El presidente de Chile, José Antonio Kast, enfrenta una situación políticamente significativa: organizaciones de camioneros históricamente vinculadas a sectores conservadores y de derecha pinochetista mantienen una paralización contra su Gobierno por el encarecimiento de los combustibles, mientras el Ejecutivo encuentra dificultades para imponer sus propuestas en el Congreso.

La protesta, que comenzó este martes, incuye bloqueos y restricciones parciales en diferentes tramos de la Ruta 5, principal carretera del país, y en accesos portuarios.

Los transportistas reclaman medidas para contener el precio del diésel, revisar el impuesto específico a los combustibles y reducir los costos de peajes y TAG.

La movilización fue convocada por la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, encabezada por Cristián Sandoval, y respaldada por la Confederación de Dueños de Camiones de la zona Centro-Sur, dirigida por Freddy Martínez.

Las dos principales organizaciones nacionales del sector, la CNTC y la CNDC, se desmarcaron inicialmente del paro.

Un gremio históricamente enfrentado a la izquierda

El conflicto tiene una dimensión histórica. En octubre de 1972, durante el Gobierno socialista de Salvador Allende, los camioneros protagonizaron una prolongada huelga nacional que contribuyó a paralizar la economía y agudizar la crisis política chilena.

La movilización, encabezada por León Vilarín, recibió el respaldo de sectores empresariales y políticos opositores a la Unidad Popular. Posteriormente, sectores del gremio respaldaron el golpe de Estado de 1973 y la dictadura de Augusto Pinochet.

Por eso, resulta políticamente significativo que organizaciones de ese sector utilicen ahora la paralización del transporte para presionar a un presidente identificado con la derecha.

Kast también tropieza en el Congreso

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SANTIAGO, CHILE – NOVEMBER Estudiantes de secundaria protestan contra los recortes presupuestarios en educación y las políticas impulsadas por el gobierno de José Antonio Kast en Santiago, Chile, el 5 de noviembre de 2026. La manifestación puso de relieve la exigencia de financiamiento para la educación pública y expresó su rechazo a medidas que, según las organizaciones estudiantiles, amenazan los derechos de las comunidades educativas. Cristobal Basaure / Anadolu (Foto de Cristobal Basaure / Anadolu vía AFP)

Las dificultades del mandatario no se limitan al conflicto con los transportistas. El 9 de noviembre, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de Presupuesto 2027, con 80 votos favorables, 63 contrarios y una abstención.

Sin embargo, este miércoles 11, durante la votación particular, la Cámara rechazó la partida del Ministerio de Educación, rresultado que obligó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a comprometerse a revisar la continuidad de programas como «Yo elijo mi PC», que contempla la entrega de computadores a estudiantes.

Una prueba para la derecha chilena

El Gobierno también retiró del Congreso un proyecto que buscaba limitar a 20 pesos por litro las alzas de los combustibles durante 90 días, mientras continuaban las negociaciones con los camioneros.

La reunión de este miércoles terminó sin acuerdo definitivo y los dirigentes anunciaron que mantendrían la movilización

El escenario plantea una contradicción política: Kast debe negociar con organizaciones de un sector históricamente cercano a la derecha y, al mismo tiempo, afrontar dificultades para conseguir respaldo parlamentario a partes de su programa.

La situación demuestra que la afinidad ideológica no garantiza respaldo automático cuando las decisiones gubernamentales afectan intereses económicos o prioridades políticas.

Ultraderechista con marcado deterioro de su popularidad

Según la encuesta Cadem, publicada el 8 de noviembre de 2026, la aprobación de la gestión de Kast se situó en apenas 29 %, mientras que la desaprobación alcanzó el 68 %.

La medición de Cadem del 1 de noviembre había situado su aprobación en el 26 %, después de una caída de siete puntos desde el inicio de la controversia por las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores.

Entre las principales razones de desaprobación figuran esa decisión favorables a agresores sexuales contra niños, el deterioro de las expectativas económicas, el desempleo y el aumento del costo de la vida y de los combustibles.

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