La muerte de un joven anestesista en Buenos Aires destapó una investigación judicial por el presunto robo y uso recreativo de potentes anestésicos hospitalarios, como propofol y fentanilo, en fiestas privadas organizadas por profesionales de la salud. Dos médicos del Hospital Italiano están imputados y apartados de sus cargos, mientras la Justicia avanza para esclarecer el circuito de los fármacos y los riesgos asociados.
El caso que encendió las alarmas
El 20 de febrero de 2026, Alejandro Zalazar, anestesista de 31 años del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, fue hallado muerto en su departamento de Palermo. Personal de emergencias encontró en la escena insumos para inyección y restos de propofol y fentanilo, dos drogas de uso hospitalario exclusivo, no disponibles en farmacias ni para uso particular. La autopsia preliminar sugiere una sobredosis como causa probable del deceso.
La investigación judicial, iniciada tras la denuncia del hospital por faltante de anestésicos el 23 de febrero, reveló que los fármacos hallados en el domicilio de Zalazar provenían del Hospital Italiano de Buenos Aires. Este hallazgo motivó allanamientos y la identificación de dos profesionales como principales sospechosos de la sustracción y redistribución de los medicamentos.
Quiénes son los imputados
Los investigados son Hernán Boveri, exmédico del área de Anestesiología del Hospital Italiano, y Delfina Lanusse, residente de tercer año en la misma especialidad. Ambos fueron apartados de sus cargos tras la difusión del caso y están imputados por el fiscal Lucio Herrera y el juez Javier Sánchez Sarmiento.
Boveri cuenta con una extensa trayectoria en anestesiología, participando en espacios de formación y actividades científicas a nivel nacional e internacional. Lanusse, por su parte, se encontraba en pleno proceso de residencia en el hospital al momento de la denuncia.
El circuito de los anestésicos y las “Propo fest”
Según la investigación, los medicamentos eran sustraídos del circuito interno hospitalario y utilizados en fiestas privadas, denominadas “Propo fest”, donde se consumían fuera de cualquier control médico, sin indicación clínica ni monitoreo. Documentos judiciales citados por la prensa detallan que el consumo se realizaba en ámbitos ajenos a la práctica asistencial, lo que incrementa los riesgos asociados al uso de estas sustancias.
El propofol y el fentanilo son anestésicos intravenosos de uso restringido, empleados habitualmente en procedimientos quirúrgicos. Su uso recreativo, además de ilegal, puede provocar depresión respiratoria, pérdida de conciencia y, en casos como el de Zalazar, la muerte.
Avances judiciales y repercusiones
La Justicia ordenó restricciones de contacto entre los imputados y continúa con las pericias para determinar el alcance del desvío de medicamentos y la posible existencia de una red de distribución. El caso generó preocupación en el ámbito médico y sanitario, tanto por la vulnerabilidad de los controles internos como por el impacto en la confianza pública.
En paralelo, circulan audios y testimonios que sugieren la participación de otros profesionales, aunque hasta el momento no se han formalizado nuevas imputaciones.
El avance de la causa podría derivar en nuevas imputaciones y en la revisión de los protocolos de seguridad en hospitales públicos y privados. El caso expone la necesidad de reforzar los controles sobre medicamentos de uso restringido y de abordar el consumo problemático de sustancias dentro del ámbito médico.
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