Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desalojo provocó protestas en distintas ciudades de España, podrá volver a la vivienda del barrio madrileño de Retiro donde residió durante 70 años, tras un acuerdo alcanzado entre su familia, su abogada, el Sindicato de Inquilinas de Madrid y la empresa propietaria del inmueble.
El acuerdo, que debe ser ratificado por la propia Abascal, se produce en vísperas de la reunión del Consejo de Ministros en la que el Gobierno de Pedro Sánchez prevé aprobar un real decreto con nuevas medidas sobre vivienda.
La mujer permanece ingresada en un hospital público desde que fue desalojada el pasado 23 de septiembre. Su regreso se producirá una vez reciba el alta médica, según explicó su abogada, Beatriz Duro.
«Ojalá este acuerdo sirva también para cambiar un poco el paradigma en materia de vivienda», declaró Duro.
De 500 a 1.650 euros de alquiler
Abascal pagaba 500 euros mensuales por un contrato de renta antigua y recibía una pensión de unos 1.300 euros. Después de que Urbagestión Desarrollo e Inversión SL adquiriera el apartamento en 2018, la empresa reclamó la finalización del contrato y posteriormente planteó una renta de 1.650 euros.
La disputa llegó a los tribunales. Abascal ganó en primera instancia, pero la Audiencia Provincial de Madrid revocó esa decisión y el Tribunal Supremo terminó fallando a favor de la propiedad.
Después de varios intentos de desalojo, la orden judicial se ejecutó el 23 de septiembre.
La Puerta del Sol mantiene la presión
El acuerdo que permitirá el regreso de Abascal se produce mientras centenares de personas permanecen acampadas en la Puerta del Sol de Madrid para reclamar cambios en las políticas de vivienda.
Las movilizaciones, impulsadas por organizaciones de inquilinos, se extendieron el sábado por distintas ciudades españolas y reunieron a decenas de miles de personas, según los organizadores.
Los manifestantes reclaman, entre otras medidas, una mayor protección frente a los desahucios, regulación de los alquileres de temporada y contratos de duración indefinida para evitar incrementos de las rentas al finalizar los contratos.
La concentración en Sol busca mantener la presión durante las próximas 48 horas, coincidiendo con la aprobación prevista del real decreto y con su posterior tramitación parlamentaria.
Un decreto pendiente de apoyos
El Gobierno socialista ha anunciado que trabaja «a contrarreloj» para presentar este martes un paquete de medidas que incluye actuaciones sobre desahucios, alquileres, pisos turísticos, fondos de inversión y determinados incentivos fiscales relacionados con la vivienda.
Pero la aprobación del decreto en el Parlamento no está asegurada. El Ejecutivo no cuenta con mayoría suficiente y necesita negociar con otras fuerzas políticas, incluido su socio de Gobierno, Sumar.
Las organizaciones de inquilinos reclaman que el decreto incluya la renovación automática de los contratos de alquiler, una medida que permitiría limitar los aumentos de renta cuando concluya el contrato vigente.
El Gobierno, por su parte, ha planteado un paquete más amplio de medidas para intervenir en distintos ámbitos del mercado de la vivienda.
El caso que se convirtió en símbolo
El caso de Abascal se convirtió en uno de los principales focos de las protestas contra el encarecimiento de la vivienda en España.
Su desalojo ocurrió en un momento de fuerte presión sobre el mercado inmobiliario. Según datos citados de Idealista, el alquiler medio alcanzó en agosto los 15,1 euros por metro cuadrado, aproximadamente el doble que una década atrás.
Ahora, el acuerdo que le permitirá regresar a su casa llega justo cuando el Gobierno se dispone a adoptar nuevas medidas sobre vivienda y cuando los manifestantes mantienen su movilización en el centro de Madrid.
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