El titular de la cartera del Interior de Perú, Juan José Santiváñez, no solo es cuestionado por su gestión contra la inseguridad ciudadana, sino también sindicado por presuntos delitos en un caso que salpica a la presidenta Dina Boluarte. Mientras el Ejecutivo defiende la permanencia del funcionario en el gabinete, las autoridades judiciales realizan pesquisas y evalúan impedirle salir del país.
Desaprobado por gran parte de la ciudadanía, investigado por varios delitos y con una orden de no salir del país a deliberarse en el Poder Judicial. Esta es la situación de Juan José Santiváñez, quien en Perú es el actual ministro del Interior; sector encargado de combatir la delincuencia y asegurar el orden público. Pese a los cuestionamientos en su contra e incluso después de que la Fiscalía allanara la vivienda del funcionario, el Gobierno de la nación suramericana ha cerrado filas para proteger su permanencia en el cargo.
“Pueden allanar la casa de todos los ministros si quieren, pueden allanar el despacho de todos los ministros si así dispone la Fiscalía, que está jugando en pared con esta mala prensa para dar un golpe de Estado blanco”, cuestionó la presidenta Dina Boluarte en un acto público tras conocerse las diligencias en el inmueble de Santiváñez.
Para este 14 de marzo está programada la audiencia en la que un juez decidirá, a pedido de la Fiscalía, si le restringe temporalmente al titular del Interior cualquier viaje futuro al extranjero.
Implicado en una investigación a la presidenta Boluarte
Las pesquisas de la Fiscalía contra Santiváñez se remontan al año pasado y tienen relación con la fuga de Vladimir Cerrón, el líder del partido Perú Libre, la misma agrupación política que llevó al poder a Pedro Castillo [destituido expresidente] y Dina Boluarte [actual presidenta] en 2021. Cerrón fue condenado en octubre de 2023 por hechos de corrupción vinculados con una obra de 2014, cuando era gobernador de la región peruana de Junín. Desde que fue dictada la sentencia, su paradero es desconocido.
En mayo de 2024, Juan José Santiváñez juró al cargo de ministro del Interior y prometió apresar a Cerrón. Pero, pasados los meses, las indagaciones fiscales fueron revelando una presunta colaboración de Santiváñez y de la propia presidenta Boluarte en el ilegal resguardo y la fuga del exgobernador. Inclusive, un capitán de la Policía Nacional presentó un audio donde Santiváñez le habría confiado que se dispuso el auto presidencial de Boluarte –denominado “El Cofre”– para que Cerrón se movilizara y burlara así la orden de captura. Como consecuencia, Santiváñez y Boluarte son investigados por encubrimiento de un prófugo de la Justicia, imputación que ambos han rechazado.
Recientemente, un programa periodístico difundió, además, que el ministro del Interior ya tenía malas prácticas en su hoja de vida como abogado privado. Según el reportaje, emitido por “Cuarto Poder”, Santiváñez gestionaba favores y sobornos a autoridades judiciales para ganar casos que patrocinaba. Tras la emisión, el mismo Santiváñez acudió a los estudios del canal, mostró que ya conocía el guion completo del informe poco antes del vivo y desacreditó las “infamias”.
Al día siguiente de esa accidentada entrevista, la Fiscalía allanó la casa del ministro en el distrito limeño de La Molina por un caso adicional de presunto abuso de autoridad. En el domicilio, las autoridades buscaron elementos sobre una supuesta intención del funcionario de perseguir y controlar a un periodista del medio local digital “La Encerrona”. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, diría después en un medio local que se cumplió con la formalidad pero que el ministro ya habría estado alertado de la diligencia.
Un mensaje político peligroso
Algunos ministros han seguido la línea discursiva de la presidenta Dina Boluarte, que acusa a la Fiscalía de pretender derrocar al Gobierno.
“El gabinete ministerial ha expresado al ministro del Interior [Santiváñez] su solidaridad y su respaldo absoluto. Hacemos votos para que esta persecución política y este golpe [de Estado] blanco, que busca desestabilizar a este gobierno, cesen de inmediato. No podemos tolerar que la justicia se politice de esta manera y que se persiga arteramente a los ministros de este gabinete”, dijo ante la prensa el primer ministro, Gustavo Adrianzén.
El mes anterior, una encuesta a nivel nacional reflejó que el 87% de peruanos desaprueba la gestión y la permanencia de Santiváñez como ministro del Interior. Buena parte de los encuestados dijo percibir un incremento de la criminalidad en las calles.
Cuando fue consultado por los medios, el propio titular del sector ironizó sobre la opinión ciudadana:
“Bueno, mi suegra tampoco me quiere. Yo no trabajo por las encuestas, yo laboro por tratar de brindar mi rol de seguridad al país. Nosotros no trabajamos en el gabinete en base a este tipo de análisis porque son subjetivos", declaró.
