Tras el anuncio del inicio de huelga de hambre del expresidente de Perú, Pedro Castillo, las autoridades respondieron con medidas disciplinarias, que incluyen el aislamiento y la suspensión de visitas. Además, este 11 de marzo, Castillo reapareció en una audiencia en la que rechazó los cargos que pesan en su contra por presunta rebelión y pidió su excarcelación.
Pedro Castillo, quien fuera presidente de Perú entre 2021 y 2022, fue reprendido por las autoridades penitenciarias de Perú, que le aplicaron medidas disciplinarias, incluido el aislamiento y la privación de visitas.
Tras iniciar una huelga de hambre, el lunes 10 de marzo, como forma de protesta contra el juicio por presunta rebelión en el intento de golpe de Estado de 2022, las autoridades anunciaron medidas punitivas.
“Este acto de indisciplina trae como consecuencia que se haya iniciado un proceso administrativo disciplinario al interno, cuyo resultado será comunicado oportunamente a la opinión pública”, señaló en un comunicado el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
El Instituto Nacional Penitenciario de Perú (INPE) indicó que todo empezó con “la negativa a ingerir alimentos como acto de protesta o rebeldía”, y agregó que dicha actitud “constituye una falta disciplinaria grave", según el Código de Ejecución Penal.
Asimismo, el INPE enfatizó que las medidas se aplican cumpliendo “el respeto por los derechos humanos de todos los internos ponderando el orden en los establecimientos penitenciarios en todo el país”.
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Castillo reaparece en audiencia y pide ser excarcelado
El juicio contra Castillo inició la semana pasada y este martes 11 de marzo el exmandatario reapareció en una audiencia de apelación, de manera virtual, contra la prisión preventiva que cumple. Castillo declaró que no ha cometido ningún delito de rebelión por el que fue destituido.
El exmandatario pidió al magistrado que se revierta su detención efectiva, al considerar que no es un peligro para la sociedad y que ha demostrado los arraigos necesarios, por lo que pidió ser excarcelado y que se le aplique la vigilancia electrónica.
"¿Qué peligro podría generar en la sociedad? Soy presidente electo en el país", expresó el exgobernante.
El ex jefe de Estado enfrenta un pedido de la Fiscalía de 34 años de cárcel por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
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“Recluido injustamente”
El exmandatario dejó claro que su encarcelamiento se produjo por actos "que nunca cometió" y denunció que el tribunal que lo procesa, "con una jueza que ha adelantado opinión", ha forzado el delito de rebelión para acusarlo y condenarlo. Por ello, su conclusión es que está “recluido injustamente”.
Uno de sus abogados, Walter Ayala, afirmó que su cliente reclama que se cambie al tribunal que lo procesa, a pesar de que la sala ya rechazó la recusación contra una de sus magistradas. También criticó que Castillo sea procesado por rebelión porque, según aseguró, el intento de golpe de Estado no se concretó y no hubo un alzamiento de armas, ya que no contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Por ello, Castillo no ve legítimo que se le juzgue y se negó a acreditar a su abogado defensor, señalando que no puede someterse a un juicio donde “todo parece estar confinado”, remarcó.
Para él, su situación es la de “estar secuestrado en el penal de Barbadillo” y calificó el proceso de “pantomima”.
Al no designar a un defensor para el juicio, el juez le asignó a un abogado de oficio.
Castillo permanece en la cárcel desde el 7 de diciembre de 2022, cuando anunció la disolución del Congreso, algo que fue solo “un discurso político”, sostiene.
Pero, tras el mensaje, el entonces máximo mandatario de Perú ordenó cerrar el Parlamento, intervenir el sistema de Justicia y gobernar mediante decretos de ley. Por lo tanto, el entonces presidente fue detenido y llevado a prisión.
Tras su detención, el Congreso declaró la vacancia presidencial y nombró como mandataria a la entonces vicepresidenta Dina Boluarte, según la sucesión contemplada en la Constitución.
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Con EFE y medios locales
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