La forma en que un gobernante responde ante posibles irregularidades en instituciones públicas es una prueba determinante de su compromiso con la transparencia y el Estado de derecho. El manejo dado por el presidente Luis Abinader al caso SENASA ofrece una referencia clara en ese sentido.
La fortaleza de una democracia no se mide por la inexistencia de denuncias, sino por la manera en que el poder público responde cuando estas se producen. En ese contexto, el manejo que ha dado el presidente de la República, Luis Abinader, al caso que involucra al Seguro Nacional de Salud (SENASA) merece una valoración objetiva y responsable.
Ante informaciones que apuntan a posibles irregularidades en una institución clave del sistema de protección social, el presidente no optó por el silencio, la excusa ni la negación. Por el contrario, ordenó al superintendente de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), Miguel Ceara Hatton, y al director ejecutivo actual del Seguro Nacional de Salud (SENASA), Edward Guzmán, remitir ante la Procuraduría General de la República un informe sobre graves irregularidades detectadas en esa entidad. Corresponde ahora al Ministerio Público, como órgano constitucionalmente competente, investigar y perseguir los hechos que pudieran revestir carácter penal. Esta decisión reafirma un principio esencial del Estado de derecho: nadie está por encima de la ley, ni siquiera cuando se trata de instituciones vinculadas al propio Estado.
El caso SENASA deja una lección relevante para la vida democrática del país: cuando el poder político decide no interferir y, por el contrario, poner los hechos en manos de la justicia, envía un mensaje inequívoco de que la transparencia no es una consigna circunstancial, sino una práctica de gobierno.
De igual forma, el presidente Abinader invitó formalmente a SENASA a constituirse en parte civil, con el propósito de reclamar judicialmente la devolución de todos los recursos públicos que eventualmente hayan sido sustraídos. Esta actuación va más allá del discurso anticorrupción. Coloca en el centro del debate no solo la sanción penal, sino también la obligación de resarcir al Estado y, en última instancia, a los ciudadanos que dependen de esos fondos para garantizar su derecho a la salud.
SENASA administra recursos sensibles, destinados a la atención médica de millones de dominicanos, especialmente de los sectores más vulnerables. Precisamente por esa razón, cualquier señal de irregularidad debe ser tratada con rigor, transparencia y sentido de responsabilidad institucional. En este caso, la respuesta no vino impuesta por presiones externas, sino por una decisión directa del ciudadano presidente.
Resulta improcedente, por tanto, intentar endosar al presidente de la República responsabilidades que no le corresponden. Lejos de encubrir o tolerar irregularidades, el presidente Abinader ha demostrado, una vez más, que su compromiso es con el fortalecimiento de las instituciones y con el respeto a la independencia del Ministerio Público.
El caso SENASA deja una lección relevante para la vida democrática del país: cuando el poder político decide no interferir y, por el contrario, poner los hechos en manos de la justicia, envía un mensaje inequívoco de que la transparencia no es una consigna circunstancial, sino una práctica de gobierno.
En tiempos en que la desconfianza ciudadana suele alimentarse de la impunidad, actuar como lo ha hecho el presidente Abinader no debilita la autoridad del Estado; por el contrario, la legitima. Esa es la diferencia entre un poder que se protege a sí mismo y un poder que se somete a las reglas del Estado de derecho, aun cuando los costos políticos puedan ser altos.
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