El Gobierno estadounidense convirtió en una política permanente el programa de fianzas para determinados solicitantes de visas B-1/B-2, destinadas a viajes de negocios y turismo, con montos que podrán ser de 10.000, 15.000 o 20.000 dólares según la evaluación del funcionario consular encargado del caso.
La disposición, publicada en el Registro Federal, entrará en vigor el próximo lunes. Mantiene el criterio de que los ciudadanos de determinados países considerados con mayores tasas de permanencia después del vencimiento de sus visados deben ofrecer una garantía económica antes de obtener autorización para viajar.
Entre los países incluidos figuran principalmente naciones de África occidental y oriental, como Benín, Nigeria, Etiopía y Uganda, además de Cuba, Granada, Nicaragua, Dominica y Venezuela. La lista oficial del Departamento de Estado también incluye otros Estados de África, Asia, Oceanía y América Latina.
El Gobierno afirma que redujo solicitudes y sobreestadías
- El programa piloto comenzó en agosto del año pasado. Durante ese período de prueba, el Departamento de Estado identificó unas 20.000 solicitudes de visas B-1/B-2 que estaban sujetas al pago de la fianza.
- La publicación en el Registro Federal que entra en vigor el lunes no crea el programa desde cero, sino que formaliza o actualiza su aplicación. Por eso el Gobierno estadounidense puede presentar datos acumulados de un año de funcionamiento previo.
La Administración estadounidense sostiene que el programa ha tenido efectos en la reducción de solicitudes de visado y de los casos de personas que permanecen en territorio estadounidense más allá del tiempo autorizado.
Durante el primer año de aplicación, unas 20.000 solicitudes fueron identificadas como sujetas al pago de la fianza, según datos citados por el Departamento de Estado. Cerca de la mitad de esos solicitantes decidió no continuar con el trámite después de conocer el requisito económico.
El balance oficial señala además que la concesión de visas de turismo y negocios en los países afectados disminuyó un 83 % durante el período de aplicación del programa.
Críticas por impacto económico y discriminatorio
Organizaciones de defensa de los migrantes cuestionan la medida porque consideran que convierte la capacidad económica en un factor adicional para acceder a vías legales de entrada a Estados Unidos.
Los críticos sostienen que la exigencia puede afectar especialmente a ciudadanos de países pobres, donde un depósito de hasta 20.000 dólares supera ampliamente los ingresos anuales de muchas familias y limita la posibilidad de viajar por motivos familiares, comerciales o turísticos.
Reuters reportó previamente que la ampliación del programa había sido presentada por la Administración Trump como una herramienta para evitar que visitantes extranjeros incumplan los términos de sus visas, mientras grupos de derechos humanos advertían sobre sus efectos desiguales.
La política migratoria de Trump endurece los controles
La medida se suma a una serie de acciones impulsadas por la Administración Trump para reforzar el control migratorio, entre ellas mayores restricciones de entrada, revisiones adicionales y medidas contra personas consideradas susceptibles de permanecer ilegalmente en el país.
El Departamento de Estado establece que el dinero de la fianza será administrado por el Tesoro estadounidense y devuelto a los viajeros que cumplan las condiciones del visado, incluida la salida del territorio estadounidense dentro del plazo autorizado.
El programa de fianzas migratorias fue lanzado inicialmente como una prueba limitada para países con altos índices de incumplimiento de las condiciones de los visados. Posteriormente fue ampliado hasta alcanzar 50 países, en su mayoría africanos, con nuevas incorporaciones que incluyeron naciones de América Latina, Asia y otras regiones.
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