Las declaraciones del mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, sobre que en su país "no volverá a haber elecciones" para que la oposición le dispute el poder, marcan un nuevo escalón en la consolidación autoritaria del régimen Ortega-Murillo y reactivan el debate sobre la respuesta de los organismos multilaterales y de los gobiernos del hemisferio frente al deterioro democrático en ese país de Centroamérica.
El copresidente de 80 años declaró durante la conmemoración del 47.º aniversario de la Revolución Sandinista que en el país "no volverá a haber elecciones", una afirmación que supone el reconocimiento explícito del abandono democrático. Nada sorpresivo.
"Que se olviden, aquí no volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno y atrapar el poder", declaró en el acto por el 47° aniversario de la revolución sandinista, celebrado en Managua.
El gobernante "exizquierdista" -tildado así por tantos otros comandantes y bases sandinistas perseguidos por denunciar la deriva totalitaria- adelantó que impulsará nuevas normas junto con la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, para impedir que partidos opositores puedan disputar el Gobierno mediante las urnas.
Oposición pide presión internacional contra Ortega
El movimiento político opositor nicaragüense Unión Democrática Renovadora (Unamos) pidió a la comunidad internacional no permitir que Ortega se salga con la suya.
"A esa comunidad internacional le pedimos que no permita que este régimen siga actuando con total impunidad. Le pedimos que actúe ya, respaldando al pueblo nicaragüense y ejerciendo la máxima presión política y diplomática para que se abra en nuestra patria la ruta hacia la democracia", demandó ese grupo integrado por disidentes nicaragüenses desnacionalizados en el exilio, entre otros opositores, en una declaración pública.
Para Unamos, desde que Ortega retornó al poder, en 2007, el Gobierno sandinista "nos ha robado ese derecho" a unas elecciones libres.
"Ahora, Ortega se descaró impúdicamente, dejando clara la naturaleza tiránica de su régimen. Y al hacerlo, reveló el terror que tienen al voto libre de la gente. Ya tienen control sobre todas las instituciones y reprimen a todo el mundo, pero tienen mucho miedo a unas elecciones libres", señaló ese movimiento, al que pertenece la histórica exguerrillera Dora María Téllez, desnacionalizada por las autoridades tras ser excarcelada y desterrada por delitos de "traición a la patria".
Unamos recordó que en 2021, en vísperas de las últimas elecciones presidenciales, el fraude fue por adelantado cuando el oficialismo encarceló a todos los aspirantes a candidatos presidenciales por la oposición, así como a líderes políticos, periodistas, sacerdotes, líderes sociales y activistas, y eliminaron a los partidos políticos que aún quedaban.
"Saben que el pueblo nicaragüense los repudia y que somos muchos los que dentro de Nicaragua y fuera de nuestro país seguimos luchando por abrir la ruta a la democracia", apuntó.
"Han vuelto los ojos y los oídos de la comunidad internacional hacia Nicaragua", que comprueban, de boca de Ortega, "la inexistencia de un Estado de Derecho y la absoluta conculcación de nuestras libertades. Si la tiranía ha expresado tan claramente su temor, quiere decir que la resistencia del pueblo nicaragüense está dando resultados", y que "el final de la tiranía de los Ortega-Murillo está cerca", remató.
Otro salto hacia el poder permanente
Aunque diversos organismos internacionales denuncian desde hace años la falta de democracia y por ende de garantías electorales en Nicaragua, las palabras de Ortega representan un cambio cualitativo porque dejan de presentar las elecciones como un mecanismo, aunque cuestionado, de legitimación política.
El mandatario, en el poder desde 2007, gobierna junto con Rosario Murillo, de 75 años, designada copresidenta tras la reforma constitucional de 2025, que amplió el período presidencial, concentró aún más las funciones del Ejecutivo y eliminó contrapesos institucionales.
Ortega gobernó por primera vez como líder de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, tras el triunfo de la Revolución Sandinista que derrocó al dictador Anastasio Somoza el 19 de julio de 1979. Posteriormente, fue elegido presidente constitucional en las elecciones de 1984, ejerciendo el mandato hasta 1990.
Regresó al poder el 10 de enero de 2007 tras ganar las elecciones presidenciales del 5 de noviembre de 2006. Es decir, consiguió su retorno a través de las urnas luego de pasar 16 años en la oposición y perder tres elecciones consecutivas (1990, 1996 y 2001).
Durante su discurso del 19 de julio último, Ortega aseguró que promoverá leyes para levantar "un muro" contra quienes calificó de "golpistas" y "vendepatrias", en referencia a la oposición nicaragüense exiliada.
Del autoritarismo electoral al modelo sin competencia
La principal novedad no reside en la inexistencia práctica de elecciones libres —cuestionadas desde hace varios procesos electorales— sino en que el propio Gobierno deja de considerar necesaria cualquier forma de competencia política.
Las elecciones presidenciales de 2021 ya habían sido ampliamente criticadas después del encarcelamiento e inhabilitación de precandidatos opositores, mientras diversos organismos internacionales denunciaron la ausencia de condiciones para unos comicios libres.