En entrevista con France 24, el analista político Gonzalo Banda señaló que conservar a Santiváñez no solo viene desgastando al Gobierno, sino mermando aún más la poca credibilidad en la que han caído las instituciones públicas que son lideradas por políticos. Añadió que el blindaje no hace más que aumentar las sospechas sobre los cargos delictivos atribuidos a la presidenta Boluarte.
“Cuando se tiene un ministro con tanta desaprobación y tantos cuestionamientos, es natural preguntarse por qué la presidenta no prescinde de él. El desgaste es continuo en el Gobierno y chocar con la credibilidad de las instituciones por mantener a un ministro cuestionado es un sacrificio muy alto. Otro aspecto, que no sabemos, es cuál sería la actitud de Santiváñez en caso sea removido y qué tanto sabe de la presidenta en este caso [de Cerrón] y otros en los que ella es investigada”, dijo Banda.
Para la politóloga Paula Távara, la presidenta Dina Boluarte está optando por sobrevivir hacia julio de 2026 [cuando se producirá un cambio de mando] con un discurso fácil y maniqueo, que solo tiene eco entre grupos políticos conservadores o de líderes procesados por la Justicia. Funciona, dice, con partidos de mayoría congresal como Fuerza Popular [de la derechista Keiko Fujimori] y Perú Libre [de izquierda tradicional, liderado por el prófugo Cerrón].
“En política, siempre funciona polarizar y generar la lógica de enemigo. Ella cuestiona a la Fiscalía y la prensa bajo argumentos que otros partidos –sobre todo de derecha y con regular séquito– ya elevan. Decir que el sistema judicial está contaminado de intereses ‘caviares’ o de ‘izquierda progre’ sí le funciona entre estos grupos. Pero la pregunta es –hacia la ciudadanía– ¿quién empatiza con ella realmente? No creo que Boluarte pretenda que ese discurso [de choque institucional] tenga resultados en la población. Creo que sencillamente está comprando tiempo, cumpliendo el pacto con sectores del Congreso que quieren vivir hasta 2026 y luego reposicionarse electoralmente”, comentó Távara a France 24.
Banda sostiene que los actores políticos están subestimando a la ciudadanía y creando el escenario para ser castigados en las urnas o favorecer a ofertas extremistas en 2026. “Cuando se pierde la institucionalidad, el ciudadano deja de confiar y es capaz de tirarse a los brazos de alguien que le prometa que va a incendiar toda esa pradera”, agregó.
Un Congreso que no se decide en censurar a Santiváñez
Desde hace varias semanas, por los pasillos del Parlamento peruano circula una moción de destitución contra el ministro Juan José Santiváñez. Sin embargo, el pedido –promovido por bancadas opositoras de pocos miembros– no ha conseguido las suficientes adhesiones para discutirse y votarse en el pleno. De acuerdo con la regulación parlamentaria, mociones de este tipo requieren, por lo menos, 33 firmas para elevarse a debate. La actual formulación solo tiene 32 y nadie más se ha adherido.
La politóloga Paula Távara enfatizó que en el Congreso no hay una pasividad frente a los cuestionamientos de Santiváñez, sino una actitud de defensa cerrada muy activa. Una de estas muestras la dio el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi, actual presidente de la Comisión de Constitución del Parlamento, cuando criticó la acción fiscal e insinuó que la permanencia de Santiváñez solo depende de la presidenta Boluarte.
“Tenemos, por un lado, una minoría de oposición en el Congreso que viene promoviendo una moción de censura por meses e intentando recabar las firmas sin éxito. Por otro lado, tenemos un conjunto de congresistas miembros de un pacto de gobierno en una actitud muy activa de protección al ministro. No hay una cohesión de criterio ni de control político pese a los evidentes deméritos de Santiváñez para seguir en el cargo”, indicó Távara.
Para el analista político Gonzalo Banda, “lo que estamos viendo es la ruptura de la función de control político”. “Algunos congresistas entienden que remover a Santiváñez seguramente va a debilitar la figura de la presidenta y, con el tiempo, eso va a precipitar la caída del gobierno. Y, en este momento, los partidos políticos no están en condiciones ni tienen el interés de asumir ninguna transición. Entonces, prefieren –con todo el daño que pueda eso significar– mantener un status quo perjudicial para la gestión pública y para lo que venga en el futuro. Ahora, lo que está prevaleciendo es la complacencia abierta ante lo incorrecto o lo desacreditado, y ese es un precedente nefasto para el país”, puntualizó.
Esta semana, el criticado ministro del Interior volvió a Perú desde Bélgica, luego de un viaje de varios días en Bélgica para un evento de la Unión Europea sobre seguridad. Su llegada al aeropuerto de Lima no había sido informada por su despacho a los medios, pero el funcionario fue recibido por un grupo pequeño de ciudadanos que decían apoyar su gestión.
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