El comienzo del juicio está previsto para marzo, pero podría retrasarse por la impugnación de un coacusado. La Fiscalía le imputa a Castillo la comisión de tres delitos y ha pedido 34 años de cárcel en su contra. El exmandatario está arrestado desde diciembre de 2022 luego de que pretendiera cerrar el Congreso, intervenir el sistema de Justicia y gobernar por decretos ley.
Otro exmandatario procesado judicialmente. Han pasado poco más de dos años desde que Pedro Castillo precipitó el fin de su breve gobierno en Perú tras liderar un fallido golpe de Estado en ese país.
Los hechos, que llevaron a su arresto y acusación, serán evaluados formalmente por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en un juicio que debiera iniciar el 4 de marzo si no fuera por el recurso dilatorio de un coacusado.
Una vez en el banquillo, Castillo se juega un futuro de 34 años en prisión por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
Por este caso también han sido acusados por la Fiscalía peruana los exministros Betssy Chávez y Willy Huerta, el exasesor Aníbal Torres y tres miembros de la Policía Nacional que cumplían funciones de jefatura en unidades clave.
Al momento del frustrado golpe, Chávez era primera ministra y Huerta, titular del sector Interior. Torres, quien había antecedido a Chávez en el Consejo de Ministros, servía como jefe de asesores de ese mismo despacho. Para los dos primeros exfuncionarios el Ministerio Público requiere 25 años de prisión, mientras que para Torres exige 15.
Castillo está detenido desde el 7 de diciembre de 2022, día en que comunicó por cadena nacional la pretensión de dar un cuartelazo.
El inconstitucional anuncio de Castillo –en cuya redacción habrían participado Chávez y Torres– no recibió el respaldo de las Fuerzas Armadas y, por el contrario, causó que el Congreso lo destituyera de la presidencia a las pocas horas.
ArchivoPedro Castillo es destituido y detenido tras ordenar la disolución del Congreso de Perú
Luego, la policía lo detuvo en su camino hacia la embajada de México en Lima, donde habría buscado un eventual asilo político.
Alta probabilidad de condena
El expresidente ha recurrido sin éxito a diversas herramientas legales para que se desestimen las acusaciones, se le restituya su libertad o se le varíe el estatus carcelario con restricciones menores.
Como informó el diario local 'El Comercio', detrás de la defensa de Castillo Terrones han desfilado hasta la fecha 28 abogados, de los cuales ninguno ha logrado revertir el camino hacia un juicio.
La investigación por el golpe de Estado de Castillo culminó en diciembre de 2023. Para el mes siguiente, en 2024, el Ministerio Público formuló los cargos que hoy, a inicios de 2025, serán analizados en sede judicial.
En estas jornadas participarán tanto los acusados como sus abogados y cerca de 40 testigos.
Sobre Castillo y sus seis presuntos cómplices se solicita, además, el pago de una reparación civil conjunta de 64,4 millones de soles (unos USD 17 millones) en favor del Estado peruano.
En entrevista con France 24, especialistas consideraron inminente una condena contra Castillo, al menos, por el delito de rebelión. Según el Código Penal peruano, alzarse en armas para variar la forma de gobierno o modificar el régimen constitucional es un acto que se castiga con hasta 20 años de prisión.
“El delito de rebelión, si es que la Corte lo considera acreditado, subsumiría el de abuso de autoridad y el de grave perturbación a la tranquilidad pública. Desde mi punto de vista, los hechos (del golpe) sí constituyen delito, pero no constituyen todos los delitos que han sido objeto del requerimiento acusatorio (por parte de la Fiscalía). Es posible que la Fiscalía haya presentado acusación por esos otros dos delitos para asegurar una sentencia si es que el juez descarta el de rebelión”, estima el abogado penalista Ricardo Elías.
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El también penalista Carlos Caro coincide en que el cargo principal contra Castillo Terrones es el de rebelión. Además, resalta que –durante todo su tiempo como investigado– el exmandatario ha fallado en deslindar de esa responsabilidad y que sus abogados no han logrado desafiar la tesis fiscal.
