Los principales sindicatos de España -CCOO y UGT- acordaron este lunes la convocatoria de una huelga general de 24 horas a celebrar en los próximos meses, una movilización que pretende reivindicar salarios suficientes para acceder a una vivienda digna.
La fecha definitiva de la huelga se analizará con las organizaciones sociales y el Sindicato de Inquilinas -quien convocó las últimas protestas multitudinarias-, con el objetivo de movilizar a las personas trabajadoras para secundar este paro general "por el derecho a la vivienda y salarios dignos para pagarla", indicaron en un comunicado conjunto.
Con este acuerdo, que ahora tendrá que ser ratificado por sus máximos órganos de dirección, las organizaciones sindicales dan así el paso que adelantaban el pasado viernes, tras el rechazo de los partidos de derecha y ultraderecha del Congreso a dos decretos de la vivienda con medidas urgentes que había promovido el Gobierno.
Según explican los sindicatos, las manifestaciones del pasado fin de semana han mostrado la fuerza de esa demanda y la respuesta "debe construirse entre todas las organizaciones que la sostienen".
Así, la huelga general interpela a las diferentes administraciones públicas que tienen competencias en materia de vivienda y a las organizaciones empresariales "que deben asumir que los salarios tienen que garantizar el acceso a un bien básico como es la vivienda", remarcan UGT y CCOO.
Las propuestas sindicales se enmarcaban en el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que incluía clausulas de revisión salarial (con incrementos entre el 4 % y el 7 %) y clausulas para facilitar el acceso a la vivienda, así como en la Propuesta Sindical Unitaria impulsada por ambos sindicatos.
El comunicado explica que esta propuesta recoge un decálogo por el derecho a la vivienda, que reclama un pacto social y político, un parque público de vivienda protegida y permanente, la limitación del precio de los alquileres y la aplicación efectiva de la Ley por el Derecho a la Vivienda en todos los territorios.
CCOO y UGT llaman a las personas trabajadoras a sumarse a esta campaña -en los centros de trabajo y en la calle- y a secundar la huelga general, además de insistir en que van a seguir en la movilización y en la negociación colectiva "hasta que la vivienda deje de ser un privilegio y los salarios permitan vivir con dignidad".
Las movilizaciones por la vivienda tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años a la que desalojaron de su casa de toda la vida por no poder hacer frente a la subida del alquiler, y las acampadas de ciudadanos en varias plazas del país han desembocado, tras el rechazo de los decretos por el Congreso, en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidiera este lunes adelantar las elecciones parlamentarias al 29 de noviembre.
Miles de personas marchan en Barcelona
Miles de personas marchan por las calles de Barcelona reclamando una huelga general como medida de presión a la clase política ante la crisis de la vivienda, un parón que los sindicatos de vivienda quieren que sea este noviembre, en el mismo mes de las elecciones generales.
La manifestación estaba convocada para el pasado sábado, cuando decenas de miles salieron a las calles en otras ciudades de España, pero la alerta roja por fuertes lluvias desplazó la movilización hasta este lunes por la tarde, un día que aún ha sido lluvioso en Barcelona pero solo por la mañana.
Así la protesta ha coincidido con el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre tras el fracaso en la tramitación de los decretos de vivienda la semana pasada en el Congreso de los Diputados.
Los manifestantes hicieron sonar sus llaves y entonaron consignas como 'No se entiende: gente sin casa y casa sin gente', 'Maricarmen, ¡no estás sola!', en solidaridad con la mujer de 87 años desahuciada de su casa que dio lugar al movimiento, o 'Rentistas culpables, gobiernos responsables'.
También exhibieron pancartas con mensajes como 'Nos hace falta una huelga general', 'Contratos indefinidos ya' o 'Fin a la codicia de los caseros'.
Un calendario propio
La portavoz del Sindicat de Llogateres (Sindicato de Inquilinas, en catalán), Carme Arcarazo, afirmó que han "encendido una chispa que es imparable" en defensa de la vivienda: "Ahora ha empezado la legislatura de la vivienda y no nos marcará el paso un calendario electoral, sino que tenemos nuestro calendario y es ir hacia la huelga general en noviembre".
En este sentido, Arcarazo celebró que los sindicatos mayoritarios CC.OO. y UGT hayan acordado la convocatoria de una huelga general de 24 horas para este otoño, aunque no se ha concretado aún la fecha.
"Queremos que esta huelga sea un éxito y tenemos delante un enemigo muy poderoso; queremos convocar la huelga y ganarla", afirmó.
La portavoz de Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC, Sindicato de Vivienda Socialista de Cataluña), Gisela Bermúdez, afirmó que "no hay ningún partido político que quiera acabar realmente con la crisis de la vivienda, no por incompetencia, sino porque ninguno quiere romper el negocio de la vivienda y ponerse al lado de la clase trabajadora".
El portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Juanjo Ramón, celebró, por su parte, que "las calles hayan despertado" después de que "ningún gobierno haya revertido esta situación".
¿Qué están haciendo los Gobiernos en Europa para atajar la crisis de vivienda?
La crisis de vivienda que atraviesa España no es una situación aislada en el conjunto del continente europeo, que mantiene problemas similares por el encarecimiento de los precios de la vivienda, la escasez de oferta o la problemática de los desahucios.
Esta situación se aborda de manera distinta por parte de los países europeos, impulsados algunos de ellos por políticas más liberales, que apuestan por no topar el precio de los alquileres, mientras otros optan por adoptar medidas más intervencionistas y paralizar los desahucios.
Tope de alquileres y construcción de obra nueva
Ante el déficit de 1,3 millones de viviendas que sufre Alemania, en 2015 se aprobó el llamado "freno al precio del alquiler", que permite a los estados federados determinar qué zonas de su territorio están "tensionadas" por el alza de las rentas y, en ellas, limitar el precio de los nuevos contratos de alquiler a un máximo del 10 % por encima del alquiler medio.
Berlín, Hamburgo o Colonia aplican controles sobre las viviendas turísticas y exigen sistemas de identificación, así como también existen mecanismos para combatir la desocupación especulativa de viviendas, mientras en Múnich las autoridades pueden recurrir a datos de electricidad y agua para comprobar si una vivienda permanece vacía.
En las grandes ciudades francesas, como París o Lyon, la administración fija un alquiler máximo por metro cuadrado.
Austria impulsó en enero un 'freno a los alquileres' que limita el aumento al 1 % en 2026, al 2 % en 2027, un límite que afecta, en general, a los pisos construidos antes de 1945, cuya renta está regulada. Para los de mercado libre, el alquiler sólo puede subir una vez al año.
En Polonia, el precio de los alquileres los fija libremente el mercado, aunque el propietario debe notificar la subida con una antelación de tres meses.
En los alquileres indefinidos el propietario sólo puede finalizarlo por causas concretas, similar a Rumanía, que no cuenta con regulación ni topes a los alquileres con excepción de la vivienda social.
En Italia, Giorgia Meloni sacó adelante el programa 'Piano Casa Italia' (Plan Casa Italia) para recalificar en la próxima década unos 60.000 inmuebles públicos o concertados para ofrecerlos a precios asequibles.
Desahucios
En materia de desahucios, Francia cuenta con la llamada tregua invernal que impide ejecutar expulsiones de viviendas entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo, una medida que comparte con Polonia y con las regiones de Bruselas y Valonia, en Bélgica.
El Gobierno de Luís Montenegro, en Portugal, sacó adelante una propuesta para reformar el mercado del alquiler y acelerar los desahucios que no provocó reacción social por el momento, a diferencia de España, donde hubo protestas masivas en contra de los desahucios y los fondos buitre.
Con esta iniciativa, Portugal busca aumentar la oferta de vivienda en alquiler con medidas como la posibilidad de desahuciar cuando el inquilino acumule dos meses de rentas impagadas, frente a los tres meses actuales.
En Finlandia, aunque no existe una legislación específica antidesahucios, los inquilinos de bajos ingresos reciben un subsidio específico para pagar el alquiler y pueden solicitar de manera urgente el subsidio de asistencia social básica de forma retroactiva para saldar la deuda y frenar el proceso judicial.
Por su parte, Grecia no sólo no cuenta con ley antidesahucios, sino que desde este mayo la ley permite a la Justicia acelerar los procesos de expulsión de los inquilinos que no paguen el alquiler para que se ejecuten en un máximo de seis meses.
Todo lo contrario ocurre en Austria: en 2022, el Gobierno aprobó un sistema para evitar que personas vulnerables acaben en la calle, una medida prorrogada hasta 2029 y que evitó hasta la fecha el desahucio de más de 42.000 personas, con un gasto anual de 28 millones de euros.
Vivienda turística
En lo que se refiere a las viviendas turísticas, en Francia los ayuntamientos pueden limitar su número y reducir a 90 días al año el periodo en que una residencia principal puede alquilarse a turistas.
En Finlandia, el control de las viviendas turísticas se realiza a través de las comunidades de vecinos, que desde el 1 de octubre tienen derecho a prohibir este tipo de hospedaje y a tomar posesión legal temporalmente del piso turístico si causa "molestias significativas" a los vecinos.
Y en Países Bajos, desde 2021 existe un registro obligatorio de este tipo de viviendas y límites de hasta 30 días anuales, mientras que, para frenar la especulación, desde el 1 de enero de 2022 los municipios pueden vetar cuatro años el alquiler de inmuebles comprados por inversores.
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