El Gobierno de Donald Trump respondió con dureza a la congresista republicana María Elvira Salazar, quien cuestionó públicamente los operativos migratorios de la administración, y afirmó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continuará aplicando las leyes migratorias, sin contemplar una amnistía para los inmigrantes en situación irregular.
La respuesta del DHS se produjo el mismo día en que Salazar difundió un anuncio de campaña en el que advirtió a Trump que algunos de sus esfuerzos de aplicación de las leyes migratorias «han ido demasiado lejos» y no ocultó su desacuerdo con la estrategia de deportaciones.
Choque dentro del Partido Republicano
El enfrentamiento pone de manifiesto las diferencias públicas cada vez más evidentes dentro del Partido Republicano en torno al alcance de la política migratoria de Trump.
Salazar señaló que en julio fueron detenidas unas 50 mil personas y afirmó que la mitad no tenía antecedentes penales.
También pidió al presidente que tenga cuidado con la información que recibe de sus asesores y sostuvo que los hispanos que contribuyeron a su regreso a la Casa Blanca en 2024 se sienten ahora «traicionados».
La congresista representa el distrito 27 de Florida, en el área de Miami-Dade, una circunscripción con una elevada presencia hispana. Su cuestionamiento llega a pocas semanas de las elecciones legislativas de medio mandato del 3 de noviembre.
El Gobierno rechaza una amnistía
La reacción del Departamento de Seguridad Nacional fue frontal. La dependencia sostuvo que, independientemente de las críticas de Salazar, los agentes del ICE están encargados de hacer cumplir las leyes aprobadas por el Congreso.
El Gobierno también rechazó la posibilidad de una amnistía para inmigrantes en situación irregular. La posición coincide con la línea general de la administración Trump de ampliar la aplicación de las normas migratorias y acelerar las deportaciones.
Salazar, por su parte, ha aclarado que sus críticas no equivalen a una petición de amnistía. En su mensaje al presidente planteó que una eventual solución migratoria debería permitir una vida digna a quienes llevan años en Estados Unidos.
Mientras otros republicanos también han expresado reservas sobre determinadas actuaciones de la administración, el caso de Salazar resulta especialmente significativo porque la congresista fue una destacada aliada política de Trump que ahora lo cuestiona públicamente, a él, a la ICE y al DHS.
El ICE es la agencia federal encargada de hacer cumplir las leyes de inmigración dentro de Estados Unidos, mientras que el DHS supervisa las principales agencias federales responsables de seguridad interior y control migratorio.
El debate actual también alcanza a inmigrantes con procesos migratorios pendientes. En Florida, el tema tiene una dimensión particular por el peso electoral y demográfico de las comunidades latinoamericanas, especialmente en el área de Miami-Dade.
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