“Sobre el delito de rebelión no hay mucha discusión, dado que la propia Corte Suprema confirmó la prisión preventiva. El expresidente incluso interpuso varios hábeas corpus a nivel del Tribunal Constitucional. En casi todos, alegó atipicidad: que, supuestamente, ‘no hay delito porque no hubo ningún tiro o muerto ni revuelta’, que ‘todo quedó en ideación o palabras (en el discurso televisado)’.Esos argumentos no le ha funcionado, como tampoco el de que presuntamente fue manipulado por terceros [para dar el golpe de Estado]. Ahí no tiene mayor defensa. La probabilidad de condena es bien alta”, dice Caro.
Posible demora para el arranque del juicio
El exministro del Interior, Willy Huerta, es el único de los acusados en el proceso por el fallido golpe de Estado que ha impugnado el requerimiento de juicio ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.
El exfuncionario se ha amparado en una modificación procesal que el Congreso peruano aprobó el año pasado. La reforma permite que un acusado cuestione un requerimiento de juicio. Por tanto, la apertura de esta etapa podría no realizarse el 4 de marzo. El propio abogado de Huerta lo requerirá así en esa fecha si es que la apelación no se resuelve antes.
“Con la modificación del Congreso, ahora se puede apelar el auto de enjuiciamiento al señalar que los hechos que se le atribuyen al acusado no son claros. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el Congreso no ha establecido cuál es la consecuencia de esa apelación. Es decir, si la apelación suspende el trámite del proceso o no. Lo lógico sería que se suspenda el inicio del juicio hasta resolver la apelación y eso ya lo hemos visto aplicado en otros casos recientemente”, explica el penalista Ricardo Elías.
No obstante, los expertos indicaron a este medio que la apelación de Huerta no prosperaría y que puede resolverse de forma rápida o, como mucho, en un par de meses. Con respecto a la duración del eventual proceso contra Castillo, sostuvieron que los plazos no deberían ser muy extensos para llegar a una sentencia. Esto, porque las pruebas sobre el intento de golpe de Estado son concretas.
En su mensaje de golpe de Estado, Castillo expuso que el Congreso obstruía las políticas del Ejecutivo y buscaba la vacancia o renuncia presidencial “a cualquier precio”. En los meses previos, el Parlamento, de mayoría opositora, había tramitado vacarlo por otros motivos sin lograr los votos. El intento de golpe, sin embargo, fue el que terminó justificando la destitución.
“Es un caso relativamente sencillo porque la línea de los hechos ocupó solo algunas horas. La cantidad de pruebas tampoco es tanta para evaluar. Estamos hablando de unas 100 pruebas y unos 40 testigos. Depende del tribunal darle celeridad, pero se podría calcular que el juicio termine entre seis meses y un año. Debería estar zanjado terminando un año”, comenta Carlos Caro.
Por su parte, Elías apunta que “este juicio no debería tardar más de este año para tener una sentencia en primera instancia” y que “empezando junio, deberíamos tener entre unos seis y ocho meses de audiencias. Las pruebas no son muchas y los hechos son bastante cerrados y concretos”.
El expresidente Castillo tiene órdenes de prisión preventiva acumuladas mientras se lo investiga y procesa. Una de las medidas corresponde al caso del fallido cuartelazo y la otra, a indagaciones de presunta corrupción que aún no concluyen. Con respecto a estas últimas, Castillo es sindicado como parte de una organización criminal.
Según la tesis fiscal, en la presunta mafia de adjudicaciones por obras y sobornos que se habría instaurado durante el gobierno de Castillo participaron funcionarios del Ministerio de Transportes, del sector Vivienda y de la petrolera estatal Petroperú.
El ahora ex ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, está –al igual que Castillo– bajo custodia policial, mientras que el ex titular de Transportes, Juan Silva, lleva dos años y medio prófugo.
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