Los legisladores británicos dieron su aprobación inicial este martes 1 de julio a los planes del primer ministro Keir Starmer para recortar las prestaciones por discapacidad. La decisión llega después de que una rebelión en su Partido Laborista obligara al Gobierno a abandonar una reforma clave, al menos por ahora.
Los legisladores emitieron 335 votos a favor frente a 260 en contra de las reformas para cambiar algunas normas que rigen la solicitud de ciertas prestaciones por discapacidad y enfermedad en Reino Unido.
Un año después de obtener una de las mayorías parlamentarias más amplias de la historia británica, el primer ministro, Keir Starmer, ha visto desplomarse su popularidad y se ha visto obligado a dar marcha atrás en varias políticas por la creciente rebeldía de sus legisladores.
"La reforma de la asistencia social, siendo sinceros, nunca es fácil, sobre todo para los gobiernos laboristas", declaró al parlamento la ministra de Trabajo y Pensiones, Liz Kendall.
Starmer asumió el cargo el año pasado con la promesa de que su amplia mayoría parlamentaria pondría fin al caos político que definió gran parte de los 14 años de gobierno del Partido Conservador.
Sin embargo, la revuelta en torno a la ley de asistencia social pone de relieve la dificultad que el premier tiene para impulsar decisiones impopulares.
El Gobierno esperaba inicialmente ahorrar 5.000 millones de libras (6.900 millones de dólares) al año para 2030, endureciendo las normas para que las personas reciban prestaciones por discapacidad y enfermedad.
No obstante, tras ceder a la presión de sus legisladores, el Gobierno declaró que las nuevas normas se aplicarían únicamente a los futuros solicitantes, no a los millones de solicitantes existentes, como se había propuesto. Los analistas estiman que el ahorro probablemente se acercaría a los 2.000 millones de libras.
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Rebelión contra la reforma de la asistencia social
Reformar el creciente sistema de asistencia social británico —y reducir su coste— es una promesa clave de Starmer, pero un intento de recortar las prestaciones por discapacidad causó consternación entre los legisladores laboristas.
Muchos se opusieron a los planes de aumentar el umbral para los pagos exigiendo una discapacidad física o mental más grave, una medida que, según el Instituto de Estudios Fiscales, recortaría los ingresos de 3,2 millones de personas para 2030.
Después de que más de 120 legisladores laboristas anunciaran su voto en contra del proyecto de ley —más que suficiente para derrotarlo—, el gobierno ofreció concesiones, incluyendo la garantía de que ninguna persona que actualmente recibe prestaciones se verá afectada por el cambio.
Pero mientras algunos rebeldes cedieron, otros mantuvieron su oposición, lo que obligó al gobierno a ofrecer una nueva concesión menos de dos horas antes de la votación del martes por la noche. Los ministros prometieron que los cambios en las prestaciones no se implementarían hasta después de una revisión, realizada con la ayuda de grupos de personas con discapacidad.
Esto ocurrió después de que varios legisladores laboristas se manifestaran en contra del proyecto de ley en el Parlamento.
En vísperas de la votación, ministros y figuras clave de la bancada, conocidos como "líderes del partido", se vieron envueltos en una frenética y desesperada presión de último minuto ante los diputados indecisos para intentar obtener su apoyo.
En otra concesión de última hora a los rebeldes durante un debate sobre los cambios, el Gobierno se retractó de la implementación de normas de elegibilidad más estrictas para una prestación clave hasta que se completara una revisión del sistema de bienestar social.
Rachael Maskell, una de las principales opositoras de la medida afirmó que los recortes "pertenecen a otra época y a otro partido".
Debbie Abrahams, presidenta del comité de trabajo y pensiones, calificó los planes de "desastre".
Por su parte, Paula Barker, otra miembro laborista del Parlamento, calificó el intento de aprobar los planes como "el espectáculo más poco edificante que he visto jamás".
Con Reuters y AP
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