El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este domingo la llegada de 238 presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, quienes fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad CECOT. La deportación, ejecutada por el Gobierno de EE. UU., desafía una orden de un juez federal que suspendió temporalmente las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Venezuela acusó a EE.UU. de criminalizar a los migrantes.
Parece que las promesas de campaña valen más que las decisiones de jueces federales para el presidente estadounidense Donald Trump . Antes de ganar las elecciones presidenciales, el republicano había advertido que usaría la atesorada Ley de Enemigos Extranjeros para cumplir con su promesa de deportaciones masivas de inmigrantes irregulares.
Este domingo, bajo el uso de esta ley e ignorando la decisión de un juez federal que restringía temporalmente cualquier deportación con el argumento de "Enemigos Extranjeros", el secretario de Estado de Estados Unidos , Marco Rubio , anunció la deportación de centenares de presuntos miembros de la organización criminal transnacional Tren de Aragua a través de sus redes sociales .
“Gracias por su ayuda y su amistad, Presidente Bukele”, escribió Rubio en su cuenta de X haciendo referencia a la llegada de los deportados, en su mayoría ciudadanos venezolanos, a El Salvador.
Previamente el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunciaba también en X el arribo de los primeros 238 deportados.
“Hoy llegaron a nuestro país los primeros 238 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua . Fueron trasladados inmediatamente al CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo , por un período de un año (renovable). Estados Unidos pagará una cuota muy baja por ellos, pero alta para nosotros”.
“Una cuota alta para nosotros”, dijo Bukele. Y es que Estados Unidos acordó pagar 6 millones de dólares a El Salvador para encarcelar durante un año a 300 presuntos miembros del Tren de Aragua deportados.
También como parte del acuerdo, Nayib Bukele le pidió a la administración de Donald Trump la deportación de dos cabecillas de la pandilla salvadoreña MS-13 y de 21 salvadoreños detenidos en Estados Unidos para ser juzgados por las autoridades de ese país centroamericano.
El Gobierno venezolano, presidido por Nicolás Maduro , respondió que rechazaba el uso de la ley "anacrónica" estadounidense para deportar a presuntos pandilleros, y afirmó que estigmatiza a los migrantes y viola sus derechos.
El Gobierno estadounidense usa leyes de guerra para deportar inmigrantes irregulares
Las deportaciones masivas son un emblema de la administración de Donald Trump. Sin embargo, en esta ocasión, además de tratarse de venezolanos deportados por Estados Unidos hacia un tercer país, el proceso se justificó bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, que tiene dos siglos de antigüedad y autoriza la detención inmediata de personas extranjeras que el gobierno considere están llevando a cabo una “invasión depredadora” en Estados Unidos.
Esta ley de 1798 nació ante una inminente guerra con Francia y se había usado tres veces en la historia de Estados Unidos, siempre en contextos de conflictos declarados.
Durante la Guerra anglo-estadounidense de 1812, durante la Primera Guerra Mundial y, más recientemente, como una justificación para la reclusión de nacionales alemanes, italianos y japoneses durante la Segunda Guerra Mundial.
Desde entonces, Estados Unidos no ha estado en guerra directa con ningún otro país, y la Ley de Enemigos Extranjeros quedó atesorada hasta la actual administración de Donald Trump.
La Constitución de Estados Unidos es clara en estipular que un presidente puede invocar esta ley únicamente si el país está en guerra con otro, o una nación o gobierno extranjero ha invadido o amenazado con invadir a Estados Unidos. Para Trump, esta última premisa se cumpliría.
El sábado, el presidente estadounidense declaró a los miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua como enemigos extranjeros que están "perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio de los Estados Unidos".
"Todos los ciudadanos venezolanos de 14 años de edad o más que sean miembros del Tren de Aragua, que se encuentren en los Estados Unidos y no estén naturalizados ni sean residentes legales permanentes están sujetos a ser detenidos, restringidos, asegurados y deportados como Enemigos Extranjeros", añadió Trump.
Desde que en febrero la Casa Blanca decretó al Tren de Aragua, al Cártel de Sinaloa, y a otros seis grupos criminales como organizaciones terroristas globales, Estados Unidos equiparó la lucha contra el narcotráfico a la guerra contra el terrorismo.
Desacato al bloqueo temporal del uso de la Ley de Enemigos Extranjeros
El sábado, y como si previera la deportación que ocurriría horas después, el juez federal en Washington D. C., James Boasberg, emitió una orden de restricción temporal por 14 días de la Ley de Enemigos Extranjeros.
Boasberg afirmó que la ley "no fundamenta la proclamación del presidente, dado que los términos invasión e incursión depredadora se refieren en realidad a actos hostiles perpetrados por cualquier nación y comparables a una guerra".
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La Casa Blanca no respondió de inmediato a la decisión del juez federal, pero documentos judiciales indican que el gobierno ha apelado la primera orden de restricción temporal de Boasberg.
Este desacato de la administración Trump a un juez federal no es el primero y, según expertos en la materia, no supone una crisis constitucional toda vez que no es una decisión del máximo tribunal de justicia estadounidense: la Corte Suprema, cuyos magistrados son de tendencia conservadora.
Desde la Casa Blanca parece haber cierta voluntad de controlar el poder judicial, según declaraciones en febrero del vicepresidente JD Vance en su cuenta de X.
“Si un juez intentara decirle a un general cómo conducir una operación militar, eso sería ilegal. Si un juez intentara ordenar al fiscal general cómo usar su discreción como fiscal, eso también sería ilegal. Los jueces no pueden controlar el poder legítimo del ejecutivo”, escribió JD Vance.
Estos comentarios del vicepresidente ocurrieron después de que el juez federal John McConnell Jr. ordenó al gobierno que pusiera fin de inmediato a cualquier suspensión de la financiación federal.
Los jueces federales como McConnell y Boasberg tienen la facultad de imponer multas y declarar en desacato a quienes no cumplan sus órdenes. Sin embargo, según los expertos, esto generalmente se considera una aplicación ineficaz. La administración Trump ha estado inmersa en luchas legales en los tribunales inferiores, que aún no han dado resultados.
Con Reuters, AP y medios locales
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