Un año después del acuerdo de alto el fuego impulsado por la Administración del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza, la población palestina continúa atrapada en una crisis humanitaria, mientras la reconstrucción del territorio permanece paralizada y los ataques israelíes siguen causando víctimas.
El plan anunciado en octubre de 2025 contemplaba el cese de las hostilidades, el intercambio de rehenes y prisioneros, la entrada de ayuda humanitaria y la recuperación de los servicios esenciales.
Sin embargo, según un análisis publicado en la revista estadounidense Foreign Affairs, buena parte de esos compromisos continúa pendiente.
La estrategia del gobierno de Netanyahu es hacer Gaza "inhabitable hasta el punto en que sus residentes se ven obligados a irse", escribe Khaled Elgindy.
La población de Gaza, estimada en unos 2,2 millones de personas, permanece mayoritariamente desplazada, en condiciones precarias y con acceso insuficiente a alimentos, medicamentos, agua potable y saneamiento, afirma Khaled Elgindy.
Khaled Elgindy es investigador sénior del Quincy Institute for Responsible Statecraft y autor del libro Blind Spot: America and the Palestinians, From Balfour to Trump (Punto ciego: Estados Unidos y los palestinos, de Balfour a Trump).
Aunque la situación alimentaria en algo ha mejorado en Gaza respecto de los períodos de hambruna registrados anteriormente, las condiciones de vida siguen siendo críticas, alerta.
El documento sostiene que la falta de avances no responde únicamente a las dificultades para implementar el acuerdo, sino también a las diferencias entre Israel y Hamás sobre el desarme del grupo palestino, la retirada de las tropas israelíes y el establecimiento de una nueva administración para el territorio.
Reconstrucción paralizada
La segunda fase del plan, puesta formalmente en marcha en enero de 2026, contemplaba el despliegue de una fuerza internacional, la creación de un organismo palestino de administración tecnocrática y el desarme progresivo de Hamás, acompañado por la retirada de las fuerzas israelíes.
La ejecución de esas medidas debía abrir el camino a la reconstrucción de Gaza. No obstante, el análisis señala que Israel continúa impidiendo la entrada de los organismos palestinos encargados de asumir funciones administrativas y policiales, mientras persiste el desacuerdo sobre el orden en que deben producirse el desarme y la retirada militar.
El documento también atribuye responsabilidad a Washington por permitir que el proceso político se estanque y aplicar de manera desigual las obligaciones del acuerdo. Según el análisis, la Administración Trump ha concedido a Israel un amplio margen de actuación, pese a las denuncias de incumplimientos del alto el fuego.
El texto sostiene que las restricciones a la ayuda humanitaria siguen impidiendo la entrada de los 600 camiones diarios que contemplaba el acuerdo.
Añade que más del 90 % de los habitantes de Gaza están desplazados y que Israel ha ampliado el territorio bajo su control militar hasta aproximadamente el 65 % de la Franja.
Desde la entrada en vigor del alto el fuego, los ataques israelíes habrían causado más de 1.400 muertes palestinas, de acuerdo con las cifras recogidas en el análisis.
El desplazamiento de los palestinos, una preocupación central
El artículo plantea que la prolongación de las condiciones de precariedad podría facilitar el desplazamiento permanente de los habitantes de Gaza, una posibilidad que vincula con las posiciones expresadas por integrantes del Gobierno israelí.
El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, ha defendido un plan de siete años para promover lo que denomina «emigración voluntaria» de los palestinos, que incluiría trasladar a 250.000 personas durante el primer año.
Por su parte, el ministro de Defensa, Israel Katz, ha defendido facilitar la emigración de los habitantes de Gaza.
El análisis también recoge declaraciones atribuidas al primer ministro Benjamín Netanyahu sobre la destrucción de viviendas y la posibilidad de que los palestinos terminen abandonando el territorio al no disponer de lugares a los que regresar.
En enero de 2025, Trump propuso que Estados Unidos asumiera el control de Gaza y trasladara a sus más de dos millones de habitantes, dentro de una iniciativa que describió como una transformación del territorio en la «Riviera de Oriente Medio». La propuesta provocó un rechazo internacional y posteriormente perdió protagonismo.
El análisis advierte de que mantener la Franja en un estado de destrucción, sin una paz efectiva ni una reconstrucción duradera, podría alimentar una nueva escalada militar y agravar la inestabilidad regional.
Presión internacional para desbloquear el acuerdo
El diplomático búlgaro Nikolay Mladenov, alto representante de la Junta de Paz impulsada por Trump para supervisar el plan, ha advertido que la ausencia de avances amenaza el futuro de Gaza y las posibilidades de alcanzar una solución de dos Estados.
El artículo considera que Estados Unidos y los demás mediadores deben exigir el cumplimiento de los compromisos tanto a Israel como a Hamás, garantizar la entrada masiva de ayuda humanitaria y desvincular la asistencia a la población de las disputas políticas y militares.
También plantea que el desarme de Hamás, la retirada israelí, la instalación de una administración palestina y la reconstrucción deben desarrollarse de manera paralela, en lugar de quedar supeditados a que una de las partes cumpla primero todas sus obligaciones.
La advertencia central es que, sin presión internacional efectiva, Gaza podría permanecer indefinidamente atrapada entre la violencia, la crisis humanitaria y la ausencia de perspectivas políticas. Las consecuencias, según el análisis, afectarían no solo a los palestinos, sino también a la estabilidad de Oriente Medio y a la credibilidad internacional de Estados Unidos.
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