La turística provincia de Bocas del Toro, en el norte de Panamá, completa sus primeras horas sin algunas garantías constitucionales para su población en medio del estado de urgencia decretado por el gobierno central de José Raúl Mulino. Este sábado, Bocas del Toro amaneció sin servicio de telecomunicaciones. Al menos 140 personas han sido detenidas en medio de un estallido social en contra de una reforma a la seguridad social, que empezó desde finales de abril.
Sin internet y bajo estado de urgencia continúan las protestas y los disturbios en la provincia Bocas del Toro, importante zona bananera del norte de Panamá, mayormente insular y reconocida por su industria turística.
Horas después de decretar la suspensión de algunas garantías constitucionales como la libertad de tránsito, reunión, expresión y permitiendo detenciones arbitrarias sin orden judicial, los servicios de internet comenzaron a interrumpirse en la provincia, según pudo comprobar la agencia de noticias EFE.
El estado de urgencia con suspensión de los derechos mencionados en Bocas del Toro estará en vigor durante cinco días.
"Ante la alteración del orden y los actos de violencia sistemática, el Estado hará cumplir su mandato constitucional de garantizar la paz", dijo Juan Carlos Orillac, ministro de la Presidencia.
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Una medida extraordinaria de la Presidencia de Panamá que llega horas después de que personas saquearan negocios y oficinas gubernamentales, tras más de dos meses de protestas y bloqueos de carreteras por la reforma a la Caja de Seguro Social (CSS) a través de la Ley 462.
Situación de orden público durante las primeras horas del “estado de urgencia” en Bocas del Toro
Según reportes oficiales del Ministerio de Seguridad Pública, los actos de vandalismo han afectado tanto a propiedades privadas como a instalaciones de instituciones estatales.
El reporte oficial también detalla que 140 personas han sido detenidas durante los disturbios. Entre ellas, 14 mujeres, 115 hombres y 11 menores de edad.
Además, el ministerio y la Policía Nacional informaron este sábado que agentes de las Fuerzas Especiales de la Fuerza Pública retomaron el control del aeropuerto Manuel Niño de Changuinola, la ciudad más grande de la provincia Bocas del Toro y un importante centro bananero.
La acción se produjo luego de que varios grupos vandalizaron la infraestructura del aeropuerto.
Por su parte, la Aeronáutica Civil rechazó —en un comunicado— cualquier acto que "atente contra las instalaciones públicas y las infraestructuras aeronáuticas, las cuales brindan un servicio esencial a la ciudadanía".
La 'Operación Omega'
La Policía de Panamá comenzó a aumentar paulatinamente su pie de fuerza a más de 1.900 efectivos para intentar restablecer el orden en la provincia de Bocas del Toro.
El viceministro de Seguridad, Luis Felipe Icaza, dijo en rueda de prensa que el fin de semana pasado la denominada 'Operación Omega', para recuperar el control de la provincia caribeña, contaba con 1.553 policías.
Las autoridades también señalaron que 13 policías han resultado heridos durante las intervenciones para despejar vías que han sido obstaculizadas por manifestantes.
Hasta el momento, una persona ha muerto en el contexto de las manifestaciones.
El viceministro de Seguridad, Luis Felipe Icaza, informó en una conferencia de prensa que, tras dispersar una protesta con gases lacrimógenos el pasado martes 17 de junio, la Policía "dio con el hallazgo de un ciudadano que se encontraba tirado en la vía" con "una herida en la espalda".
Según el funcionario, el herido fue atendido por paramédicos y trasladado al hospital, donde se dictaminó "su deceso".
El estado de urgencia fortalece a la 'Operación Omega', que ya lleva días en curso.
El subdirector de la Policía Nacional, Jorge Domínguez, denunció que han tenido dificultades en la zona cuando "delincuentes huyen" y "se esconden en las residencias de las personas de bien, quienes se ven imposibilitados por temor a denunciarlos y que por razones de derecho no podían intervenir".
“Ahora vamos a ser más eficientes y efectivos, vamos a poder entrar más directamente a donde debamos, sin limitaciones en ese sentido, obviamente respetando los derechos humanos de las personas”, agregó el subdirector de la Policía Nacional en rueda de prensa el viernes.
Casi dos meses de estallido social en Panamá por reforma a la seguridad social
Las protestas antigubernamentales se extendieron de un extremo a otro del país desde finales de abril debido a la Ley 462, que reforma el sistema de seguridad social y que entrará en vigor desde el 1 de enero de 2026.
Algunos sindicatos de maestros, trabajadores de la construcción y otros sectores rechazaron los cambios y decidieron ir a huelga.
Sin embargo, las protestas se focalizaron en la provincia Bocas del Toro luego de que los trabajadores bananeros decidieron sumarse a la huelga al considerar que la Ley 462 afectaba sus beneficios laborales al modificar la anterior de 2017 que reglamentaba el sector.
Fue entonces cuando comenzaron los fuertes bloqueos de las carreteras que han causado la escasez de insumos básicos en esa provincia dependiente económicamente de la industria bananera y del turismo.
Una multinacional estadounidense en el centro de la crisis política en Panamá
La crisis social se agudizó cuando la empresa multinacional estadounidense dedicada al comercio de plátanos y otros productos agrícolas, Chiquita Brands, decidió a finales de mayo despedir a todos sus trabajadores bananeros que habían participado en la huelga, aproximadamente 5.000 personas.
El gigante bananero, que representa el 90% de la producción de banano en Panamá, reportó pérdidas de al menos 75 millones de dólares a causa de las huelgas extendidas.
La semana pasada entró en vigor una nueva ley especial con mayores beneficios laborales para los trabajadores de las bananeras, después de que los diputados acordaron con los sindicalistas del sector el levantamiento de los bloqueos viales a cambio de la aprobación de la ley.
Sin embargo, otros sectores de la sociedad civil y profesores desconocieron dicho acuerdo e iniciaron nuevas manifestaciones con obstrucciones viales y enfrentamientos.
Gobierno de Mulino defiende contra viento y marea la Ley 462
El Gobierno panameño dice que los cambios que propone la Ley 462 son necesarios para mantener solvente el sistema de seguridad social y señala que las manifestaciones son por ideología política.
"Con esta ley se da un paso importante hacia la sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social en Panamá, asegurando tanto las prestaciones de salud como el futuro de las pensiones para los panameños de hoy y del mañana", afirmó el presidente José Raúl Mulino luego de firmar la Ley 462 el 18 de marzo.
Según el oficialismo, la nueva ley sancionada por el presidente tiene más beneficios que desventajas. Por ejemplo, mantiene la edad de jubilación en 62 años para los hombres y 57 años para las mujeres; y garantiza que no se privatizarán los fondos de la institución.
Con EFE, AP y medios locales
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