Dirigentes opositores en el exilio sostienen que las declaraciones de Ortega consolidan un modelo de partido dominante y cierran la posibilidad de una transición mediante elecciones competitivas.
Reacciones internacionales
La OEA y EEUU elevan el tono
La región enfrenta entonces un nuevo episodio de deterioro democrático, en momentos en que el Caribe y América Latina concentran esfuerzos en otras crisis regionales, como Haití y Venezuela.
La primera reacción institucional de alto nivel provino de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Su secretario general, Albert Ramdin, afirmó que el régimen nicaragüense "ha abandonado la democracia, incluso la apariencia de ella".
Ramdin consideró que las declaraciones de Ortega hacen explícito un proceso de concentración del poder que ya venía siendo denunciado internacionalmente.
Paralelamente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, condenó en un comunicado que Ortega descartara cualquier posibilidad de elecciones: "La declaración de Daniel Ortega de que bajo su dictadura familiar Nicaragua no volverá a celebrar elecciones muestra su verdadera naturaleza autoritaria".
Rubio pidió a la comunidad internacional "unir fuerzas" para demostrarle a la "dictadura que no puede seguir haciendo como si nada pasara" y remarcó que "el pueblo nicaragüense tiene derecho a elegir a sus propios líderes mediante elecciones democráticas".
Washington mantiene desde 2018 un amplio régimen de sanciones contra funcionarios y entidades vinculadas al Gobierno nicaragüense y ha reiterado su desconocimiento de los procesos electorales celebrados bajo el actual modelo político.
Las declaraciones de Ortega podrían aumentar la presión para nuevas medidas diplomáticas o económicas, aunque hasta este martes no se habían anunciado sanciones adicionales específicamente vinculadas al discurso del 19 de julio.
Hasta el momento de esta publicación no se había anunciado una sesión extraordinaria de emergencia de la OEA específicamente por estas declaraciones.
Tampoco se habían divulgado nuevas resoluciones del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General de las Naciones Unidas relacionadas con este anuncio, aunque el sistema de Naciones Unidas había cuestionado previamente las reformas constitucionales y el deterioro de las libertades públicas en Nicaragua.
La Unión Europea tampoco ha emitido un nuevo paquete de medidas tras las declaraciones, aunque mantiene sanciones individuales contra altos funcionarios nicaragüenses.
República Dominicana y CARICOM
Santo Domingo ha mantenido en los últimos años una política exterior favorable a la defensa de los procesos electorales democráticos en los foros hemisféricos, posición expresada recientemente durante debates de la OEA sobre Venezuela.
Por lo mismo, se estima que es cuestión de horas para que el Gobierno del presidente Luis Abinader emita una declaración oficial específica sobre el anuncio de Ortega y lo mismo se espera de la CARICOM.
Panamá llama a consultas a su embajador
El Gobierno de Panamá llamó este martes a consultas a su embajador en Nicaragua tras rechazar las declaraciones de Ortega.
"Suprimir" un derecho "fundamental" como es el voto "representa un fuerte agravio" a principios democráticos y "en respuesta a ese grave hecho el Gobierno de Panamá ha convocado a consultas en la Ciudad de Panamá al embajador ante Nicaragua", señaló la Cancillería panameña en un comunicado.
Costa Rica critica con "declaraciones atrevidas"
Costa Rica reiteró su "profunda preocupación" por el cierre de espacios cívicos en Nicaragua y el Gobierno nicaragüense rechazó lo que tildó de "declaraciones atrevidas" y le recordó "al ilustrado Gobierno" de San José "el principio de no intervención o injerencia en los asuntos internos de otros Estados".
Nicaragua "no es una provincia de su respetable país y, por lo tanto, tiene derecho a ejercer su soberanía e independencia, igual que cualquier otro Estado del Mundo. Desconocemos las atrevidas declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, y ratificamos que los asuntos nacionales son propios de cada Estado independiente".
Las relaciones bilaterales se mantienen a nivel de consulados desde 2018, cuando el entonces presidente costarricense, Carlos Alvarado (2018-2022), decidió no nombrar embajador en Nicaragua debido a la represión y violaciones a los derechos de opositores y manifestantes.
Reformas previas que cambiaron el sistema nicaragüense
La reforma constitucional que entró en vigor en 2025 transformó profundamente el sistema político nicaragüense al fortalecer el poder del Ejecutivo, crear la figura de la copresidencia, ampliar el mandato presidencial y reducir los contrapesos institucionales.
Esta modificación reformó más de un centenar de artículos de la Constitución y rediseñó la estructura del Estado para consolidar el control del Ejecutivo sobre los demás órganos públicos.
El cambio más simbólico fue la desaparición del esquema tradicional de presidente y vicepresidente para crear la figura de la copresidencia, ocupada por Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo. Ambos pasaron a ejercer las mismas atribuciones constitucionales como jefes de Estado y de Gobierno, en un modelo sin precedentes en América Latina contemporánea.
Con esto se institucionalizó un poder compartido de carácter familiar, aunque la propia familia de Ortega se vio castigada.
