En su "denuncia" contra España por "incumplimiento del derecho de la Unión Europea", fechada este martes 21 de julio y dirigida a la secretaría general de la Comisión Europea, el expresidente regional de Cataluña Carles Puigdemont, pide abrir contra España "el procedimiento de infracción previsto" en el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la UE, por el "incumplimiento" de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avala la ley de amnistía en el país.
El TJUE consideró el 16 de julio que la controvertida ley española que concede amnistía a los implicados en el movimiento separatista de Cataluña no viola las normas de la Unión Europea, lo que supuso un respaldo para el Gobierno español y sus aliados catalanes.
La amnistía, aprobada por el Parlamento español en 2024, formaba parte de un acuerdo entre el gobernante Partido Socialista y los grupos separatistas catalanes que permitió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantenerse en el poder en 2023. La oposición conservadora realizó varios intentos infructuosos para bloquearla.
El escrito de la defensa de este martes, que no solo representa a Puigdemont sino también a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, dice que el Tribunal de Cuentas de España "difundió una nota de prensa oficial que tergiversa el sentido del fallo" del TJUE al abrir un periodo de alegaciones.
El "efecto combinado" de lo que determinó el Tribunal de Cuentas, señala el texto de la defensa de Puigdemont, Comín y Puig, es la "inaplicación de la sentencia" del TJUE, ya que "se reabre una fase probatoria que el marco procesal declarado conforme prohíbe, se suspende 'sine die' el plazo perentorio de dos meses" de la ley de amnistía y se mantienen, entretanto, "medidas cautelares que gravan a los denunciantes en más de 9,5 millones de euros".
"El incumplimiento deliberado de una sentencia del Tribunal de Justicia por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, acompañado de su tergiversación pública mediante una nota de prensa oficial, afecta al valor del Estado de derecho en que la Unión se fundamenta", subraya el texto.
La UE dio su aval a la amnistía
El 16 de julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio a conocer su esperada sentencia sobre la ley de amnistía española y la ratificó al considerar que no es contraria al derecho europeo.
El tribunal consideró que dicha iniciativa "tiene por objeto reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación".
Al revisar otras de las cuestiones de los implicados: el de malversación –Puigdemont y miembros de su entonces gobierno fueron acusados de haber usado más de 1,5 millones de euros de fondos públicos para organizar el referendo de independencia de 2017–el tribunal con sede en Luxemburgo señaló que no va en contra de los intereses financieros del bloque comunitario.
"No puede considerarse que los intereses financieros de la Unión se vean afectados por la mera disminución de la renta nacional bruta que podría potencialmente derivarse de la secesión de una parte del territorio nacional", describió la sentencia.
Por otra parte, sobre la cuestión de los delitos de terrorismo– acusaciones asociadas a las manifestaciones organizadas posteriormente en 2019 –el TJUE determinó que la ley de amnistía es plenamente compatible con el derecho de la UE en materia antiterrorista.
“La ley española de amnistía no menoscaba el efecto útil de la directiva relativa a la lucha contra el terrorismo (…) puesto que se limita a establecer con posterioridad que no serán perseguidos los delitos terroristas cometidos exclusivamente en el contexto específico del movimiento independentista catalán, a excepción de los que hayan causado intencionalmente graves violaciones de los derechos humanos”, explicaron los jueces.
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¿Qué pasa ahora?
El portal español 'Demócrata', especializado en información legislativa, explica que inicialmente la Comisión Europea hará un examen y si concluye que existen motivos para ello, "podría abrir un procedimiento de infracción contra España por un eventual incumplimiento de las obligaciones derivadas del Derecho comunitario".
Ese procedimiento, que no se ve muy viable, "comenzaría con el envío de una carta de emplazamiento, mediante la que la Comisión solicitaría explicaciones al Estado español y le concedería un plazo para presentar sus alegaciones".
¿Qué contiene la ley de amnistía?
El Congreso español aprobó en 2024 la ley de amnistía para los condenados, procesados o investigados por el 'procés'. Es decir, todo el proceso que intentó la independencia de Cataluña y que comprende desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 13 de noviembre de 2023, incluida la realización del referendo de secesión, no autorizado por Madrid, el cual tuvo lugar el 1 de octubre de 2017.
El referendo, así como la declaración unilateral de independencia de Cataluña que lo siguió, habían sido anulados por el Tribunal Constitucional español y sus organizadores habían sido perseguidos por delitos de sedición, rebelión, malversación y desobediencia.
Nueve líderes independentistas catalanes, incluido Oriol Junqueras, habían sido condenados a prisión en 2019, mientras que el expresidente catalán, Carles Puigdemont, huyó a Bélgica.
La Ley de Amnistía, impulsada por el actual Gobierno y los independentistas catalanes – una alianza que permitió a Pedro Sánchez obtener el respaldo necesario en el Congreso para un segundo mandato– benefició a cientos de personas.
Tribunales españoles acudieron a la Justicia europea, acusando a los líderes independentistas de violar el derecho europeo, en un intento de impedir la aplicación de esa ley.
Pero la respuesta conocida el 16 de julio marcó un giro en la respuesta que esperaban esas cortes.
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Con EFE
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