencial de Transición, creado en 2024 para conducir el país hacia elecciones, concluyó su mandato el 7 de febrero de 2026 sin haber cumplido ese objetivo. Desde entonces, el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé y su Consejo de Ministros permanecen al frente del Poder Ejecutivo durante un nuevo periodo provisional.
La ausencia de un presidente, de un Parlamento en funciones y de gobiernos locales renovados ha concentrado en autoridades interinas la responsabilidad de organizar un proceso que debe devolver legitimidad a las instituciones.
También persisten cuestionamientos sobre la consulta constitucional prevista para el mismo día de las elecciones. Sectores políticos y sociales han advertido que una parte de la población desconoce el contenido de los cambios que deberá aprobar o rechazar, lo que obliga a desarrollar una campaña amplia de información antes de someterlos al voto.
El riesgo de votar bajo la influencia de las bandas
Además de impedir el acceso a determinados territorios, los grupos armados podrían influir directamente en el proceso. En elecciones anteriores, bandas vinculadas a sectores políticos y económicos fueron utilizadas para intimidar votantes, alterar centros electorales o presionar comunidades.
El analista Diego Da Rin, del International Crisis Group, ha advertido que Haití podría organizar materialmente una votación en pocos meses, pero la verdadera pregunta es qué tipo de elección sería y cuántos ciudadanos quedarían excluidos.
El peligro no se limita a que las bandas ataquen las mesas electorales. También existe la posibilidad de que condicionen la campaña, favorezcan determinadas candidaturas, impidan la entrada de adversarios en sus territorios o controlen el desplazamiento de votantes.
¿Existen condiciones para celebrar las elecciones?
Haití presenta avances que no deben ignorarse: dispone de un calendario oficial, comenzó el registro de votantes, aprobó un decreto electoral revisado, acordó un presupuesto y cuenta con el acompañamiento de la ONU, la CARICOM y otros socios internacionales.
Sin embargo, al cierre de julio, las condiciones fundamentales para unas elecciones plenamente libres, seguras e inclusivas todavía no están garantizadas. La falta de control estatal sobre extensas zonas, el desplazamiento masivo, la limitada movilidad de los ciudadanos y el despliegue incompleto de la fuerza internacional mantienen el proceso bajo una elevada incertidumbre.
La posibilidad de celebrar la votación dependerá de lo que ocurra durante los próximos meses. No bastará con instalar urnas en los sectores relativamente seguros. Para que los resultados tengan legitimidad, será necesario garantizar que los ciudadanos puedan registrarse, conocer las propuestas, movilizarse y votar sin amenazas, independientemente del territorio donde residan.
Después de una década sin elecciones nacionales y años de autoridades provisionales, Haití necesita regresar al orden constitucional. El reto consiste en evitar que la urgencia por cumplir una fecha termine produciendo unas elecciones incapaces de representar a una parte sustancial de su población.
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