El Gobierno de Donald Trump solicitó este viernes 28 de marzo autorización para llevar a cabo más deportaciones de personas a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma que solo había sido utilizado desde tiempos de guerra. Mientras, el Gobierno venezolano confirmó la llegada de por lo menos 178 migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos.
Este viernes 28 de marzo, la Administración de Donald Trump solicitó a la Corte Suprema estadounidense permiso para continuar deportando a personas —que afirma son pertenecientes a la banda de crimen transnacional Tren de Aragua— a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma que no había sido invocada desde la Segunda Guerra Mundial.
La petición ocurre luego de que otra solicitud del Gobierno republicano fuera rechazada por el tribunal de apelaciones de Washington: por una votación de 2 a 1, los jueces decidieron mantener activa una orden que prohíbe temporalmente las deportaciones de personas por la ley invocada por Trump.
El Departamento de Justicia estadounidense ha dicho que los tribunales judiciales no deberían “interferir en negociaciones diplomáticas delicadas”, mientras que sostiene, en cambio, que los señalados deberían presentar sus respectivos casos ante un tribunal federal en el estado de Texas, donde se encuentran detenidos.
En la actualidad, las deportaciones al país centroamericano son bloqueadas por una orden emitida por el juez federal de distrito, James Boasberg, principal magistrado del tribunal de Washington.
Al menos 200 ciudadanos venezolanos fueron enviados por el Gobierno de Donald Trump a la cárcel de máxima seguridad salvadoreña Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) al invocar la ley no usada desde tiempos de guerra y luego de que el Tren de Aragua fuera considerado oficialmente como una fuerza invasora para Estados Unidos.
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El envío de estas personas se llevó a cabo a pesar de que Boasberg impusiera una suspensión temporal de las deportaciones y ordenara el regreso de los aviones repletos de ciudadanos venezolanos a Estados Unidos, algo que no pasó.
Todo esto ha desencadenado una batalla judicial.
Por un lado, el juez federal se ha comprometido a determinar si el Gobierno ignoró su orden de regresar a las personas deportadas, mientras que la Administración republicana ha invocado el “privilegio de secreto de Estado” y se ha negado a proporcionarle al magistrado los detalles de las deportaciones, puesto que nunca se comprobó que los migrantes fueran miembros de la pandilla o criminales.
Por consiguiente, Trump y sus aliados han pedido el impeachment de Boasberg, a lo que respondió el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, quien dijo que este mecanismo "no es una respuesta adecuada al desacuerdo sobre una decisión judicial".
Mientras, la procuradora general interina, Sarah Harris, ha defendido la decisión del magnate republicano: “Aquí, las órdenes del tribunal de distrito han rechazado las decisiones del presidente sobre cómo proteger a la nación contra organizaciones terroristas extranjeras y corren el riesgo de tener efectos debilitantes para las delicadas negociaciones extranjeras”.
¿“Uso ilegal” de la Ley de Enemigos extranjeros?
Mientras continúa la disputa judicial, los abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentaron una demanda en nombre de cinco ciudadanos venezolanos que se encontraban detenidos en Texas.
El abogado principal que representa a los migrantes, Lee Gelernt, ha instado al Supremo estadounidense a “a que mantenga el statu quo para que los tribunales tengan tiempo de atender este caso” y así lograr que “más personas no sean enviadas a una prisión extranjera de mala reputación sin proceso alguno, basándose en un uso ilegal y sin precedentes de una autoridad en tiempos de guerra”.
Este cruce de declaraciones entre la Casa Blanca y los tribunales federales ha puesto en un punto álgido a los poderes estadounidenses.
Boasberg ha dicho que las personas que enfrenten deportaciones deben tener la oportunidad de impugnar su decisión como presuntos pandilleros. En su fallo también aseguró que “existe un fuerte interés público en prevenir la deportación de personas basadas en categorías que no tienen derecho a impugnar”.
Por lo pronto, la suspensión temporal de las deportaciones impuesta por este juez expirará este sábado.
Sin embargo, la ACLU ha pedido su extensión hasta el 12 de abril, mientras que lucha por una pausa más extensa de las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
178 migrantes deportados de EE. UU. llegan a Venezuela
En paralelo, una aeronave con 178 migrantes venezolanos proveniente de Estados Unidos aterrizó este viernes en Venezuela. Se trata del segundo grupo de ciudadanos del país latinoamericano repatriado tras la reanudación de este tipo de vuelos, anunciada el pasado fin de semana por el Gobierno de Nicolás Maduro.
El avión, de la aerolínea estatal Conviasa, llegó al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en donde era esperado por el ministro del Interior, Diosdado Cabello, recibió a los repatriados.
"Este vuelo trae 178 de los compatriotas que han sido en los Estados Unidos, primero, perseguidos, que han sido en los Estados Unidos estigmatizados", afirmó Cabello.
En paralelo, el funcionario venezolano hizo énfasis en que el Gobierno de Trump mantiene, junto a la Administración salvadoreña de Nayib Bukele, "secuestrado a un lote de venezolanos" en el país centroamericano, con relación al grupo de deportados mencionado anteriormente.
"Nosotros seguimos exigiendo la libertad de esos compatriotas que están allá en El Salvador", subrayó Cabello.
Para él, “hasta el día de hoy” la Administración de Nicolás Maduro no ha recibido "ni una sola persona perteneciente al Tren de Aragua".
Con AP y EFE
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