El fin de la vieja guardia sandinista
La consolidación del binomio Ortega-Murillo también supuso el progresivo desplazamiento de históricos dirigentes del sandinismo que habían acompañado la revolución de 1979.
Entre ellos destacó Humberto Ortega Saavedra, hermano mayor del mandatario y exjefe del Ejército Popular Sandinista. Aunque llevaba años retirado de la política activa, Humberto Ortega conservaba un importante peso simbólico dentro del sandinismo histórico y mantenía relaciones con sectores militares y empresariales.
En 2024 concedió varias entrevistas en las que cuestionó el rumbo político del Gobierno y advirtió sobre la necesidad de una transición institucional tras la desaparición física de Daniel Ortega. Sus declaraciones fueron interpretadas por el oficialismo como un desafío interno.
Poco después fue sometido a un régimen de aislamiento domiciliario, restringido en sus comunicaciones y separado completamente de la vida pública. Falleció meses después, en septiembre de 2024, sin haber recuperado la libertad.
Este episodio sirvió, entre tantos otros, como una demostración de que ni siquiera los fundadores históricos de la Revolución Sandinista conservaban capacidad para cuestionar el liderazgo del matrimonio Ortega-Murillo.
La reforma constitucional de 2025 terminó de formalizar un proceso que venía desarrollándose desde hacía varios años: la sustitución del liderazgo colectivo que caracterizó al sandinismo original por un sistema altamente centralizado en torno a una familia.
Ese proceso ha llevado a diversos centros de estudios y organizaciones internacionales a describir el modelo político nicaragüense como una dinastía política de facto, en la que la sucesión del poder queda concentrada dentro del círculo familiar de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La reforma constitucional también amplió el período presidencial de cinco a seis años, mantuvo la reelección indefinida y otorgó a la copresidencia facultades para coordinar directamente los órganos Legislativo, Judicial y Electoral, debilitando aún más la separación de poderes.
Asimismo, fortaleció el control del Ejecutivo sobre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, autorizó nuevas estructuras policiales voluntarias y amplió las capacidades del Estado para intervenir en ámbitos considerados de seguridad nacional.
Rosario Murillo: de primera dama a copresidenta
Rosario Murillo Zambrana, nacida en Managua en 1951, participó en el Frente Sandinista de Liberación Nacional desde la década de 1970 y ha acompañado políticamente a Daniel Ortega durante gran parte de su trayectoria.
Fue diputada, primera dama desde el regreso de Ortega al poder en 2007, portavoz del Gobierno, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía y vicepresidenta entre 2017 y 2025. Con la reforma constitucional pasó a ser copresidenta con iguales facultades que su esposo.
Durante la última década, Murillo dejó de desempeñar un papel protocolar para convertirse en la principal administradora del aparato político y comunicacional del régimen. Controla la estrategia de comunicación gubernamental, participa en las principales decisiones del Ejecutivo, mantiene influencia sobre los nombramientos de altos funcionarios y es considerada la figura con mayor capacidad de decisión después de Ortega, o incluso su principal socia política.
Diversos informes de organismos internacionales la incluyen entre las principales responsables de la represión contra opositores tras las protestas de 2018.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua la apunta por uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, persecución de opositores, restricciones a las libertades públicas y otras violaciones de derechos humanos, durante y después de las manifestaciones.
Las protestas de 2018: el punto de quiebre
La crisis política más profunda del Gobierno comenzó en abril de 2018, cuando una reforma al sistema de seguridad social -con alza de las cotizaciones y reducción de las pensiones- desató manifestaciones encabezadas inicialmente por jubilados y estudiantes.
La respuesta de la Policía Nacional y de grupos armados progubernamentales transformó rápidamente la protesta en un movimiento nacional que exigía la renuncia del presidente, elecciones anticipadas y el restablecimiento de las libertades democráticas.
Aunque Ortega derogó la reforma poco después, las movilizaciones continuaron durante varios meses y fueron respondidas con una intensa represión. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la actuación estatal dejó al menos 355 personas muertas, más de 2.000 heridas y miles de detenidos.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes concluyeron que existieron graves violaciones de derechos humanos, incluidos asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y persecución de opositores.
Las consecuencias políticas se extendieron mucho más allá de las protestas. En los años siguientes, el Gobierno canceló la personalidad jurídica de miles de organizaciones no gubernamentales, cerró universidades y medios de comunicación, expulsó a organismos internacionales, encarceló o forzó al exilio a dirigentes opositores, periodistas, religiosos y defensores de derechos humanos, y despojó de la nacionalidad nicaragüense a decenas de críticos del régimen.
Todo esto marcó el tránsito definitivo de Nicaragua desde un sistema de autoritarismo electoral hacia un régimen de control político prácticamente absoluto.
¿Y las elecciones de este 2026?
Las elecciones generales, previstas inicialmente para finales de este 2026, ya fueron desplazadas a 2027 conforme al nuevo calendario constitucional.
Nicaragua iba a celebrar elecciones generales en noviembre, pero la profunda reforma constitucional de hace un año y medio amplió el mandato presidencial de cinco a seis años, por lo que los comicios deberían realizarse en noviembre de 2027. En todo caso, de ellos nada democrático se espera.
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